Presidente del Poder Judicial pide adecuar nuevo Código Procesal Penal para enfrentar criminalidad en el Perú

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, remarcó que es imperativo realizar un análisis profundo del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para hacer frente a los niveles preocupantes de criminalidad que ha alcanzado en el Perú.

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“Debemos trabajar para que esta norma procesal penal se adecúe y responda a las necesidades apremiantes que el país enfrenta, no podemos olvidar que las normas deben adaptarse a las exigencias de la población”, sostuvo el magistrado durante el acto realizado por el cuarto aniversario de implementación de esta herramienta procesal en la Corte Superior de Lima Este.

Arévalo Vela señaló que la responsabilidad del Poder Judicial es continuar con el perfeccionamiento y reforzamiento de las capacidades de los operadores judiciales, así como afianzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

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“El objetivo primordial es y siempre será luchar contra esa criminalidad que tanto daño está infligiendo a la sociedad en estos momentos”, subrayó.

El presidente del Poder Judicial indicó que esta reforma ha puesto especial énfasis en la protección de los derechos y garantías fundamentales, otorgando mayor protagonismo a la víctima en el proceso penal, y priorizando la oralidad como herramienta esencial para una justicia más rápida y eficiente.

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“El cambio no ha sido sencillo, pasamos de un sistema escrito, reactivo e inquisitivo, a un sistema oral, proactivo y acusatorio. Esta transición nos ha exigido adaptabilidad, compromiso, así como una capacitación y actualización constante para estar a la altura de este nuevo marco normativo”, agregó.

Indicó que con el D. L. 957, que contiene el citado Código, se ha buscado hacer justicia en tiempos modernos con agilidad, transparencia y eficacia.

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Refirió que el nuevo Código Procesal Penal representa un instrumento vital para afrontar los retos que el sistema judicial encuentra a diario, y constituye una transformación profunda en la administración de justicia penal del país.