- DIRIS Lima Centro contrata vigilancia por casi S/3 millones con empresas cotizantes vinculadas entre sí y con sobrecosto de S/143 mil
- DIRIS Lima Centro otorga buena pro por casi S/3 millones pese a alertas por sobrecostos y empresas cuestionadas
- DIRIS Lima Centro dejaría sin vigilancia a 43 establecimientos mientras tramita contratación directa de S/2,8 millones
- DIRIS Lima Centro publica contratación directa de S/2,8 millones sin resolución en el SEACE, con sobrecostos y pese a cuestionamientos de empresas vinculadas
La contratación directa por casi S/2,8 millones para el servicio de vigilancia de los establecimientos de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro continúa acumulando cuestionamientos.
Desde que El Comercio reveló las primeras observaciones al procedimiento, este Diario ha publicado cinco investigaciones sobre el caso. Los hallazgos abarcan desde vínculos comerciales previos entre las empresas utilizadas para cotizar y un incremento en el costo diario del servicio, hasta establecimientos de salud sin vigilancia, cuestionamientos sobre la documentación registrada en el SEACE y la situación de una de las empresas que integra el consorcio adjudicatario.
A estas observaciones se le suma que un alto funcionario de la DIRIS Lima Centro aseguró a El Comercio que todavía no se habría firmado el contrato para la prestación del servicio y que la falta de personal de vigilancia continúa afectando algunos establecimientos.
“No han firmado contrato. No hay nada. Ni viernes, ni sábado ni domingo. Ni siquiera hay personal. Por ahí hay uno, pero sin uniforme”, señaló la fuente, cuya identidad este Diario mantiene en reserva.
Hasta el cierre de esta edición, El Comercio no obtuvo respuestas del Ministerio de Salud, de la DIRIS Lima Centro, ni de los principales funcionarios y asesores consultados.
Cinco investigaciones y una contratación rodeada de cuestionamientos
La primera investigación de El Comercio reveló que la DIRIS Lima Centro recurrió a una contratación directa por S/2,776,411.10 para cubrir durante 79 días la vigilancia de sus establecimientos de salud, almacenes y sede administrativa.
Para calcular el costo del servicio fueron utilizadas cotizaciones de Grupo Empresarial SVEN, TECSEGUR y Jaguar Protector Company. La revisión de la documentación presentada por las propias compañías mostró que existían relaciones comerciales previas entre ellas, directa o indirectamente, mediante consorcios y una empresa en común.
Pese a ello, las compañías habían declarado participar independientemente en el procedimiento.
La investigación también estableció que la tarifa diaria del nuevo servicio era aproximadamente 5,4% superior a la del contrato anterior, lo que representaba una diferencia calculada cercana a S/143 mil para los 79 días.
Posteriormente, El Comercio informó que la entidad otorgó la buena pro pese a que ya se habían publicado estos cuestionamientos.
Un tercer informe reveló que hasta 43 establecimientos podían quedar sin vigilancia durante la transición entre el servicio anterior y la nueva contratación directa.
La cuarta publicación advirtió nuevas observaciones en el procedimiento y en la documentación registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Finalmente, la quinta investigación dio cuenta de que una empresa integrante del consorcio adjudicatario, Multiservices Casterly Rock S.A.C., figuraba como “no habida” ante la Sunat, mientras surgían interrogantes sobre la situación contractual y financiera del servicio.
El Comercio buscó respuestas del Minsa y la DIRIS, pero no las obtuvo
Ante la acumulación de cuestionamientos, El Comercio volvió a requerir este martes la posición oficial de las autoridades involucradas.
Las consultas planteadas buscaban conocer, entre otros puntos, si existe actualmente un contrato firmado, qué medidas tomó el Minsa frente a las observaciones, cuál es la situación real de la vigilancia en los establecimientos y si se ha iniciado alguna investigación administrativa.
También se preguntó por la situación de la empresa del consorcio que figuraba como no habida ante la Sunat y por la eventual tramitación de adelantos económicos a favor del adjudicatario.
Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los funcionarios consultados brindó respuestas concretas a las preguntas formuladas por El Comercio.
Comunicado sostuvo que las propuestas seguían “en evaluación”, pese a que ya había buena pro
El silencio contrasta con el comunicado difundido por la DIRIS Lima Centro el pasado 14 de octubre.
