La mitad de los recursos perdidos por corrupción están relacionados con gestiones de gobiernos regionales y locales
En el 2021, el perjuicio económico estimado por la corrupción e inconducta funcional en el ámbito subnacional fue más de S/13.200 millones, según la contraloría. Es la cifra más alta de los últimos 3 años. Piura y Arequipa registran los mayores montos perdidos.
En los últimos tres años, los problemas de corrupción en los gobiernos subnacionales tuvieron un impacto significativo en las finanzas públicas. En el 2021, el costo ocasionado por este problema sumado a la inconducta funcional de las autoridades regionales y municipales fue estimado en S/13.204 millones, según cálculos de la Contraloría General de la República. Esta cifra es la más alta de los últimos tres años para ambos niveles de gobierno, superando los S/10.478 millones perdidos en el 2020 y los S/9.625 millones proyectados por esta institución en el 2019.
Si bien antes de la pandemia la mayor parte de las pérdidas en este rubro se concentraba en las instituciones del Gobierno Central, en los últimos dos años esta tendencia cambió perjudicando a los gobiernos de menor nivel. El monto asociado al mal manejo en regiones, provincias y distritos representó el 54% de la cifra total que se perdió en el país (S/24.263 millones), una proporción mayor en casi 7 puntos porcentuales comparada con el 2020.
Los departamentos con un mayor monto perdido de acuerdo al reporte fueron Piura, Arequipa y La Libertad. Mientras que en el primero el monto estimado cayó un 5% respecto al 2020, en los otros las pérdidas crecieron en 25% y 48% respectivamente. Le siguen en la lista Puno, Loreto y Áncash. Esta última región alberga las localidades que perciben mayores contribuciones anuales producto del canon minero.
Sin embargo, Puno y Loreto tienen la mayor proporción de pérdidas como porcentaje del presupuesto ejecutado, que en ambos casos alcanzan el 27% y 26%, seguidos de Arequipa y La Libertad, regiones donde uno de cuada cuatro soles ejecutados se perdieron por corrupción e inconducta funcional.
En Lima Metropolitana, durante el 2021 el costo total de este problema superó los S/11.100 millones, cifra que representan el 11% del presupuesto que se ejecuta en todos los niveles de gobierno. En Junín, bastión de Perú Libre, el perjuicio económico estimado para el mismo período fue de S/696 millones, equivalente al 18,6% del presupuesto final ejecutado ese año.
Los hechos relacionados con la corrupción se evidencian con mayor intensidad en los resultados de las operaciones de control efectuadas durante los dos últimos años. La Contraloría informó a inicios de julio que había culminado megaoperativos en 14 regiones del país. Entre éstas figuran Cajamarca, Tumbes, Callao, Ucayali, Áncash, Ica, Piura, Huánuco, La Libertad, Ayacucho, Loreto, Puno, Amazonas y Lambayeque [ver infografía]. En todas las regiones se pudo encontrar perjuicio económico y hechos irregulares durante las actividades de control posterior llevadas a cabo por este organismo. El monto más alto corresponde a Áncash (S/513 millones).
Problema estructural
¿Qué factores están asociados a la ineficiencia y a la falta de integridad de las gestiones en gobiernos regionales y municipios? El analista político Rober Villalva considera que actualmente la principal motivación de los partidos u organizaciones que postulan a cargos públicos ya no es la ideología o doctrina, sino el interés particular de cada candidato.
“Es una característica propia tanto en el Perú como en América Latina. Ahora los partidos políticos han sido desplazados por organizaciones más ‘pragmáticas’, donde prima el interés individual, que es pasajero, circunstancial. Si a los candidatos actuales no les funciona una determinada tienda política para esta campaña electoral, quizás en la próxima no tengan reparo alguno de postular con otra”, explica.
Villalva añade que el desempeño que han tenido las gestiones actuales tendrá una influencia significativa cuando el elector tome una decisión, lo cual podría ser crucial para Perú Libre, el partido de gobierno con una fuerte presencia en regiones y distritos de la zona centro.
“La gente elige a sus representantes en función al nivel de confianza que adquieren. Este proceso no es algo inmediato. Cuando un político llega con denuncias por corrupción o realiza una pésima gestión hace que se distancie de la población y le tenga desconfianza (...) Hay un desgaste político generalizado tras el partido que ingresa a gobernar y el efecto es que terminan desapareciendo independientemente de que lleguen como movimiento regional o partido nacional”, anota.
