El presidente del Perú, Pedro Castillo, durante la Sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el Palacio Nacional de México, el 18 de septiembre de 2021. (Foto: AFP).
El presidente del Perú, Pedro Castillo, durante la Sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el Palacio Nacional de México, el 18 de septiembre de 2021. (Foto: AFP).
Redacción EC

El Gobierno de reemplazó al Congreso como el mayor agresor a la prensa en el Perú en un año marcado por un polarizado y convulso proceso electoral, según denuncia el informe anual de la aprobado en su 77ª Asamblea General Virtual realizada entre el 19 y 22 de octubre y que fue elaborado por el Consejo de la Prensa Peruana.

La organización que reúne a propietarios y directores de los principales medios de comunicación de Iberoamérica denuncia en el documento del Consejo de la Prensa Peruana la actitud “silenciosa y crítica” con los medios de Castillo, un maestro rural que llegó a la Presidencia por el partido Perú Libre, cuyo ideario recoge “cambios y regulaciones” en la gestión de los medios que podrían atentar contra la libertad de prensa.

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“El presidente Pedro Castillo se ha mostrado silencioso y crítico con los medios de comunicación y no respondió a la invitación del Consejo de la Prensa Peruana a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta. Castillo proviene del partido Perú Libre, que se presentó a las elecciones presidenciales con un ideario con un capítulo completo sobre cambios y regulaciones, desde colegiatura obligatoria hasta que algunos ministerios aprueben el contenido de televisoras y radios. El plan hace constantes alusiones a las acciones de Rafael Correa, los Kirchner, Fidel Castro y Lenin frente a los medios de comunicación. También sostiene que la SIP representa los intereses de grupos económicos empresariales y financieros de América, por lo que el país debe ‘independizarse’ de esta organización”, dice el documento.

Esta situación contrasta con años anteriores, en los que el Congreso peruano fue el poder público que más intentó perturbar la libertad de prensa con la aprobación de normas para limitar, regular o intervenir en los medios de comunicación del país, de acuerdo con la SIP.

En su documento, la SIP denuncia además que los ataques físicos contra periodistas y sus propiedades han reemplazado en el Perú a las querellas judiciales como el principal medio de agresión a los medios.

“La polarización vivida durante las elecciones presidenciales, tanto en primera como segunda vuelta, degeneró en ataques y censura contra periodistas y medios. Especial saña sufrieron periodistas que profesan líneas editoriales contrarias al fujimorismo o abiertamente antifujimoristas, subraya el documento.

Ya después de las elecciones y con la derrota confirmada de la candidata derechista Keiko Fujimori ante Castillo, varios periodistas de diversos medios fueron agredidos por manifestantes violentos de Fuerza Popular (partido fujimorista) y otros grupos radicales que intentaban forzar su ingreso a Palacio de Gobierno.

La SIP también critica que, durante la campaña electoral y antes de que fuera elegido presidente, varios periodistas que seguían a Castillo hayan sido agredidos y otros medios recibieran amenazas como decir que revelaría “cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga”.

La actitud violenta de la custodia presidencial hacia los periodistas que han intentado entrevistar al mandatario en sus apariciones públicas también es motivo de preocupación para la SIP.

ACCESO Y PROYECTOS

La mayor parte de las quejas de la SIP se centra sin embargo en las limitaciones al acceso de los medios de comunicación a la información pública, la negativa del presidente y sus ministros a dar entrevistas y que no haya permitido el acceso de medios privados a actos y ceremonias públicas.

Así, apuntó que durante la jura del primer gabinete de ministros de Castillo “los medios privados fueron prohibidos de ingresar a la ceremonia, que solo se transmitió a través de los medios del Estado”, lo mismo que sucedió con la transmisión de las carteras ministeriales.

Las limitaciones y control de acceso a eventos oficiales desde el estallido de la pandemia de la covid-19, y las actividades presidenciales sin cobertura de medios privados ya fueron comunes tanto bajo Martín Vizcarra (2018-2020) como con Francisco Sagasti (2020-2021).

La SIP también identificó como problemático para la libertad de prensa un proyecto de ley presentado por el congresista de Perú Libre Abel Reyes para declarar “declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espacio electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación”.

La idea de esa norma, que ya desechada y que nunca avanzó en sus trámites legislativos, era habilitar al Ejecutivo a dictar medidas obligatorias a los medios “en caso de emergencia” y para “asumir la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario”.

Las agresiones del Poder Ejecutivo:

A mediados de mayo y durante la campaña de la segunda vuelta electoral, en un mitin realizado por Pedro Castillo en Ayacucho, se agredió a un grupo de periodistas que cubría el evento. El entonces candidato señaló que revelaría “cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga”. El moderador de la ceremonia llamó “prensa mermelera” a los periodistas asistentes. Tras el mitin, un grupo de simpatizantes persiguió a los periodistas, los amenazó e insultó. La periodista Stephanie Medina, de Canal N, fue pateada y el camarógrafo, Carlos Brown, golpeado con un palo.