En ese pronunciamiento, la entidad aseguró que “a la fecha, el proceso se encuentra en la fase de evaluación de propuestas y se desarrolla conforme a la normativa vigente”.
Sin embargo, para entonces ya existía un acta de otorgamiento de buena pro, documento que acredita que una propuesta había sido seleccionada.
El Comercio solicitó a la DIRIS explicar cómo podía sostener que las ofertas permanecían en evaluación cuando el procedimiento ya había llegado a la adjudicación.
En medio de este procedimiento aparece el jefe de Abastecimiento, Roger Power Arriola Motta, a quien se atribuye la ejecución de la firma del contrato.
Además, este funcionario registra cuestionamientos administrativos y penales señalados por la propia Contraloría.
El médico cirujano Julio Miguel Flores Retuerto, director General de la DIRIS Lima Centro, también ha sido cuestionado por llevar a cabo una contratación directa de S/2,8 millones para el servicio de vigilancia, pese a los vínculos entre las empresas cotizantes y el mayor costo del servicio.
Tampoco se conocen acciones del Órgano de Control Institucional (OCI) de la DIRIS Lima Centro, a cargo de Lisbeth Carolina López Peña, frente a estos hechos. Esta entidad tiene la función de supervisar el uso de los recursos públicos y verificar que las actuaciones de la institución se ajusten a la normativa, con el fin de prevenir irregularidades y proteger los intereses del Estado.
La entidad tampoco respondió de manera específica a esta interrogante.
El comunicado también sostuvo que la contratación tenía como objetivo “garantizar la continuidad” del servicio de seguridad durante los dos últimos meses del año.
Pero, para ese momento, este Diario ya había documentado establecimientos sin presencia de vigilantes, situación que volvió a ser consultada a la institución.
Alto funcionario: “No han firmado contrato”
La situación contractual adquiere relevancia a partir del testimonio de un alto funcionario de la DIRIS Lima Centro al que tuvo acceso El Comercio.
La fuente afirmó que, pese a la adjudicación, el contrato todavía no se habría perfeccionado.
“No han firmado contrato. No hay nada. Ni viernes, ni sábado ni domingo. Ni siquiera hay personal. Por ahí hay uno, pero sin uniforme”, sostuvo.
El funcionario agregó que durante el fin de semana hubo establecimientos donde los agentes no llegaron.
“El sábado, por ejemplo, no se apareció nadie [de seguridad]. El jefe es el que tiene que pedir, ahí no me puedo meter mucho. Se debe hacer el contrato para poder mandar [personal] a los establecimientos”, señaló.
Según su versión, el despliegue efectivo del personal dependería de que primero se concrete la relación contractual.
La afirmación coincide con una de las principales preguntas formuladas este martes tanto a la DIRIS como al Minsa: si existe o no un contrato firmado y, de existir, por qué no se encuentra públicamente disponible en el SEACE.
Hasta el cierre de esta edición, las entidades no remitieron una copia del contrato ni respondieron a esa consulta.
Fuente denuncia presuntos vínculos con Logística y desorden interno
El mismo funcionario describió además una situación de desorganización dentro de la institución.
“La empresa tiene vínculo directo con Logística. [Un funcionario] ha estado trabajando en Junín y de ahí viene la empresa también. La movida está fuerte desde arriba”, afirmó.
Este Diario incluyó preguntas específicas sobre cómo fueron escogidos los proveedores, qué relación existió entre los responsables de la contratación y las compañías participantes y qué controles se aplicaron durante el procedimiento.
El funcionario añadió que existiría una sobrecarga de responsabilidades administrativas al interior de la DIRIS.
“No hay administrador. El jefe de Servicios Generales está asumiendo Servicio General y Personal, además de Tesorería. Nadie quiere asumir nada. Nadie quiere meterse a este tema”, sostuvo.
El Comercio solicitó a la DIRIS Lima Centro precisar si esta distribución de funciones es correcta, quiénes ocupan actualmente cada puesto y si se han producido renuncias, encargaturas o cambios administrativos relacionados con el procedimiento investigado.
No hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.
Empresa del consorcio figuraba como “no habida” ante Sunat
Otro de los cuestionamientos pendientes está relacionado con Multiservices Casterly Rock S.A.C., empresa integrante del consorcio seleccionado para brindar el servicio.
