Canteras informales e ilegales inician mafia de construcción

LUIS SILVA NOLE / @Lucho_Silva
Redactor de Sociedad

En Lima hay un número indeterminado de canteras informales e ilegales que producen materiales que son insumo para la industria de la construcción, pero que a la vez son el primer eslabón de una cadena mafiosa de ese sector de la economía.

Así lo informaron ayer a El Comercio fuentes de la Oficina del Alto Comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Según las fuentes, la mayor parte de esas canteras, que producen, procesan y expenden piedra chancada, arena fina, arena gruesa y hormigón, están en Cieneguilla, San Bartolo, Chosica y Carabayllo.

Por orden fiscal, en ese último distrito agentes de la Dirección de Turismo y Protección del Ambiente de la PNP, en coordinación con funcionarios liderados por el alto comisionado Augusto Soto Castagnola, destruyeron con explosivos maquinaria pesada de dos canteras ilegales ubicadas muy cerca del río Chillón.

Imagen del momento en el que es dinamitada una chancadora de la cantera ilegal Guerra, de la zona de Santo Domingo, en Carabayllo. (Foto: Luis Silva Nole / El Comercio)

“Este ilícito mueve mucho dinero, millones incalculables. Estas canteras son el punto inicial de una mafia de la construcción: algunas inmobiliarias las subvencionan para tener material a precio mínimo que se eleva sobremanera en perjuicio del comprador de un departamento”, dice una fuente de la comisión de interdicción.

El producto de estas canteras –añade la fuente– es comprado por un usuario directo para construcción informal, por camioneros y por inmobiliarias.

El comisionado Soto explicó que vecinos alertaron sobre las canteras intervenidas, y que es rol fiscal investigar y denunciar a los involucrados en la extracción ilegal, que implica daño ambiental, evasión tributaria y es punto de partida de mafias de la construcción.

Augusto Soto Castagnola, alto comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, en plena intervención en la cantera ilegal Guerra, en la zona de Santo Domingo, en Carabayllo. (Foto: Luis Silva Nole / El Comercio)

“Estoy coordinando el trabajo hecho por la fiscalía, la policía [solo ejecuta interdicciones] y los sectores Energía y Minas, y Ambiente”, sostuvo Soto.

El comisionado no supo señalar cuántos procesados hay por estos casos. Indicó que esa data es manejada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Al respecto, la fiscal Hilda Ferrer, de esa área del Ministerio Público, presente en las interdicciones, indicó que ya hay procesos por este delito, pero no los detalló.

CAPECO RESPONDE
Enrique Pajuelo, presidente del Comité General de Proveedores de Bienes y Servicios de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), descartó que inmobiliarias se involucren con canteras informales e ilegales.

“Apoyamos a la comisión. La informalidad trae competencia desleal. Por imagen y porque los materiales agregados representan poca inversión, las inmobiliarias no se vinculan con las canteras no formales, cuyo número es incierto. En un mes daremos a la comisión un estudio de cuántas y dónde están”, señaló Pajuelo a este Diario.

INTERVENCIONES
La comisión contra la minería ilegal de la PCM y la PNP hicieron volar maquinaria de las canteras ilegales Guerra, en Santo Domingo, y La Pequeñita, en el sector Torre Blanca, en Carabayllo.

Policías de las direcciones de Intervención Rápida y de Turismo y Protección Ambienlal participaron en las intervenciones. (Foto: Luis Silva Nole / El Comercio).

SUSPENSIÓN
Las autoridades también llegaron a la cantera Agregados Carapongo, en Trapiche, pero no pudieron realizar la interdicción por falta de información municipal sobre permisos de funcionamiento.

DAÑO ECOLÓGICO
Para la ex ministra del Ambiente Vanessa Vereau, la minería ilegal no metálica contamina los ríos, que llevan agentes contaminantes a campos de cultivo, y, por ende, a las mesas. “Las explosiones son placebos. Falta una norma que responsabilice a los municipios a fiscalizar la minería no metálica”, dijo.