:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/A23YHTJDGVF6JA3TEGIU3NYHVE.jpg)
En la “Odisea”, Homero nos narra las dificultades de Ulises para regresar a casa luego de la guerra de Troya. En uno de los episodios más aleccionadores, nos cuenta cómo Ulises decide amarrarse al mástil de su nave para impedir que los cantos de sirenas lo enloquezcan y termine lanzándose al mar. Este es el ejemplo más claro de por qué necesitamos instituciones fuertes que impidan que tentaciones populistas afecten a los políticos encargados de dirigir la nave.
Si bien, como país, hemos avanzado significativamente en mejorar la institucionalidad económica y tenemos independencia del banco central, leyes de responsabilidad y control fiscal para distintos niveles de gobierno, procesos de rendición de cuentas de las finanzas públicas, entre las principales instituciones; todavía existe un alto margen de discrecionalidad de parte del Ejecutivo.
En medio de lo que se prevé, será una dura batalla política por las elecciones del 2016, existirá una fuerte tentación del gobierno de realizar políticas populistas que terminen afectando nuestro crecimiento de largo plazo. La declaración política que hace el gobierno de un aumento significativo del salario mínimo es un claro reflejo de este peligro de caer en medidas de corte populistas en lo que queda de esta administración.
Por eso, el país requiere un nuevo gabinete, con un primer ministro independiente o no, pero cuya nominación surja del consenso político, lo que le permitiría garantizar un proceso electoral ordenado y el uso del gasto público con criterios de eficiencia y equidad y no con fines electorales.
Pero este gabinete de consenso tiene una tarea aun más importante y es la de recobrar la legitimidad del gobierno. Este gobierno ha perdido legitimidad por tres razones fundamentales: 1) porque no ha sido una administración eficiente en resolver los problemas que se presentan y mantener un crecimiento económico alto, 2) por la permanente confrontación con todas las fuerzas políticas, lo que ha deteriorado su capacidad de maniobra en el Congreso (así, la población lo percibe como un régimen débil luego de las sucesivas derogaciones de leyes impulsadas por el Ejecutivo) y 3) por su incapacidad en manejar las crisis políticas y sociales que han llevado a un deterioro de la confianza de la población.
El presidente Ollanta Humala y el país necesitan un gabinete de consenso que ayude al gobierno no solo a entregar el país en las mejores condiciones posibles al siguiente régimen democrático, sino también a recobrar la confianza de la población. Un sistema democrático para que sea exitoso debe cumplir tres condiciones: 1) un Estado fuerte y eficiente para mejorar el bienestar de la población, 2) el imperio de la ley, es decir, la norma, los contratos y la propiedad deben ser respetados por todos, sin importar si se trata de comunidades o agitadores o congresistas o presidentes y 3) un proceso de rendición de cuentas efectivo y transparente.
Esto no ocurrirá en las actuales circunstancias políticas. Un gabinete de consenso puede ayudar en ese rumbo. Esperemos que el presidente Humala tenga la madurez suficiente para avanzar en esa dirección y podamos llegar a buen puerto en el 2016.
