El plagio y la intención de voto, por Alfredo Torres

El descubrimiento de un escandaloso plagio que habría cometido el candidato presidencial César Acuña en su tesis doctoral ha abierto un amplio debate sobre sus implicancias en la intención de voto. Para algunos no pasará nada y para otros podría liquidarlo. El debate lleva a una reflexión profunda sobre la cultura de la informalidad prevaleciente en nuestra sociedad.

Muy pocos discuten la gravedad de la falta y si bien no es el primer caso de plagio descubierto a autoridades o personalidades de renombre, es evidente que plagiar una tesis doctoral son palabras mayores. En realidad, dados los recursos de Acuña, la sospecha generalizada es que el candidato no habría plagiado personalmente algunos textos para hacer su tesis, sino que habría contratado a un tercero para que la haga y este habría hecho los plagios. 

Con respecto al impacto de la denuncia sobre la intención de voto, es necesario partir de constatar que el electorado no es uniforme. El sector que más rechaza el plagio es la población más educada. Sin duda, el fraude genera especial repulsa en cualquier persona que haya culminado una carrera universitaria, especialmente si ha pasado por el arduo esfuerzo de presentar y sustentar una tesis. En el otro extremo, la población cuya actividad económica se desenvuelve al borde de la ilegalidad –o está inmersa en ella– puede sentirse inclinada a ser mucho más tolerante con la “viveza” del candidato, que habría resuelto una cuestión de estatus comprando el título que le faltaba como quien adquiere un adorno para su casa. 

Entre ambos extremos está el grueso del electorado. Como se sabe, la mayor parte de la población está en la actividad informal, pero sobre ellos existen algunos mitos y prejuicios que es necesario desbrozar. La mayoría de los informales no son admirables emprendedores que salen adelante, contra viento y marea, en base a su creatividad y empeño; ni tampoco forajidos que buscan a toda costa evadir impuestos, incumplir leyes laborales y eludir normas municipales para hacerse ricos en una suerte de capitalismo salvaje. Es verdad que hay héroes y villanos, pero la gran mayoría de informales son personas que sobreviven con gran esfuerzo a las circunstancias que les ha tocado vivir y que sueñan con dar un mejor futuro a sus hijos mediante la educación.  

Una tarea pendiente de la investigación social es estimar el tamaño de cada uno de estos segmentos y profundizar en las diferencias culturales entre ellos. Mi sensación es que quienes valoran la educación, así sean informales, van a estar crecientemente atentos al caso de Acuña, por lo que el desenlace no será inmediato sino de efecto retardado.

Por lo general, el efecto de las denuncias sobre los candidatos es pasajero si no surgen nuevos elementos, pero puede demoler una candidatura si en los días sucesivos aparecen nuevos elementos que corroboran la denuncia. En el caso de Acuña, las extrañas circunstancias en que obtuvo su título de ingeniero, por ejemplo, reforzarían la imagen del candidato como un embustero. Para muchos la “viveza criolla” es vista con simpatía como un recurso ocasional pero no como una norma de vida, menos aun en quien ha enarbolado la bandera de la educación en su campaña política y ha sido rector universitario del centro de estudios que él fundó y que le ha resultado tan rentable.

Pero lo que sin duda resultará determinante es el fallo de la Universidad Complutense. Los simpatizantes de Acuña pueden creer por un tiempo que las denuncias sobre su insólito título de ingeniero y el plagio en su tesis doctoral son inventos de sus opositores, pero si una prestigiada universidad extranjera corrobora el delito y le quita el título, tenderán a aceptar los hechos y abandonar a su candidato. Por el contrario, si lo exculpa o deja pasar el tiempo sin resolver el caso, la imagen de Acuña se recuperará y podría incluso aumentar su respaldo electoral.

En realidad, el caso del plagio pone en entredicho no solo a Acuña sino a la propia Complutense. Si la tesis fue encargada a un tercero –como se sospecha– el asesor de la tesis y el jurado que lo aprobó deberían haber descubierto la falta de conocimiento del aspirante al doctorado sobre el contenido del documento que supuestamente habría elaborado. Si no lo hicieron por desidia o colusión, es algo que la universidad tendrá que dilucidar. Pero si las evidencias de plagio son concluyentes, la universidad no debería demorar en resolver el caso. Si no lo hace, estaría favoreciendo a un candidato que se habría burlado de la Complutense y estaría devaluando los títulos que brinda en perjuicio de los miles de estudiantes y graduados que confiaron en ella.