En los últimos días, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso atendió dos iniciativas ligadas a la educación superior. Se trata del dictamen que propuso que el licenciamiento sea permanente para universidades y el proyecto para que se amplíe el plazo destinado a docentes universitarios para que puedan obtener grados académicos de maestría o doctorado.
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El Comercio conversó con Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), sobre ambos temas y recogió su opinión. Sobre el primero, a manera personal y en base a su experiencia en temas de derecho educativo, Lescano empezó por precisar que dos de los pilares para el aseguramiento de la calidad educativa, específicamente en la educación superior, son el licenciamiento y la acreditación.
Agregó que de acuerdo a nuestra política de educación superior el licenciamiento de universidades está a cargo de la Sunedu, mientras que en el caso de la acreditación la entidad competente es el Sineace. Estos dos requisitos, sumado al fomento y el sistema de información, a cargo del propio Ministerio de Educación, son pilares para asegurar la calidad educativa.
Partiendo de esta base, sostuvo que en los últimos años la atención se ha centrado mayoritariamente en el proceso de licenciamiento. Sin embargo, Lescano resaltó que al mismo tiempo que ocurría esto el Estado descuidó el sistema de acreditación.
“En estos años, el pilar que ha estado más ha apoyado por el Gobierno, que ha tenido mayor visibilidad y ha sido más empoderado, ha sido el licenciamiento. Este ha tenido fortalezas con la denominada reforma universitaria. Ha saneado el sistema. Casi un 50% de universidades han salido del sistema. Estas incluso nunca debieron ingresar”, dijo.
Vale precisar que la acreditación universitaria es el resultado de un proceso de evaluación y seguimiento sistemático y voluntario del cumplimiento de las funciones universitarias de una institución de educación superior. Permite certificar la calidad de los recursos humanos formados y de los procesos que tienen lugar en la institución.
En resumen, el licenciamiento autoriza el funcionamiento de las instituciones educativas y programas, que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), para brindar el servicio educativo. En cambio, la acreditación reconoce el cumplimiento de estándares de calidad a las instituciones educativas y sus programas de estudio.
Lescano precisó que en paralelo con la ley universitaria que creaba el sistema de licenciamiento y a la Sunedu como institución a cargo, en el 2014 se ordenó que se reorganizara el Sineace, pero este recién se está reorganizando ahora en el 2023.
“Hemos tenido nueve años con un sistema de acreditación que es la otra pata de la calidad educativa y, desde mi punto de vista, la más importante. El licenciamiento se trata de condiciones esenciales, condiciones básicas de calidad, eso no implica necesariamente calidad, implica que se exige lo mínimo de infraestructura, lo mínimo de docentes, lo mínimos del régimen académico, etc.”, explicó.
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“Pienso que el licenciamiento ha cumplido un rol, pero es necesario ahora enfocarnos en el otro pilar, tan o más relevante, que es el de la excelencia educativa y la mejora continua que se hace a través del Sineace”, añadió Lescano.
Respecto al segundo tema, el presidente del CNE recordó que la disposición y exigencia de que los docentes cuenten con grado académico de maestría para enseñar es del año 2014.
“Estamos en el 2023. El año 2014 se estableció un plazo y ese se prorrogó. Luego se volvió a prorrogar, y yo no sé hasta dónde el sistema puede tolerar que una disposición se convierta de manera indefinida y se desnaturalice la intención, en este caso de la reforma universitaria, de tener profesores con grados de maestría y de doctorado”, sostuvo.
Ambas iniciativas a detalle
La Comisión de Educación del Congreso de la República, cuya titularidad está a cargo del legislador José Balcázar (Perú Bicentenario), rechazó en su sesión del pasado 31 de octubre el dictamen para que los licenciamientos de las universidades a nivel nacional sean de carácter permanente, sin que tengan necesidad de renovarlo previa evaluación.
La propuesta no obtuvo apoyo y fue enviada al archivo con 12 votos en contra, 7 a favor y una abstención.
