Inseguridad ciudadana: En los distritos de Lima se cometen 2.350 delitos al día y 100 por hora

Un análisis de las cifras que registra el Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (Datacrim), del INEI que incluye cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP), los Centros de Emergencia Mujer (CEM), el Ministerio Público y el Poder Judicial, realizado por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, revela que solo en Lima Metropolitana se denuncian 470 delitos por día y 20 cada hora.

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Sin embargo, el exviceministro de Seguridad, Ricardo Valdés explica que solo uno de cada cinco delitos son denunciados, por lo que para tener una idea aproximada de lo que está pasando en inseguridad ciudadana se debe multiplicar por cinco el número de denuncias que se realizan en las comisarías. Un subregistro mostraría entonces que en los 43 distritos de Lima Metropolitana se cometen 2.350 delitos al día y 100 cada hora.

En lo que va del año, se han realizado casi 99 mil denuncias en estos distritos. Las denuncias son 20% más de las recibidas en el mismo periodo antes de la pandemia, en el 2019. Solo entre 8 distritos se registra el 50% de las denuncias realizadas hasta agosto.

Los cinco distritos que encabezan el ranking de denuncias por cada 10 mil habitantes son Barranco, Lima, San Bartolo, Lince y Miraflores.

Once distritos registran en promedio más de 1.300 denuncias por comisaría: Santa Anita, San Martín de Porres, Los Olivos, Santiago de Surco, Surquillo, Ate, Jesús María, San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Lince. En total, las comisaría han recibido 152 denuncias al día. El 93% se dieron por delitos contra el patrimonio: robo, hurto agravado, hurto vehicular, robo a mano armada, entre otros.

El análisis también revela que cinco distritos con alertas altas y graves de denuncias solo cuentan con una comisaría: Santa Anita, Surquillo, Jesús María, Pueblo Libre y Lince. Al respecto, Vargas explica que uno de los temas que abandonó el actual gobierno fue continuar con el proceso de reforma de la PNP, cuya cara más visible y cercana a la población son las comisarías. “Están precarizadas en su estructura, pero también en su trato al ciudadano, quien no se siente seguro de ir a denunciar. Por eso el subregistro”, resalta Vargas.

El exministro del Interior Rubén Vargas asegura que las municipalidades tienen que centrarse en las políticas multisectoriales relacionadas a la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante las urgencias que presentan los vecinos. “No sirve de nada tener cámaras de seguridad por todo el distrito si no se cuenta con una estrategia integral y una adecuada capacidad de respuesta. De qué sirve ver el asalto si no podemos auxiliar a la víctima de forma oportuna”, cuestiona.

El también experto en seguridad pone como ejemplo un caso sucedido en La Molina, donde se produjo un asesinato por encargo, que quedó registrado en los videos. Nos obstante, no hubo capacidad de respuesta, de acción, por parte de la municipalidad y la comisaría. “Hay cosas casi de sentido común que los alcaldes deberían saber. Los candidatos también deberían estar enterados de las funciones en materia de seguridad que les corresponde”, sostiene Vargas.

El exviceministro asegura que la realidad es que ni alcaldes ni candidatos tienen idea de la magnitud del problema y mucho menos de las medidas que pueden tomar. Por esa razón, recurren con mucha facilidad al populismo.

Para Valdés es importante que se difunda la necesidad de que el ciudadano se comprometa con la seguridad ciudadana y que cuando sea víctima de un delito se acerque a la comisaría a realizar una denuncia, así considere que no vaya a tener un resultado. “Es importante que el ciudadano entienda que el acercarse a una comisaría es una manera de presionar a las autoridades”, asegura.

Es fundamental que todos los casos sean denunciados, y que no exista un subregistro. Debemos incrementar el número de gente que se acerca a una comisaría a denunciar para poder alimentar la base de datos nacional que nos permita saber a qué hora se produce un delito, dónde se produce, qué tipo de delito es, porque esa información es valiosa para poder establecer un planeamiento estratégico de distribución policial y de intervención a favor de la seguridad”, sostiene.

En ese sentido, el personal policial debe cambiar su estrategia de acercamiento a la población y hacerle sentir al ciudadano que va a tomar en cuenta su denuncia y que va a mejorar su patrullaje sobre la base de la información que recibirá del ciudadano. De esa manera, el comisario va poder saber que en ciertos lugares y a ciertas horas se suele producir cierto tipo de intervención, lo que le permitirá planificar mejor.

Además tiene que haber un rol mucho más activo por parte de la autoridad política. La inseguridad siempre se produce en un territorio, tiene un alcalde, que debe ser parte activa de esta campaña de motivación al ciudadano y debe registrar y monitorear las intervenciones policiales. “Los alcaldes tienen que mejorar su recaudación y mejorar sus niveles de coordinación. Y exigirle a su alcalde provincial que reúna al comité provincial de seguridad ciudadana”, asegura Valdés.

La idea es que poco a poco se vaya construyendo desde lo distrital hacia lo provincial, desde lo provincial hacia lo regional y desde lo regional hacia lo nacional una pirámide virtuosa de exigencia para mejorar los indicadores de seguridad. “En ese marco, el Congreso, representantes también de los ciudadanos, deben poner de su parte para fomentar un mejor nivel de presupuesto y a su vez monitorear el gasto que se hace a favor de la seguridad”, dice el experto.

Por último, se debe fomentar una mayor profesionalización del recurso humano policial, fiscal y judicial, y del personal técnico del sector interior y de los gerentes de seguridad de los municipios para comprender mejor el fenómenos de inseguridad y hacer una mejor gestión d los recursos.

En 24 regiones se incrementó el índice de victimización respecto al año pasado. Aquellas con los números más altos de personas que han denunciado ser víctimas de algún delito son Apurímac, Arequipa, Loreto y Tacna; seguidas por Áncash, San Martín, Moquegua y Cusco. Solo Tumbes y Huánuco redujeron sus cifras, mientras que Madre de Dios las mantuvo.

Para Rubén Vargas hay varios factores que pueden explicar estas cifras. En primer lugar, no hay políticos claras, lo que se traduce en anuncios desordenados y populistas del presidente o de algunos de sus ministros, que se encuentran desconectados entre sí. Por ejemplo, la extensión de rondas campesinas o urbanas para enfrentar el crimen, la captación de todos los jóvenes que no trabajan ni estudian al servicio militar, entre otros. “Son anuncios que no indican una estrategias con objetivos claros, en el que está involucrado el sector interior, la PNP y otros actores importantes. Estamos a la deriva”, advierte.

En segundo lugar, se encuentra la alta rotación de altos funcionarios en los 12 meses que lleva la gestión. El Ministerio del Interior es el que más ministros ha tenido: 7. En ese mismo punto, se encuentra la alta rotación de los mandos de la PNP y la precarización institucional del sector.

En tercer lugar, se encuentra la crisis económica. “Esta también se traduce en el aumento de la criminalidad cotidiana y la criminalidad organizada”, menciona y explica que durante la actual gestión ha habido un incremento de las economías ilegales. “La critica situación de la inseguridad corresponde directamente al gobierno en el que estamos y a la facilitación de las economías ilegales”, asegura.