Seguridad ciudadana en Lima: Principales propuestas de candidatos distritales ya son funciones municipales o normas vigentes

Las jurisdicciones analizadas por este Diario incluyeron a zonas con mayor vulnerabilidad frente al crimen. Es decir, aquellas que durante el último año tuvieron menos presupuesto per-cápita para orden público, más denuncias por robos o indicadores más altos de victimización. La lista está conformada por Breña, Los Olivos, Independencia, Comas, San Luis, San Juan de Lurigancho, La Victoria, El Agustino, Rímac y Villa María del Triunfo.

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Luego de la revisión de 88 planes de gobierno correspondientes a los partidos que compiten por el sillón municipal en dichos distritos, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio encontró que cinco de las 10 propuestas más frecuentes para afrontar el delito ya están establecidas como funciones municipales o figuran entre las normas vigentes o planes de seguridad ciudadana locales.

Estas incluyen la instalación de cámaras de videovigilancia, la coordinación con las juntas vecinales, la suscripción de convenios con la policía o el Ministerio Público, el patrullaje integrado con la PNP y la contratación de más agentes del serenazgo [ver infografía].

Entre los partidos que más los incluyen en sus planes de gobierno figuran Somos Perú, Perú Libre y Podemos Perú, que a la vez presentan mayor cobertura de candidatos en estos lugares.

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¿Son suficientes las medidas planteadas para frenar la ola de inseguridad en las calles? Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, si bien las coordinaciones ya se abordan en los comités distritales de seguridad ciudadana, queda pendiente establecer su cumplimiento, así como garantizar el financiamiento de las acciones de patrullaje o serenazgo.

“El espacio de coordinación no cuesta nada, pero debe ir de la mano con un plan de trabajo con indicadores que puedan ser monitoreados. La prevención y persecución del delito sí implica gasto; si quiero que se haga efectivo, tengo que ver cómo se financia, no todos los municipios tienen buena recaudación. Si quiero que se haga efectivo tengo que medir cómo piensan financiar este esquema”, explica.

Leonardo Caparrós, exjefe del gabinete de asesores del Mininter y exjefe del INPE, agrega que estas medidas se abordan en cada elección; sin embargo, se hacen de forma muy genérica y sin el detalle necesario.

“Toda son propuestas que se repiten cada cuatro años, algunas a nivel provincial o ministerial. Un valor agregado sería que las cumplan. Esto que se repitan hacen que no hayan madurado y sean muy básicas mientras que las exigencias de la ciudad son mucho más complejas, falta detalle. No hay promesas nuevas, sino el cumplimiento de la norma”, menciona.

Eduardo Pérez-Rocha, exjefe de la Policía Nacional, recuerda que la responsabilidad del alcalde en la seguridad ciudadana con el apoyo de la Policía y la sociedad organizada ya figura en la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, remarca que en los últimos años ha disminuido la frecuencia de las reuniones y elaboración de planes por parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec)

“Las reuniones del Conasec en el reglamento inicial eran mensuales, ahora son trimestrales y dos de ellas son descentralizadas. Los consejos provinciales y distritales han dejado de funcionar. Hasta el 2013, el plan de seguridad ciudadana y lo hacía esta institucional, luego fue quinquenal, del 2013 al 2018, y actualmente tenemos uno del 2019 al 2023. Ahí está lo que tienen que hacer los alcaldes provinciales y distritales, ahí se indica que dentro de los planes cada año debe aumentarse el patrullaje, pero como no se ejecuta ahora casi ha desaparecido”, opina.

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