¿Restringir la venta de algunos alimentos acabará con la obesidad?

JUAN CARLOS CUADROS G.

Dudas, marchas y contramarchas. La Ley de promoción de la alimentación saludable para niños y adolescentes, sigue dando que hablar. Si bien la norma no rige aún porque todavía no es promulgada por el Ejecutivo, ha recibido duros cuestionamienos de la industria alimentaria, abogados, economistas y empresarios, pues el texto aprobado no define claramente qué es comida chatarra, afecta a los contenidos y horarios de la publicidad de alimentos y el ejercicio de la libre empresa.

REINO DE LA CHATARRA Para empezar, no queda claro a qué se denomina comida chatarra. Para la nutricionista clínica Geraldine Maurer Fossa, son todos aquellos productos ricos en grasas trans o que superan los porcentajes mínimos de sal, azúcar y aditivos industriales.

Según esta definición, serían chatarra las galletas –y si son rellenas, más todavía–, chupetines, caramelos, golosinas, jugos, snacks, panecillos, bizcochos, gaseosas, cremas, helados, conservas, leches chocolatadas, productos precocidos y cereales, entre otros productos envasados que cumplen con esas características.

Solo para que tengamos una idea –dice Maurer–, el 54% de niños y adolescentes en edad escolar consume gaseosas una o más veces a la semana, solo un 23% consume frutas y un 1% come verduras. Y en deporte, apenas si se motiva la práctica en los colegios.

Pero los cuestionamientos van más allá y están referidos a quién controlará que estos productos no se vendan en los colegios o si habrá inspectores municipales o del Indecopi para evitar que los niños compren comida chatarra en los puestos ambulantes.

Según el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar Steiger, esta ley afecta a la industria, pues discrimina a los productos alimenticios procesados. Por eso sugiere que el reglamento que redacte el Ministerio de Salud defina bien en qué situación se encuentran –por ejemplo– el suspiro a la limeña, los chicharrones, el pie de limón o los picarones, la pancita, los anticuchos y las salchipapas.

LIBERTAD DE EMPRESA Tan igual como sucedió con el tabaco, la lucha contra la obesidad en el Perú se está planteando igualmente como un enfrentamiento político social entre el Estado y la empresa privada, entre los que piensan si el Estado debe controlar o regular, proteger o educar.

Un ejemplo es precisamente el de los cigarros. Obligar a las empresas a colocar mensajes en las cajetillas y acompañar los spots publicitarios con temibles advertencias no ha disminuido significativamente el consumo de tabaco, asegura el publicista Carlos Dulanto. Él no cree que replicar el mismo ejemplo en los alimentos envasados o chatarra traerá la solución a la obesidad por sí sola.

Tampoco lo es para el abogado Alonso Morales Costa, especialista en temas de protección al consumidor del Estudio Torres y Torres Lara. “El rol del Estado es regular, pero manteniendo siempre los principios de libertad –como principio humano racional– y de empresa”, dice. Coinciden con él Ivo Gagliuffi, experto en libre competencia, y el economista Enzo Defilippi. “Tal parece que el Estado quiere ahora ser padre de todos y decirnos qué tenemos que hacer y qué no”, afirma este último.

Prohibirle a las personas dormir u obligarlas a hacer más ejercicio y comer sano, vuelve más pobre a la sociedad, aunque la vuelva más productiva (o más rica en términos exclusivamente dinerarios), coincideron en señalar.

EXPERIENCIAS Algunos países han intentado aplicar la misma norma, la mayoría con resultados negativos como fue el caso de Suecia, Noruega y México. En Estados Unidos, solo algunos estados cumplen la ley y estimulan a la gente a que se alimente bien y practique deporte. Otros, en cambio, se enorgullecen de tener hamburguesas y vasos de gaseosa muy grandes, y hasta promueven concursos de glotones.

En Chile, el proyecto de ley –promovido por los abogados de Consumer International– fue debatido durante casi una década, y aunque el texto fue aprobado por el Congreso, el Ejecutivo le formuló una serie de observaciones –algunas referidas sobre todo al tema de la publicidad y la libertad de información–, mediante un veto presidencial.

En el Perú, las cosas van por el mismo camino, con idas y venidas, marchas y contramarchas, posiciones encontradas entre el Legislativo y el Ejecutivo, y un debate público que enciende cada vez más pasiones y genera justos reclamos.

¿A QUIÉN PERJUDICA? El Ministerio de Economía y Finanzas, tras revisar el texto final de la norma, ha concluido a través de sus técnicos que la propuesta acordada es restrictiva y tendría efectos al crear obstáculos innecesarios al comercio internacional de nuestros productos.

Esta es una posición que comparte el presidente del Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alejandro Daly, cuando dice que las empresas exportadoras de alimentos locales se verían seriamente perjudicadas en los mercados extranjeros al contener sus productos grandes advertencias al consumo que los productos de sus competidores internacionales no llevan.

Óscar Sumar y Juan Mendoza, abogado y economista, docentes de la Universidad del Pacífico, coincidieron en el hecho de que al restringirse la publicidad se puede dar lugar a monopolios, pues solo quedarán en pie las empresas económicamente más sólidas, que puedan operar sin publicidad y con productos que tengan alta recordación entre el público.

Difiere de lo anterior el congresista Agustín Molina, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, pues asegura que la Ley de Comida Chatarra solo pone orden en la industria de alimentos y en los negocios de comida rápida.

Precisamente ese orden fue propuesto al inicio de toda esta discusión por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv) y la Asociación de Anunciantes, con la implementación de un semáforo nutricional –que sería aplicado en la etiqueta de los productos comestibles más publicitados– y una autorregulación en los contenidos de la publicidad de alimentos en la televisión y los medios impresos. Ambas iniciativas jamás prosperaron y menos fueron tomadas en cuenta.

Las críticas a la ley seguirán seguramente en los próximos días y algunos congresistas oficialistas saldrán a decir que hay intereses oscuros que quieren dejarla sin efecto. Mientras tanto, haría bien el empresariado en responder a iniciativas legislativas deficientes con mejores propuestas.