Al día siguiente, un periodista del canal Latina, que pedía declaraciones a Castillo por los ataques, fue agredido por agentes de seguridad.

El día de la juramentación de los ministros, los medios privados fueron prohibidos de ingresar a la ceremonia, que sólo se transmitió a través de los medios del Estado. Lo mismo sucedió con la transmisión de los cargos ministeriales. Los primeros días, cuando el presidente Castillo decidió despachar desde su casa y no desde Palacio de Gobierno, quedó en duda su agenda y la transparencia de sus reuniones, ambas obligadas por ley a publicitarse.

El día que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú le rendían reconocimiento a Pedro Castillo como su jefe supremo, los medios fueron prohibidos de ingresar a la ceremonia. Fueron aislados del evento con rejas. Tampoco se les permitió cubrir la vacunación del presidente.

En agosto, el entonces primer ministro Guido Bellido agredió verbalmente a los medios. Llamó “obstruccionista” a la prensa. El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo azuzó a la ciudadanía en contra de los medios en una manifestación en el Centro de Lima. Varios periodistas de TVPerú, Latina y RPP fueron agredidos físicamente cuando intentaban buscar declaraciones del presidente.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, criticó a Canal 7, propiedad del Estado, por críticas vertidas contra el gobierno.

El congresista de Perú Libre Abel Augusto Reyes Cam presentó un proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espacio electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación”. El proyecto señala que, en caso de estado de emergencia, el Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, el Ejecutivo, excepcional y transitoriamente, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de emergencia. A pesar de que el partido Perú Libre apoyó la propuesta, voces dentro del gobierno sugirieron que tanto el presidente, Pedro Castillo, como la vicepresidenta, Dina Boluarte, estaban en contra, al igual que partidos de la oposición en el Congreso. El proyecto de ley ha perdido tracción.

Algunas de las principales agresiones contra periodistas:

En abril, la periodista Gina Bisso Castillo, conductora del programa “Tu opinión importa”, de Central TV, fue querellada por difamación por Victoria Villarroel Alarcón, regidora de la Municipalidad de Lurigancho. La regidora acusó a la periodista de liderar una campaña de desprestigio cuando esta postuló a las elecciones congresales de enero de 2020. A finales de abril, la querella fue admitida.

En abril, un grupo de desconocidos explotó una bomba molotov contra el vehículo del periodista Roberto Sánchez Mamani, de la radio La Estación, en Tacna, cuando este se encontraba dentro del medio. El periodista señaló que venía recibiendo amenazas por sus críticas a algunos candidatos al Congreso 2021-2026 por esa región.

La revista Hildebrandt en sus trece fue saboteada por la plataforma Mercado de Pago, a través de la cual se vende la versión digital del semanario.

En mayo, dos periodistas de Noticiero Áncash, que se emite desde la ciudad de Huaraz, denunciaron que se había cortado la retransmisión de su programa, en el que se criticaba a la candidata a la segunda vuelta Keiko Fujimori. Dante Moreno, dueño de Radio Áncash, negó las acusaciones y señaló que el programa se dejó de emitir por mutuo acuerdo con los periodistas.

Una de las emisoras de Radio Tarma, de la región Junín, fue saboteada a finales de mayo. Los cables de transmisión fueron cortados y también los cables que llevan la señal a la antena.

En junio, el periodista Christopher Acosta fue querellado por difamación por el excandidato presidencial César Acuña. Acuña pide S/.100 millones por daño a su reputación tras la publicación del libro Plata como cancha, sobre el político. Es la segunda vez que querella al mismo periodista. En esta ocasión, incluye a la editorial Penguin Perú y a su director.

En junio, el periodista Carlos Padilla Castillo, quien conduce un programa de opinión en Antena TV, en la provincia de Chimbote, denunció que su auto fue incendiado afuera de su casa en represalia por su trabajo.

Durante la segunda vuelta electoral y días posteriores, diversos grupos realizaron plantones frente a las viviendas de periodistas y medios opositores del fujimorismo.

Varios periodistas de Canal N, La República, ATV y otros medios fueron agredidos por manifestantes violentos de Fuerza Popular y otros grupos radicales que intentaban forzar su ingreso a Palacio de Gobierno.

En agosto, el periodista Yofré López Sifuentes, del portal , fue sentenciado a dos años de prisión suspendida y al pago de S/.50.000 por la querella presentada por el exjuez Víctor Raúl Reyes Alvarado, por publicar denuncias sobre acoso sexual y opinar al respecto. También fue demandado por la magistrada Caballero García, por injuria, calumnia y difamación. Según Caballero, el periodista habría dañado su honor al cuestionarla por revocar la prisión preventiva al exalcalde de Barranca y criticar su gestión. López está preso desde el 16 de julio, por una deuda alimentaria. Su abogado presentó evidencia en contrario.

En octubre, varios medios y asociaciones mostraron preocupación por un anuncio de la Fiscalía a la periodista Paola Ugaz que realizará una inspección a un terreno que compró su esposo como parte de una pesquisa por lavado de activos iniciada en su contra a inicios de año por denuncia de Luciano Revoredo.

Con información de EFE

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