MARISOL GRAU El Comercio

“Legalmente no había nada que hacer”, afirma Blanca Alva. La cancillería nacional no logró detener la subasta de bienes culturales organizada por la casa Sotheby’s el fin de semana pasado en París, Francia. De las 69 piezas peruanas que integraban la colección Barbier Mueller, se vendieron 46 por cerca de US$2 millones.

Sorprendieron los precios extraordinariamente altos a los que se vendieron las piezas, algunas hasta por alrededor de US$300 mil. Eso nos preocupa. Tememos que, en consecuencia, aumente la codicia por estos bienes y se incrementen los saqueos en el Perú. En las subastas realizadas por la casa Castor-Hara en octubre y diciembre del año pasado, una pieza de cerámica costaba entre 700 y 800 euros antes de ser ofertada. Sin embargo, las de esta colección podían valer muchísimo más.

¿Qué sucederá con las piezas que no se vendieron? Haremos un listado y veremos la posibilidad de contactar al propietario de la colección Barbier Mueller y pedirle que nos las done. A mí no me gusta la idea, porque es como suplicar por algo que es robado. Las piezas ahora se quedan en consignación. Lo más preocupante son las piezas que se vendieron y que están desapareciendo. Sotheby’s nunca nos dará los nombres de los compradores, esa es una de las reglas de oro de la subasta.

Entonces, recuperarlas resulta casi imposible. Es muy difícil. Hemos tomado esta venta como un caso simbólico. Desde el inicio sabíamos que teníamos mucho que perder. Lo hacemos por principio, para que repercuta y veamos lo que estamos perdiendo. Para serte sincera, no creo que las piezas se recuperen.

¿Qué se está haciendo para frenar el tráfico ilícito de patrimonio cultural? En los últimos cinco años hemos paralizado cuatro ventas en Estados Unidos, Austria, Australia e Inglaterra, aunque nunca subastas de Christie’s o Sotheby’s, las principales casas de este rubro. Hace siete años trabajamos de manera más sistemática, antes nunca llegábamos a tiempo. Al año se producen una docena de grandes ventas. Se ha reducido el número de piezas peruanas en estos eventos; de 150 a unas 100 como máximo. Muchas de estas son falsas. No sabemos cuánto se vendió el año pasado en las subastas organizadas por la casa Castor-Hara, los resultados se acaban de publicar. En el 2008 recuperamos 10 piezas de una galería de San Francisco (EE.UU.) y otras 10 en Austria.

Existe la sensación de que el Estado es muy débil y trabaja muy poco al respecto. Tengo una arqueóloga, ella sola hace toda la investigación y los informes que se entregan al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía de la Nación. Si hay varias subastas, debemos priorizar unas y descuidar otras. A veces el tiempo nos queda muy corto. Necesitamos mayores recursos económicos, sobre todo para investigar. Nos resultaría muy útil, por ejemplo, tener una base de datos histórica de los sitios huaqueados para así sustentar su origen. Asimismo, requerimos una policía especializada. Existe una unidad de la policía fiscal para los delitos de patrimonio cultural, pero solo tiene tres agentes para todo el Perú. La investigación policial está atomizada, si hay una invasión en un sitio arqueológico lo ve la comisaría local.

Las reclamaciones les resultan también muy complejas. Es muy caro y difícil probar la procedencia. No contamos con ese dinero. Está el caso de una máscara Sicán que en 1997 era vendida por un turco en Internet a US$20 mil. Luego de paralizar la venta en Alemania, inició un juicio. Aún estamos en eso. Hemos gastado en abogados cerca de 55 mil euros y todavía no conseguimos que nos devuelvan la pieza.

¿Qué pasa con la protección al patrimonio cultural? Constantemente vemos casos de robos en iglesias coloniales o venta de huacos a turistas. Es muy raro que se roben piezas de museos. El problema es la falta de seguridad en los sitios arqueológicos. En el Perú hay más de 13 mil declarados. La vigilancia es muy complicada. El ministerio debe tener hoy entre 2 mil y 3 mil trabajando en eso, aparte de 3 puestos de control. Solo en Lima hay unos 400 puntos. Además, hay determinados sitios, especialmente en el norte, donde el huaqueo es una profesión familiar. Hasta ahora no hay nadie que haya sido penalizado por tráfico ilícito de piezas arqueológicas en el Perú. Para fortalecer la lucha deben hacerse efectivas las penas.

Vivimos en contradicción. Por un lado el patrimonio cultural es nuestro orgullo nacional y turístico, y por el otro no se le asignan los recursos que requiere. El principal problema que enfrentamos actualmente son las invasiones en los centros arqueológicos. Cuando no se controla a tiempo, se percibe un desprecio hacia el patrimonio. La gente que huaquea es de condición humilde y cree que vendiendo un huaco a 2 mil euros saldrá de pobre, en vez de verlo como un delito. Hay que cambiar la mentalidad de las personas, especialmente de aquellas que viven cerca de los centros arqueológicos, e involucrarlas en su cuidado.