Pedro Castillo y el Congreso: los intentos del Ejecutivo para evitar el control político y sus posibles consecuencias

El último jueves, el censurado ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, presentó ante el TC una acción de amparo contra el Congreso para evitar que se declare nula la decisión del Legislativo de retirarlo del cargo. Por tanto, que se deje sin efecto su salida del Ejecutivo.

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De acuerdo con el amparo formulado, la defensa de Alvarado solicita que se deje sin efecto dichos actos administrativos y se “mantenga y/o restablezca (en caso de censura)” la vigencia de la Resolución Suprema que lo designó como titular del MTC. Se agrega como presuntas causales la violación del debido proceso, del derecho al trabajo, participación en la vida política y a la dignidad.

Geiner Alvarado, exministro de Transportes y Comunicaciones

Acción de amparo ante el TC

Que se declare nula y sin efecto legal su censura.

Percy Ipanaqué, abogado de Alvarado, dijo el jueves a TV Perú que con este recurso se busca que, “en el futuro, las acciones que pueda tomar el poder Legislativo más allá de las potestades fiscalizadoras, no se sigan cometiendo abusos. Hay una suerte de búsqueda de censuras, interpelaciones a diestra y siniestra para causar inestabilidad al gobierno de Pedro Castillo”.

Adicionalmente, arguyó que Geiner Alvarado estaría siendo censurado por hechos “falsos” anteriores a las funciones que desempeña. Es decir, cuando fue ministro de Vivienda. “Se pide que a través de sus mociones de censura lo hagan de manera adecuada. Pedimos que se mantenga la vigencia de la resolución por medio del cual se designa a Geiner Alvarado como ministro de Transportes, porque se está vulnerando su derecho”, añadió Ipanaqué al referido medio. Negó que se esté aferrando al cargo y que, en su lugar, considera que se debió conformar una comisión investigadora para indagar las acusaciones y no una censura.

Pedro Castillo, presidente de la República

Recurso de agravio constitucional

Nulidad de la denuncia constitucional por presunta traición a la patria.

El 8 de marzo de este año, el abogado Eduardo Pachas, quien ejerce la defensa del presidente Pedro Castillo, presentó al Poder Judicial un hábeas corpus con el fin de que se declare nula la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de admitir una denuncia por presunta traición a la patria.

Esto luego de que el 28 de febrero se haya admitido como procedente la denuncia constitucional N°219 contra Castillo por las declaraciones que tuvo en entrevista con CNN en Español respecto al acceso al mar para Bolivia.

El recurso presentado contra los integrantes de la Subcomisión fue por la presunta vulneración del derecho a la libertad individual, debido proceso, el principio de legalidad, a la presunción de inocencia, vulneración a la libertad de conciencia, entre otros.

A fines de julio, la Primera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial concedió un recurso de agravio constitucional, interpuesto por la defensa del presidente, para que el expediente sea enviado al TC. El hábeas corpus había sido declarado improcedente en abril.

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Suspender el proceso de acusación constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para requerir al Estado Peruano suspender el proceso de acusación constitucional que se le sigue en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

De acuerdo con la denuncia presentada ante esta instancia, se habría vulnerado el debido proceso. El caso de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social se inició debido a que realizó gestiones para un club privado cuando ejercía la función pública. La denuncia fue presentada debido a que habría vulnerado los artículos 38 y 126 de la Constitución.

La denuncia contra el Estado Peruano fue presentada en junio por su abogado Alberto Otárola.

Finalmente, la CIDH solicitó el mismo mes información al respecto. El de Boluarte es uno de los casos que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe atender en este nuevo periodo legislativo. El grupo de trabajo ha pasado a ser presidido por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso).

El presidente Castillo no acudió a la Comisión de Fiscalización

Aunque el presidente Pedro Castillo había indicado que recibiría a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno, su abogado Benji Espinoza declaró posteriormente que esto no ocurriría. La visita debió darse el 27 de junio debido a la investigación que realizaba el grupo de trabajo para presentar un informe final sobre el caso Sarratea.

“[Pedro Castillo] No va a recibir a la Comisión porque esta Comisión no busca la verdad ni actúa objetivamente, la declaración del presidente sería una puesta en escena, una pantomima, una apariencia de debido proceso”, manifestó Espinoza.

Pese a este anuncio, los integrantes de Fiscalización se presentaron en la fecha indicada en Palacio de Gobierno. Caminaro desde el Congreso e intentaron ingresar a la sede del Ejecutivo por la puerta principal. Sin embargo, Presidencia anunció que el jefe de Estado tenía actividades en Huancavelica.

Los constitucionalistas Bruno Fernández de Córdova y Alejandro Rospigliosi adelantaron que los tres recursos pendientes de los funcionarios del Estado tendrían una repercusión mínima, pues se trata de acciones asumidas por el Congreso que se encuentran dentro de sus competencias.

Fernández de Córdova, constitucionalista del Grupo Valentín, resaltó que es parte de las funciones del Legislativo la censura y formular acusaciones constitucionales. Asimismo, anotó que “es cierto que la vía judicial ha servido en otros casos para también poner límites y si el Parlamento está ejerciendo debidamente sus funciones. [...] Lo que un juez va a resolver en ese caso, sea la CIDH o el juez peruano, si es que se está llevando con el debido proceso”.

“En el caso del ministro, el Parlamento ha ejercido su prorrogativa de censurarlo, tampoco creo que en este caso tengamos una respuesta positiva. En el caso de Boluarte remitiéndome a los antecedentes y recordando el caso de Martín Vizcarra, pienso que va a seguir lo mismo: que no habrá un pronunciamiento en ese sentido”, agregó.

Sobre las consecuencias, anotó que “podría tener en el supuesto negado de que salga favorable a esos tres funcionarios, el juez a lo mucho lo que podría decir es que se siga el debido proceso, las normas correctas, pero no podría decir que no se censure a un ministro o no hagas un proceso de acusación porque eso, finalmente, es una competencia del Congreso”.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi comentó que este tipo de acciones son “un claro ejemplo del uso y abuso de los procesos constitucionales”. Asimismo, que algunas consecuencias que prevé puedan darse en las instancias a las que integrantes del Ejecutivo han acudido es la de poner “límite y dar solución de que no se politice la justicia y no de judicialice la política. Hay temas políticos que no se pueden judicializar”. Por tanto, consideró que la resolución de los casos podría dar pie a que se mantenga la función de control del Congreso.

“Este uso y abuso tiene que ver con que recurren al Poder Judicial para limitar, cercenar las funciones constitucionales del congreso. Es insólito. Esto se va a zanjar con las sentencias que emita el TC”, agregó Rospigliosi.

Respecto a Alvarado comentó que “si un ministro no tiene la confianza del Congreso porque se considera inadecuado, el Congreso lo censura. No tiene que ir a un juez. Son cuestiones políticas en cualquier democracia que no pueden judicializarse. Estoy seguro que hay una sustracción de la materia y no hay marcha atrás”.

En cuanto a la vicepresidenta añadió que la “CIDH dice que solo cuando en el país no lograste encontrar justicia, recién ahí pueden ir a la CIDH. Lo que hizo ella es saltarse la garrocha e irse de frente a al CIDH. Yo creo que lo van a rechazar. Debe caminar independientemente la investigación en la subcomisión”.

Finalmente, sobre el caso del presidente Castillo agregó que la Subcomisión debe continuar con el proceso, pues no hay juez que haya dicho que se paralice el trámite de la denuncia. “El TC diría que puede ser investigado”, concluyó.