Cabezón sobrevivía atado un poste, a pocos metros de la estación La Cultura del tren eléctrico, en San Borja. Una plancha de madera a la que fue atado sostenía la mitad posterior de su cuerpo, destrozada en un accidente. En una situación así, el resultado más frecuente es la muerte, pero el perro –de unos 5 años– fue rescatado por unos jóvenes que lo entregaron al albergue Milagros Perrunos, en Chorrillos.
Nueve años después, Cabezón se moviliza en una silla de ruedas. “Tenía la médula seccionada y fue imposible que volviera a caminar”, relató Sara Morán, administradora del lugar.
En Milagros Perrunos conviven 60 perros, 25 de ellos con algún tipo de discapacidad. Solo en alimentación, el gasto mensual es de S/6.000, los cuales intentan financiar con donaciones, rifas y otras actividades.
En estado crítico
Hace pocos meses, Morán envió a 30 canes a un hogar amigo en Chancay, al norte de Lima. Como muchos hogares para perros en Lima, atraviesan una situación crítica. “De 100 mensajes que recibimos, 95 son para pedir ayuda, no para ayudar. Hemos quitado la dirección de nuestra página”, comentó.
Wasi Wau, en Cieneguilla, cobija a 160 canes y afronta una situación similar. “Estamos al tope y no tenemos ayuda. No podemos hacer más rescates, pero hay casos extremos que no podemos ignorar”, dijo Majo Morales, administradora general de este hogar temporal que también guarda reserva sobre su ubicación exacta.
En Voz Animal Perú, ubicado en Chilca, conviven 100 perros y 30 gatos. “Creo que casi todos pasamos por lo mismo. Nosotros también estamos al límite. Ahora, incluso estamos pagando hogares temporales para 30 animales”, comentó Anaís Anaya, fundadora de este proyecto.
La labor de los albergues culmina cuando los canes encuentran un hogar, pero muchos de ellos –sobre todo los perros ancianos y aquellos que sufren alguna discapacidad– permanecerán ahí para siempre. Sara, Majo y Anaís lo entienden así y siguen adelante, a pesar de los obstáculos.
Los rescatistas son otro eslabón fundamental de esta cadena. Aunque no cuentan con locales para recibir a los animales abandonados, asumen la responsabilidad de estos: cubren los gastos para su mantenimiento y los colocan en hogares temporales mientras trabajan para encontrarles una casa.
“Un rescatista tiene a su cargo entre cuatro y diez animalitos en paralelo. [...] La situación actual es inmanejable”, manifestó Noemí Vargas, de Mike al Rescate.
Sin cifras oficiales
En el Perú no existe un registro nacional –ni siquiera distrital– de perros en situación de abandono, aunque un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Cayetano Heredia en el 2019 estimó que estos eran más de seis millones.
Tampoco se cuenta con información oficial sobre albergues u hogares temporales para animales domésticos. Anaís Anaya calcula que habría al menos 70, aunque no todos trabajan en condiciones óptimas.
Además, a la fecha no se han diseñado políticas públicas para enfrentar una situación concreta y alarmante: millones de perros y gatos viven en las calles en condiciones de riesgo, se reproducen sin ningún tipo de control, y están desprotegidos y expuestos a virus y bacterias que podrían afectarlos a ellos y a otras especies, incluido el ser humano.
En junio del año pasado, se promulgó la Ley Cuatro Patas, que promueve “la esterilización [de perros y gatos] como componente de la política nacional de salud pública”.
Además, encarga a los gobiernos regionales y municipios locales la implementación de “programas, campañas y acciones de esterilización con vocación de permanencia y amplio alcance, que se realizarán a precios humanitarios, priorizando los sectores más vulnerables de la sociedad”.
En Lima, el costo por esterilizar a un perro en una clínica veterinaria que cumple los protocolos necesarios puede ser superior a S/250. Aunque los municipios y organizaciones privadas organizan campañas en las cuales el costo es menor, están no son masivas ni constantes.
Finalmente, un año después de la promulgación de la ley –que recibió respaldo de diversos sectores–, el Ministerio de Salud aún no la ha reglamentado, pese a que el plazo estipulado venció el 20 de julio pasado.
“Estamos en fase de convocatoria de los representantes de las regiones, porque se busca consenso. Este es un tema muy sensible y espinoso”, dijo a El Comercio una fuente del ministerio.
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