Un informe de la Oficina General de Integridad (OGII) del Ministerio del Interior (Mininter) respecto a la operación policial llevada a cabo durante las marchas en contra del exmandatario Manuel Merino en noviembre pasado —y en las que murieron Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado— será una pieza clave no solo para el proceso administrativo que se sigue al interior de este ministerio, sino para la propia investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público.
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Así lo consideró el abogado Carlos Rivera, defensa de la familia de Inti Sotelo y quien ha solicitado que el documento del Mininter se incluya en el expediente N°54-2020, que hoy está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a fin de que se pueda tomar en consideración y tomar acciones dada su relevancia.
En el informe, como dio a conocer IDL-Reporteros, se da cuenta, con nombres y apellidos, de los comandantes que estuvieron a cargo de las zonas en las que fallecieron ambos jóvenes el 14 de noviembre pasado, así como de la cantidad de efectivos que tenían a su cargo (entre ellos a los escopeteros), la cantidad de municiones utilizadas y el nivel de ejecución del plan de operaciones y sus falencias.
“Lo estamos presentando a la carpeta fiscal para que la fiscalía lo tome en consideración y tome decisiones concretas como, por ejemplo, incorporar ya como investigados a estos oficiales que son identificados como los que condujeron las operaciones materialmente hablando en la noche del 12 y, sobre todo, del 14 [de noviembre] cuando se producen la muerte de los jóvenes”, refirió Rivera a El Comercio.
En búsqueda del disparo
El informe de la OGII, que cuenta con casi 100 páginas y al que también accedió este Diario, ya se encuentra en el despacho del ministro del Interior, José Elice, desde el último 29 de enero. Y, si bien se hace la salvedad de que no corresponde a sus funciones, allí se explica que “se ha tenido acceso a datos que podrían aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos investigados” (como la muerte de Bryan e Inti), así como “la identificación de los efectivos policiales que pueden brindar mayores detalles sobre lo ocurrido”.
Así, se detalla que, de acuerdo a la documentación recabada, en la última marcha del 14 de noviembre, el comandante PNP Luis Ruperto Castañeda Urbina era el responsable del “quinto sector”, ubicado en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola. Esta es la zona, se precisa, en donde “se produjo el disparo que causó la muerte de Jack Bryan Pintado Sotelo y donde también se registró un número considerable de heridos”.
Castañeda, de la Unidad de Servicios Especiales (UNISEESP) Sur - Salvamento, estaba al mando de 205 efectivos policiales, con 32 escopeteros.
En la misma zona, se detalla, había otro grupo de la UNISEESP Centro, que estaba a cargo del comandante PNP Víctor Alberto Oliva Angulo, con otros 85 efectivos, entre los cuales 11 eran escopeteros.
A este contingente luego llegaron como refuerzo 80 efectivos más (12 de ellos escopeteros), de la UHPM Potao, al mando del comandante PNP Mitchel Arguedas Pérez. Ellos en un inicio, se relata en el informe, habían estado ubicados entre las avenidas Tacna y Emancipación. Al llegar a la zona, el grupo se puso a disposición del responsable del sector: el comandante Castañeda Urbina.
Por otro lado, en el cruce del jirón Lampa con Nicolás de Piérola, la zona en donde “se produjo el disparo que causó la muerte” de Inti Sotelo, se ubicaban 30 efectivos (dos de ellos escopeteros) de la DIROPESP, los cuales estaban liderados por el mayor PNP Guido Solís Chorres.
Según un informe, a eso de las 8:00 p.m., unos manifestantes se encontraban causando daños en la estación Colmena del Metropolitano y atacando a la policía. Es por ello que se dispone el traslado de otros 150 efectivos (30 escopeteros) de la DIROPESP a la zona, “para apoyar al contingente que estaba siendo rebasado por los manifestantes”. El grupo estaba al mando del capitán PNP Mario Angelo García Chávez.
“Potenciaría la investigación”
El abogado Carlos Rivera comentó que, si bien la fiscalía, de momento, ya “ha logrado recopilar una información sumamente importante” (como la toma de declaración de varios de los agraviados y pericias balísticas), no “avanzó más allá de incorporar” como investigados al excomandante general de la policía, Jorge Lam, y a Luis Cayas, exjefe de la Región Policial Lima.
En ese marco, agregó, lo que hará esta información difundida es “potenciar la investigación y colocar datos muchos más específicos sobre la forma cómo se ejecutó la operación y quiénes estuvieron conduciéndola materialmente”. Es por ello su importancia.
“Ese documento ya proporciona una información mucho más precisa de quiénes fueron los oficiales que estuvieron a cargo de los cruces de Abancay con Nicolás de Piérola y Lampa con Nicolás de Piérola, donde se produjeron justamente las muertes de Jack Bryan y de Inti Sotelo. […] Ya les pone un nombre y un apellido”, recalcó Rivera consultado por este Diario.
En el documento de la OGII se advierte también de la falta de un adecuado planeamiento y organización de las operaciones policiales durante las marchas, y de un “uso innecesario de la fuerza por parte de los efectivos policiales”.
También se refiere sobre el uso indiscriminado del armamento no letal, hecho que está evidenciado en las cifras de los cartuchos utilizados. Según una estimación, solo en la marcha del 14 de noviembre se habría realizado un disparo cada 2.4 segundos.
“La cantidad de armamento no letal y el modo en que fue usado por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú resulta particularmente preocupante, puesto que es abiertamente contrario a lo previsto en las leyes y reglamentos vigentes, así como las instrucciones específicas expresamente contempladas en los planes y órdenes de operaciones policiales”, se indica en el informe.
Se apunta que el uso indiscriminado del armamento hace presumir que ello “fue ordenado o, cuando menos, permitido por los oficiales al mando de las operaciones policiales”.
“Al igual que en el caso de las cantidades de armamento no letal utilizado, puede presumirse razonablemente que el uso de perdigones de goma y cartuchos de gas lacrimógeno como armas ofensivas contra los manifestantes fue ordenado o, cuando menos, permitido por los oficiales al mando de las operaciones policiales. La investigación penal a cargo del Ministerio Público y la investigación administrativa, deberán ahondar sus indagaciones con la finalidad de determinar si esta actuación policial se produjo a partir de órdenes superiores y, de ser el caso, la identificación de quienes las impartieron”, se advierte.
Se indica que también le corresponde al Ministerio Público determinar si es que hubo injerencia del Ejecutivo -en referencia a Manuel Merino de Lama y a los miembros del Gabinete- en el direccionamiento de las operaciones policiales.
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