La imparable amenaza del ladrillo pandereta: está en todo Lima pero es altamente riesgoso

Año 2019. Loreto es epicentro de un terremoto de magnitud 8 que deja más de 200 familias damnificadas. Aunque la mayoría de casas derrumbadas son de madera, el material noble no se libra de los daños. La única posta de salud del centro poblado Huatapi y la iglesia de la localidad Santa Cruz –dos de los pocos inmuebles de ladrillo y cemento– se desploman mientras sus escombros dejan ver los huecos horizontales de un ladrillo no permitido para sostener una edificación.

Lee también: Los suelos que amplifican las ondas de los sismos y por qué Lima es altamente vulnerable | #EstemosListos

Esas mismas marcas características del ladrillo pandereta se notan en los muros destruidos del colegio Bella Unión de Arequipa, que quedó inhabitable por el sismo de magnitud 6,8 ocurrido en enero del 2018. También en las casas que se vinieron abajo en el terremoto de Pisco del 2007.

El ladrillo pandereta es tan frágil que no está permitido para muros que soporten edificaciones, y menos que puedan resistir un sismo, pero tal ha sido su masificación sin control que casas e instituciones están construidas con este material.

Solo en Lima Metropolitana, donde la acumulación de energía sísmica por 277 años puede provocar un terremoto de magnitud 8,8, se estima que siete de cada 10 viviendas se construyeron informalmente, sin planos ni materiales adecuados. De estas, la mayoría depende de ladrillos pandereta, más barato que otros de mejor calidad, para aguantar un movimiento fuerte. “El 80% de viviendas informales son de albañilería, y en casi todos los casos hemos visto, lamentablemente, que usan el ladrillo pandereta”, explica Miguel Estrada, exdirector del Cismid UNI.

El ladrillo pandereta tiene un diseño ligero porque su única función es separar ambientes. Aunque su uso más común está asociado a la construcción de pisos superiores, la mala noticia es que es igual de peligroso en todas las plantas.

“No se puede utilizar en ningún muro portante o perimetral, ni en primer ni segundo piso. Para eso se usa el ladrillo kingkong de 18 huecos, porque tienen mayor resistencia”, explica Estrada a El Comercio. Así lo establece la norma técnica E.030, de diseño sismorresistente, y la E.070, norma técnica de albañilería. “Hay evidencias de que en un sismo estos ladrillos explotan porque son bastante frágiles”, añade.

Entonces, ¿por qué se usa tanto? La respuesta está en la informalidad casi imparable. Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) explica que, pese a las campañas de sensibilización, la autoconstrucción no ha cambiado casi nada en la última década. Si la informalidad entre 1996 y el 2009 llegaba a 69,5%, ahora estamos en 67% de casas y edificios levantados sin planos, ingenieros ni material adecuado que los haga resistir ante sismos, inundaciones, huaicos o cualquier desastre. Lima Metropolitana tiene 2′850.326 viviendas, por lo que se trata de casi dos millones en riesgo.

“Aunque ha aumentado el número de viviendas formales, lamentablemente solo se ha logrado reducir la informalidad en 3% en 13 años. Eso no nos augura una buena respuesta de las viviendas en caso de un sismo severo”, indica.

Lo peor es que ninguna de esas viviendas ha experimentado un movimiento fuerte que ponga a prueba sus cimientos y paredes. El último gran terremoto en Lima y Callao ocurrió en 1974 con una magnitud de 7,7, cuando no existía la expansión desordenada que tenemos ahora. La proyección de IGP, según el análisis de las zonas de acumulación de energía frente a la costa central, es que aún falta un terremoto de magnitud 8,8. Así, nuestra vulnerabilidad es enorme.

Aunque el uso de materiales no adecuados es preocupante, hay más factores de riesgo. La ciudad cuenta con distintos tipos de suelo, como el arcilloso o de arena, que amplifican las ondas sísmicas. Por eso es clave contar con el diseño y planos adecuados. “No todos los suelos se comportan igual. Los blandos necesitan cimentaciones más grandes porque su capacidad de resistir el peso de la edificación es menor a comparación de un suelo compacto. Por ejemplo, un conglomerado del Centro de Lima es bueno a diferencia de un suelo arenoso de Villa El Salvador.”, explica.

Incluso con un buen diseño y con materiales adecuados, el proceso constructivo (las mezclas de concreto, por ejemplo) debe ser el correcto.

De todas formas, Valdivia reitera que “el ladrillo más peligroso” es el que proviene de lugares informales que los crean sin las mínimas especificaciones técnicas. Capeco estima que poco más de la mitad de las ladrilleras del Lima son informales. No solo implican un riesgo para la prevención de desastres al vender material inseguro, sino que son enormes fuentes de contaminación y explotación laboral.

Estrada, docente e investigador de la UNI, explica que sí es posible reforzar algunas viviendas construidas con material inadecuado siempre que la cimentación y el tipo de suelo lo permita. En el laboratorio de estructuras de Cismid UNI probaron algunas posibilidades con éxito; sin embargo, indica que el ideal debe ser de bajo costo y fácil de instalar.

“Un sistema que hemos ensayado con buenos resultados es adherir mallas de acero a la pared. Esto incrementa la resistencia del muro. No estamos diciendo que la vivienda se vuelva completamente antisísmica, lo que se trata es que no colapse ante un terremoto para salvaguardar la vida de sus ocupantes”, precisa. El reto es que estas alternativas se masifiquen.

“Existe un bono de reforzamiento del Ministerio de Vivienda, el problema es la identificación y priorización de a quién se le da”, añade. Su propuesta es que se incluya la participación del Ministerio de Economía, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) y la sociedad civil.

Valdivia añade que también se requiere decisión de las autoridades para darle prioridad a una adecuada política de vivienda que enfrente la informalidad.

“En un buen año, en el Perú se producen 60 mil viviendas formales. Hay una brecha que es cuestión de prioridad del Estado. En 5 años, si se da la prioridad a la política de vivienda social podríamos llegar a 150 mil por año. Si se logra, unas 90 familias o 300 mil personas se librarían del riesgo de una afectación de su vida y a su propiedad simplemente pasando de la informalidad a formalidad”, dice el director ejecutivo de Capeco.