El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que no se está infringiendo “ninguna norma legal” al declarar la terminación anticipada del contrato de concesión de peajes de Rutas de Lima.
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En diálogo con TV Perú, el burgomaestre indicó que la Municipalidad de Lima, con su decisión, no ha cometido una expropiación o anulación del contrato de concesión. Consideró “injusto” que vecinos de Puente Piedra “paguen por salir de sus casas”.
“(Estamos) siguiendo las normas legales, acá no estamos infringiendo ninguna norma legal, ninguna inversión privada, estamos yendo de acuerdo con lo que menciona el contrato. El contrato determina que, cuando hay una violación del interés público, la Municipalidad (de Lima) tiene todo el derecho de declarar la terminación anticipada, pagando las inversiones realizadas, teniendo a un tercero que determine el monto de las inversiones realizadas”, expresó Rafael López Aliaga.
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“No hay ningún problema de expropiación ni de anulación, estamos yendo por un tema que se llama caducidad”, agregó.
El burgomaestre remarcó que la Municipalidad de Lima también analizará “la procedencia o no” de los otros peajes de la capital.
Decisión del Concejo Metropolitano
Este jueves, la Municipalidad de Lima anunció la terminación anticipada del contrato de concesión de peajes con la empresa Rutas de Lima, tras el acuerdo tomado por unanimidad en la sesión del Concejo Metropolitano.
A través de un comunicado, la MML indicó que la culminación del contrato de concesión tiene como causas principales las altas tarifas de peajes, la deficiencia del servicio y la afectación al desarrollo de importantes sectores de la población.
“El contrato de concesión, que integra 23 distritos de la capital (a lo largo de las carreteras Panamericana Norte, Panamericana Sur y la autopista Ramiro Prialé), no solo se vio manchado por los delitos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, sino que además perjudicó a un vasto sector de la población con la colocación de peajes lesivos a su economía”, indicó la comuna capitalina en el pronunciamiento.
“El contrato fue suscrito el 9 de enero del 2013 con el fin de rehabilitar las infraestructuras viales arriba mencionadas; sin embargo, durante la vigencia de la concesión se han identificado diversos perjuicios a los usuarios y a la población en general, que esta gestión no aceptará y que, por ello, hará uso de los mecanismos que el propio contrato faculta para su culminación”, añadió.
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