Editorial: Cabeza fría

La gran polvareda que levantó la difusión de varios videos y audios en los que el congresista Moisés Mamani aparece interactuando con tres colegas (Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez) y dos altos funcionarios del Ejecutivo (el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, y el entonces gerente de políticas de la Sucamec, Freddy Aragón, autor de la inefable frase: “Tienes cinco palitos sin mover un dedo”) no ha terminado de disiparse.

El contenido de estas grabaciones –que revelaría un presunto intento de compra de votos para salvar de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski– fue fulminante para el entonces presidente, quien ya enfrentaba serios cuestionamientos por sus vínculos con Odebrecht, Westfield Capital y First Capital mientras fue ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. Las consecuencias de las divulgaciones recientes, sin embargo, no han quedado ahí. 

El miércoles pasado, el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, anunció que la Junta de Portavoces, con la abstención del oficialismo, había decidido iniciar el proceso de denuncia constitucional previo al desafuero de “Kenji Fujimori, el parlamentario Bienvenido Ramírez, el parlamentario Guillermo Bocángel, y los ministros y parlamentarios Mercedes Araoz y Carlos Bruce”. También resolvieron conformar una comisión investigadora para indagar acerca de la posible compra de votos del Congreso y disponer que el procurador del Legislativo inicie las acciones penales correspondientes. Y decidieron atender el pedido del fiscal de la Nación –quien investiga de oficio a Kenji Fujimori, Ramírez, Bocángel, Mamani y al ministro Giuffra– de entregar todas las grabaciones que tenía la bancada de Fuerza Popular. 

Que el Congreso opte por investigar un posible esquema de compra de votos resulta, a todas luces, razonable y esperado. Para ello, sería óptimo que se defina un orden adecuado, pues no parece lógico que se tramite una denuncia constitucional mientras una comisión investigadora aún realiza las pesquisas correspondientes. 

En particular, lo que se deberá dilucidar es si lo que revelan los audios y videos grabados por el congresista Mamani constituyen ilícitos penales (como los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias). Para ello, estas indagaciones deberán descartar la hipótesis de expresiones de “fanfarronería” que plantean, en su defensa, algunos legisladores como Bienvenido Ramírez. Evidentemente, esto requiere el estudio de los audios y videos en su integridad, sin ediciones, así como la citación y toma de declaraciones de los participantes en los diálogos grabados, de los personajes que han sido mencionados en dichas conversaciones y otros eventuales testigos, entre otras acciones de esclarecimiento. 

Del mismo modo, el Legislativo deberá separar bien la paja del trigo, pues según lo que se conoce hasta el momento, solo tres de los cinco congresistas sindicados han participado en las conversaciones con el señor Mamani. Ni Mercedes Araoz ni Carlos Bruce fueron protagonistas de los diálogos difundidos. En el caso de estos últimos, habrá que considerar, además, las implicancias en un eventual procedimiento sancionador del hecho que las conductas en cuestión corresponden a su rol como ministros, no como congresistas.  

Cierto es que no faltarán tentaciones vindicativas en algunos iracundos legisladores para desaforar raudamente a los rivales políticos. Ni tampoco inclinaciones oportunistas para reemplazar, con solo tronar los dedos, cinco curules por accesitarios que puedan resultar más convenientes a sus intereses. 

El desafuero parlamentario, sin embargo, no debe ser tomado a la ligera. No tanto porque los legisladores que serán acusadores y juzgadores podrían hallarse ellos mismos en algún momento del otro lado de la mesa, sino principalmente porque las prerrogativas de la inmunidad y el antejuicio político se crearon para resguardar la labor e investidura parlamentaria con prescindencia de los colores y banderas políticos. Y ello demanda seriedad y cabeza fría.