La política en los tribunales, por Carlos Basombrío

Estamos viviendo una bienvenida tregua política. Una gran oportunidad para que el presidente Martín Vizcarra pueda buscar un clima político que nos permita transitar con menos sobresaltos hacia el 2021. 

Pero hay, como es obvio, muchísimas amenazas. Quisiera abordar una que me parece la más importante y la más difícil de administrar. Me refiero a la compleja conexión que existe hoy entre justicia y política. 

Empecemos por el Tribunal Constitucional, en el que están por verse dos peticiones de inconstitucionalidad de cuyo resultado depende el balance del poder en el país. Por un lado, la que cuestiona la modificación del reglamento del Congreso, que exige la renuncia de todos los ministros del Gabinete y no solo de su presidente, para incluirse entre las dos negaciones al voto de confianza que permiten cerrarlo. Asimismo, la que discute la constitucionalidad de otra norma del Congreso, una que impide la formación de bancadas a quienes abandonen la que los cobijó de origen. 

Otra decisión que será de gran importancia es la que debe tomar pronto la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto a Alberto Fujimori. Si decide que no reunió los requisitos para ser humanitario, el país se polarizaría. 

Pero aun de mayor impacto son las investigaciones penales que enfrentan, de manera plural, personajes centrales de la política nacional. 

Están en primer lugar las vinculadas a lavado de activos, por haber supuestamente recibido y escondido el origen de dineros ilegales en campañas políticas. El caso más avanzado es el de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que ya tienen ocho meses en la cárcel y el fiscal anuncia estar en condiciones de iniciar su proceso acusatorio.  

Otro que también parece avanzar rápido es el que involucra a Fuerza Popular en lo mismo, habiendo ya medidas cautelares contra algunas personas. Lo mismo ocurriría en el caso de Susana Villarán que ya tiene impedimento de salida del país. Se han abierto también investigaciones a los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.  

La investigación de la gran corrupción en los gobiernos está aún en una fase incipiente de investigación. Sin duda el caso más grave es el de Toledo, sujeto ya de un pedido de extradición. Hay también detenidos varios funcionarios de rango intermedio del gobierno de Alan García. Están adicionalmente procesados otros gobernadores regionales y alcaldes provinciales. Gregorio Santos de Cajamarca y Félix Moreno del Callao, los más notorios. Por su lado, Alex Kouri, el otrora imbatible presidente regional del Callao, purga ya condena por un tema previo. 

En el caso de la corrupción en obras estamos ante una caja de Pandora que aparentemente tiene mucho más dentro. Recordemos que Barata recién va a hablar ante el fiscal sobre esos temas y que no sabemos cuánta más información se podría obtener de las confesiones premiadas de las otras grandes constructoras. 

Por último, está el tema de varios congresistas que tienen ya sentencias condenatorias en tribunales de justicia. Varios más serán de seguro desaforados por los sucesos recientes y otros, que pareciendo también haber cometido ilícitos penales, lo más probable es que no lo sean. 

Estamos ante un hecho inédito en la historia del Perú. Sin entrar a discutir la culpabilidad de cada quien, lo cierto es que representantes de casi todo el espectro político están (o estarán) en problemas judiciales a lo largo de los próximos tres años. 

¿Qué tienen en común todas las personas y grupos políticos investigados? ¡Poder! Unos más y otros menos, pero todos tienen poder. Poder expresado institucionalmente, por ejemplo, en el Congreso o eventualmente en el Ejecutivo; pero también el que se genera de la movilización social. 

Sin demonizar a nadie, creo que todos van a tratar de usar su poder para influir en las decisiones judiciales que los perjudican y tratar de que sus rivales sí sean sancionados. 

Tremendo desafío para la justicia en el Perú. Uno que, me temo, excede a sus capacidades institucionales actuales. La corrupción y una pasmosa lentitud se encuentran entre los principales riesgos. En todo caso, mejor preparado se encuentra el Ministerio Público con el liderazgo de Pablo Sánchez (quien debiera postular para un año más, para la continuidad de lo avanzado) que el Poder Judicial. 

El Ejecutivo y el Congreso, como corresponde, van a ser observados con lupa para verificar hasta qué punto mantienen una absoluta independencia respecto a estos procesos y si garantizan las condiciones adecuadas para llevarlos a cabo. Cualquier pequeño desliz debiera tener un precio alto. 

Coda: me alegra que el programa de recompensas (Que Ellos se Cuiden) haya llegado ya a los 1.000 capturados de 2.452 buscados. Recuérdese que son todos requisitoriados por delitos graves. Al inicio capturábamos a 1 de cada 10, la proporción fue mejorando, y ahora estamos en 1 por cada 2,5. Si se sigue trabajando a conciencia e incluyendo casos cada semana, no dudo de que en el 2021 tendríamos 10.000 capturados.