En el artículo 13 del dictamen se menciona: “La autorización otorgada mediante el licenciamiento de la Sunedu es de carácter permanente, al haber acreditado que cumplen con las condiciones básicas de calidad”.
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Cabe señalar que el propio Balcázar fue quien promovió el proyecto de ley que se presentó el 1 de setiembre de 2023.
Por otro lado, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en su última sesión de este martes, aprobó el dictamen, que recoge varios proyectos de ley anteriormente presentados, y que busca ampliar el plazo de adecuación de docentes de universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados académicos.
Se trata de la norma 31364, la cual modifica el articulo 4 del Decreto Legislativo 1496. Mediante este dispositivo se le otorga 2 años más de plazo a los mencionados docentes a fin de que puedan obtener su grado de maestría y/o doctorado. El plazo actual es hasta el 30 de diciembre. El contar con este grado académico es un requisito para que los maestros puedan dictar clases en las universidades del país.
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El presidente de dicha comisión, José María Balcázar, indicó que en las universidades hay un sector de profesores que no ha podido obtener su título de maestría y doctorado debido a diferentes factores.
Sostuvo que los principales fundamentos expuestos para la aprobación de esta medida tienen que ver con los efectos post pandemia que han repercutido considerablemente en la parte económica.
Finalmente, tras la votación, dicho proyecto fue aprobado por mayoría: 17 a favor, 5 en contra y una abstención. Se espera que sea presentado en el Pleno del Congreso. Luego de su eventual aprobación, corresponderá al Gobierno decidir su promulgación.
Encuentro Nacional de Educación
Con la participación de delegados de todas las regiones del país, el Consejo Nacional de Educación (CNE) llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre, el Encuentro Nacional de Educación 2023, bajo el lema “Educación ciudadana para la sostenibilidad ambiental”.
Este evento tuvo como objetivo concertar propuestas encaminadas a la formación de una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad ambiental dentro del marco del Proyecto Educativo Nacional al 2036, con los diferentes niveles de gobierno, sectores de desarrollo país y múltiples actores de la sociedad civil.
Luis Lescano, presidente del CNE, y la ministra de Educación, Miriam Ponce, participaron del evento y dieron la bienvenida el primer día a más de 500 asistentes. Lescano enfatizó la imperiosa necesidad de abordar el cambio climático en todos los niveles educativos, desde la educación básica hasta la superior.
Destacó la importancia de una perspectiva interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdiciplinaria que permita comprender las implicaciones del cambio climático en el planeta y la sociedad. Asimismo, subrayó que la educación, como herramienta crucial de la sostenibilidad ambiental, brinda la oportunidad de cultivar una mentalidad de cuidado del entorno, fomentar la participación ciudadana a fin de encontrar soluciones innovadoras y sostenibles.
“La educación ha estado distanciada de esta problemática ambiental. Han habido esfuerzos, iniciativas individuales, pero no de manera articulada ni sistemática. En este encuentro nacional no solamente se ha visibilizado esta problemática y la necesidad de que sea atendida de manera multisectorial, sino que al mismo tiempo hemos presentado un observatorio para tener data cuantitativa y cualitativa para tomar decisiones en temas educativos y específicamente también en temas de los cambios climáticos que hay en cada región”, detalló Lescano.
El Encuentro Nacional de Educación contó con la participación de representantes de diversas instituciones públicas y privadas de todas las regiones del país, incluyendo representantes de los tres niveles de gobierno, docentes, directivos de instituciones educativas de educación básica, educación superior universitaria y tecnológica, así como representantes de otros sectores del Estado y la sociedad civil.
“Una de las o principales conclusiones, a manera de recomendación transversal, ha sido que necesitamos tener una conciencia de sensibilidad climática, no la hay en el Perú. Hay que tener conciencia y dimensionar la afectación que podemos tener”, señaló Lescano.
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