La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó este sábado que, luego de casi 2 años, el Tribunal Arbitral con sede en Washington falló a favor de la concesionaria Rutas de Lima por el caso del peaje Chillón en Puente Piedra. Con esta decisión, la comuna capitalina deberá pagar ahora la suma de S/ 230 millones.
La instalación del referido peaje fue anulado en ese entonces por el exalcalde Luis Castañeda Lossio en el 2017.
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El Tribunal señaló que pese a que la instalación del peaje de Chillón estaba prevista para cuando terminaran las obras obligatorias a cargo del concesionario, tal como lo establecía el contrato, no fue correcto ordenar su suspensión.
Según argumentó Rutas de Lima, el retraso en la culminación de dichas obras se debió a la falta de liberación de interferencias por parte de la Municipalidad de Lima, concluyendo que el acuerdo del 2016, mediante el cual se pactó la fecha de inicio de la Nueva Unidad de Peaje Chillón, era razonable.
La MML afirmó que la decisión del ex alcalde Castañeda “no consideró aspectos técnicos y jurídicos necesarios, vulnerando no solo los intereses de los ciudadanos, sino también los de la comuna limeña”.
“Lamentablemente no se nos ha dado la razón, pues el Tribunal ha ratificado que todas las medidas adoptadas, debieron seguir los procedimientos del mismo contrato y el acta del 30 de junio de 2016, en cuanto a la fecha acordada entre la MML y Rutas para que inicie el cobro de la nueva unidad de Peaje Chillón”, dijo el municipio.
La comuna limeña evalúa ahora las acciones legales que correspondan seguir para revertir legalmente un fallo que, a su entender, valida procedimientos que “están manchados por la corrupción” un aspecto que el Tribunal internacional no contempló al no estar debidamente acreditado en el fuero judicial peruano.
A pesar de que se incluyeron los informes tanto de la Contraloría General de la República como del Congreso de la República y la información pública sobre los avances de las investigaciones penales, estos fueron considerados como insuficientes.
“Los intereses y la dignidad de más de 10 millones de limeños se ven afectados por dicho laudo, que no es categórico ni contundente respecto a las manifestaciones de corrupción que advirtieron debidamente en los alegatos expuestos por el señor alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en noviembre del año pasado ante los miembros del Tribunal Arbitral”, puntualizó la entidad.
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