5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución si se aprueba el texto

Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si aprueban una nueva Constitución para el país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

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Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet hace más de cuatro décadas.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (...) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

El pacto llega en plena campaña electoral, en un momento en el que los sondeos dan ventaja a la opción de mantener el marco legal vigente, es decir, rechazar la propuesta constitucional.

Esto contrasta con la votación realizada en el contexto del estalido social a fines de 2019, donde el 80% de los chilenos se pronunció a favor de crear una nueva Constitución y de que una Convención integrada por ciudadanos elegidos por voto popular redactara la nueva Carta Magna.

Casi tres años después, las fuerzas políticas de izquierda y el propio presidente Boric decidieron proponer modificaciones al texto ante el riesgo de que la población rechazara su reemplazo.

“Veo que hay un espíritu de decir 'hay cosas que se podrían haber hecho mejor', y, por lo tanto, hay disposición de mejorar y va a haber un acuerdo político para aquello”, había anunciado el mandatario esta semana.

En 2019, cuando Boric era diputado, fue uno de los impulsores del gran pacto político que permitió abrir el proceso constituyente y defendió fervientemente el cambio, al igual que ahora respalda el “apruebo” el 4 de septiembre.

Tras la firma del acuerdo este jueves, hubo reacciones tanto de la coalición gobernante como de la oposición.

“Este acuerdo busca dar certezas en la hoja de ruta de implementación de la nueva Constitución y combatir una millonaria y brutal campaña de desinformación que llega desde la derecha”, dijo el senador Juan Antonio Latorre, presidente del partido oficialista, Revolución Democrática.

“Será el Congreso, junto con el gobierno, el que tenga un rol fundamental para construir cambios profundos, pero con estabilidad y gobernabilidad”, agregó.

Desde la oposición, uno de los voceros de la opción “rechazo”, Claudio Salinas, declaró que la actual propuesta constitucional es “mala para Chile”.

“Eso debemos votar el próximo 4 de septiembre, no las triquiñuelas de último minuto para salvar sus intereses políticos y que no resuelven los temas de fondo, que es la agenda social que tanto importa a todos los chilenos”, apuntó Salinas.

La nueva propuesta constitucional ha generado divisiones por algunos puntos de su contenido como la eliminación del Senado, las atribuciones a los pueblos indígenas, el derecho al aborto, el “derecho humano al agua” y una amplia garantía de derechos sociales en relación a los sistemas de pensiones, salud y educación, que provocan inquietud en algunos sectores de la población.

Estos son los principales cambios propuestos ahora por los partidos de gobierno, si la Constitucón se aprueba:

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile”.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

El nuevo documento constitucional describe a Chile como “Estado social y democrático de derecho” que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas, en contraste con la actual Constitución, que favorece el actuar de las instituciones privadas por sobre el Estado en la provisión de bienes sociales como educación, salud y pensiones.

El texto señala que el Estado debe garantizar prestaciones básicas uniformes otorgadas por instituciones públicas o privadas, propone un Sistema de Seguridad Social público y la creación de un Sistema Nacional de Salud.

Si gana el “apruebo”, el oficialismo se comprometió, en el caso de las pensiones, a incluir en la Carta Magna la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

Los partidos que respaldan el gobierno de Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”, un tema que ha sido muy controvertido por los hechos de violencia que se registran habitualmente en el sur del país.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

El pacto no menciona cambios a la propuesta de eliminar el Senado. Por otro lado, propone que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

Uno de los temas controvertidos de la propuesta de nueva Constitución es el fin del “Poder Judicial”. En su reemplazo crea un “Consejo de la Justicia” integrado por 17 personas, entre ellos ocho jueces, dos indígenas y otros cinco miembros nombrados por el Congreso.

Sobre este asunto, los partidos del gobierno abordaron garantizar la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación 'Sistemas de Justicia' por la de 'Poder Judicial”.

Además, argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional que comenzó tras el estallido social de fines de 2019.

Tras aprobar la redacción de una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría que votó por su reemplazo.