La PCM coordinó reuniones con colectiveros con 214 papeletas y sin brevete

El 16 de diciembre del 2019, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina, recibió a un grupo de dirigentes de taxi colectivo que busca la formalización de este servicio, actualmente prohibido.

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Esto ocurrió a pesar del desacuerdo de la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, María Jara, ante la posibilidad de considerar este servicio dentro de la reforma del transporte. La ATU no fue convocada para esta primera reunión, pese a ser el nuevo órgano rector en materia de transporte en la capital.

Además de operar en la informalidad, los dirigentes que participaron en esta primera reunión registran un peligroso historial de papeletas.

La campaña #NoTePases de El Comercio accedió al récord de los siete principales dirigentes y entre ellos contó 214 multas equivalentes a más de S/70 mil y vehículos con ocho medidas cautelares (órdenes de captura) por deudas en infracciones. Seis de estos dirigentes tienen las licencias vencidas o suspendidas.

Uno de ellos es Javier Lloclla Vergara, quien tiene un historial de 72 papeletas, de las cuales 34 son graves y 5 muy graves. Además, su licencia está suspendida.

Alessandro Rivas Ávalos tiene 29 papeletas y registra una multa por agredir a un inspector y otra por no presentar licencia o tarjeta de identificación vehicular.

Richard Bernachea Villanueva tiene 36 papeletas y la licencia suspendida. Tiene multas por manejar con el celular y sin cinturón de seguridad. Su auto registra siete órdenes de captura.

Asimismo, un mensaje de coordinación vía WhatsApp, con fecha 16 de diciembre, dice lo siguiente: “Estamos saliendo de la reunión estuvimos el día de hoy con el la PCM palacio de consejo de ministros lo cual ha sido muy favorable ya que las autoridades se han comprometido emparar la caza indiscriminada por parte de la ATU Eso quiere decir compañeros que a partir del día de mañana ya no habrá más mega operativos”.

La decisión de la PCM de tener una mesa de diálogo con los conductores de colectivos también generó el rechazo de las empresas concesionarias de los corredores complementarios.

El gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Ángel Mendoza, criticó que la PCM acordara sostener reuniones con ellos luego de que el 25 de noviembre acataran una violenta manifestación.

En esa primera reunión entre autoridades de la PCM y los transportistas informales, representantes de cada lado acordaron seguir apoyando el espacio de diálogo.

Ayer, un grupo de técnicos de la PCM y del Ministerio de Transportes (MTC) sostuvo una segunda reunión de más de cuatro horas con los dirigentes de los colectivos, organizada por la Prefectura de Lima.

Se conoció que, al finalizar la cita, los dirigentes de los colectivos exigieron que se firmara un acta en la que se aceptaba “reglamentar el servicio de colectivo como una modalidad nueva del transporte público”, según una fuente de El Comercio. También pidieron que se suspendan las operaciones de fiscalización mientras no se cree este reglamento.

En comunicación con este Diario, el viceministro Raúl Molina dijo que la formalización de este servicio no fue mencionada con ellos.

“Lo único que queríamos [en la primera reunión en la PCM] era escucharlos, como cualquier ciudadano en situación conflictiva. Hoy [ayer] fue una reunión en la prefectura, convocada por la prefectura. Se ha quedado seguir reuniéndose en enero, porque lo que vamos a buscar a partir de la problemática, es ver cómo ellos se acomodan al ordenamiento del transporte metropolitano. No se ha mencionado la palabra ‘formalización’ de colectivos. Les hemos dicho que la ciudad va hacia la modernización del transporte y que ellos no funcionan con estas reglas”, dijo Molina.

- Contra la reforma -

Si bien el taxi colectivo apareció para cubrir una demanda de personas que no tenían otra opción para trasladarse (hay cerca de un millón de limeños de zonas periféricas sin acceso al sistema formal de transporte), el descontrol para fiscalizar al colectivo ha hecho que este servicio termine operando en más de 22 rutas donde sí hay opciones formales.

Los choferes de colectivo se han organizado para invadir paraderos, agredir a inspectores, evadir operaciones y hasta pagarle a una red de abogados especializados en dilatar sus papeletas hasta su prescripción.

Su proliferación, además, es lo que ha generado la congestión vehicular en Lima. En el mismo espacio de pista donde caben tres taxis colectivos con 12 pasajeros puede entrar un solo bus formal con capacidad para 60 personas.

Mendoza reclamó que la PCM, al avalar una mesa de diálogo con un grupo que opera informalmente y que realizó manifestaciones violentas, genera una incógnita sobre la posición del Ejecutivo. María Jara ha sostenido que dar carta libre a los colectivos empeoraría la congestión al convertirse en una “competencia desleal” para los buses formales.