Una investigación previa de El Comercio reveló que la compañía figuraba ante la Sunat con la condición de “no habida”, situación que motivó nuevas consultas sobre la verificación que realizó la entidad antes de continuar con la contratación.
Este Diario preguntó tanto a la DIRIS como al Minsa si esa condición fue detectada antes del perfeccionamiento contractual y si podía afectar la ejecución del servicio.
También se solicitó precisar si se había solicitado, aprobado o desembolsado algún adelanto económico al consorcio, así como el monto y el sustento de una eventual transferencia.
Al cierre de esta publicación, ninguna de esas interrogantes había sido respondida.
¿Quién asumirá responsabilidades?
La investigación no se limita a determinar si el nuevo servicio comenzó o no a ejecutarse.
Las preguntas también alcanzan a la planificación que llevó a la entidad a invocar un supuesto “desabastecimiento inminente” para un servicio cuyo vencimiento podía ser conocido con anticipación; al proceso mediante el cual se escogió a las empresas utilizadas para cotizar; y a los controles aplicados sobre la documentación de los proveedores.
El Comercio consultó si se había dispuesto investigaciones internas o un deslinde de responsabilidades en las oficinas.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna de estas consultas obtuvo respuesta.
DIRIS confirma que contrato fue firmado el 15 de octubre y anuncia revisión de Control Interno
Luego de los reiterados pedidos de descargos de El Comercio, la DIRIS Lima Centro respondió por escrito a las consultas formuladas por este Diario sobre la contratación del servicio de vigilancia por casi S/2.8 millones. La entidad confirmó que el Contrato N.° 063-2026-MINSA-DIRIS-LC fue suscrito el 15 de octubre de 2026 y señaló que todavía no ha podido publicarlo en el SEACE debido a que se encuentra a la espera de la firma digital del AGA para gestionar el acceso al módulo de Ejecución Contractual.
Según la DIRIS, la prestación del nuevo servicio comenzó el mismo 15 de octubre y, actualmente, todos los establecimientos cuentan con personal de seguridad. Respecto del periodo de transición, sostuvo que los locales “permanecieron siempre con vigilancia, salvo el tiempo que toma la transición del servicio por parte de la empresa saliente a la empresa entrante”. Esta versión contrasta con lo constatado previamente por El Comercio y con el testimonio de una fuente interna que señaló que hubo establecimientos sin agentes durante ese periodo.
La entidad también reconoció que la buena pro fue otorgada el 13 de octubre, pese a que un comunicado difundido al día siguiente señalaba que el procedimiento se encontraba aún “en fase de evaluación de propuestas”. Sin embargo, en su respuesta no explicó de manera directa esa contradicción y se limitó a precisar que la adjudicación se realizó de acuerdo con el cronograma establecido.
Sobre las empresas utilizadas durante la indagación de mercado, la DIRIS aseguró que fueron invitados seis proveedores, aunque no detalló sus nombres ni cuáles de ellos presentaron finalmente cotizaciones. Frente a los vínculos comerciales previos identificados entre algunas de las compañías, indicó que la revisión de la documentación se realiza después del perfeccionamiento del contrato y que, previamente, se evalúan los impedimentos previstos en el reglamento de la Ley N.° 32069.
Respecto de la declaración jurada de Grupo Empresarial SVEN que consignaba el RUC de Jaguar Protector Company, la institución señaló que el contenido de estos documentos es responsabilidad de cada postor y que, de corresponder, se solicita su subsanación.
La DIRIS también atribuyó parte del incremento del costo diario del nuevo servicio al aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1.130 a S/1.230 a partir del 1 de octubre. Asimismo, sostuvo que la situación de desabastecimiento se originó durante la administración anterior y afirmó que la actual gestión asumió la dirección el 23 de septiembre y la Oficina de Abastecimiento el 30 del mismo mes.
En relación con Multiservices Casterly Rock S.A.C., empresa del consorcio que figuró como no habida ante la Sunat, la DIRIS respondió que solicitó corregir esa condición y que la compañía presentó su solicitud de modificación ante la administración tributaria. Según la entidad, esta situación “no afecta el perfeccionamiento del contrato ni de la ejecución”.
La institución negó además que exista algún adelanto económico a favor del consorcio adjudicatario. Finalmente, informó que, ante los cuestionamientos surgidos alrededor del procedimiento, ha solicitado a Control Interno la revisión de todos los actuados del proceso.
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