Editorial: La profesión de la fe

La semana pasada, Mario Romero Valdivieso fue elegido presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú para el período 2015-2016 en medio de promesas de reforma. Ya en enero pasado, cuando asumió el cargo de decano del Colegio de Notarios de Lima, Romero Valdivieso declaró en su discurso que es necesario “cambiar para seguir avanzando”.

¿Qué reformas necesita entonces el sistema de notarios públicos? Las amplias restricciones a quienes quieran ingresar al notariado son un asunto por solucionar. Así, por ejemplo, quien pretenda ejercer esta actividad debe ser, exclusivamente, abogado de profesión, además de pasar por una serie de evaluaciones objetivas y subjetivas.

Sin embargo, a todas luces, el cambio más urgente consiste en promover la apertura de nuevas plazas. Hoy, la interpretación del sistema legal limita el número de notarios públicos que pueden ejercer en determinado territorio, lo que, en la práctica, otorga a los afortunados funcionarios una suerte de oligopolio legal sobre los servicios que brindan. 

Como hemos señalado en anteriores editoriales, establecer un número tope de notarios por localidad no dista demasiado de implementar límites máximos al número de ingenieros u odontólogos. La demanda cautiva, sin posibilidad de ir a la competencia o de emprender su propio negocio notarial, se ve obligada a usar servicios que no necesitan ser eficientes ni eficaces para ser rentables.

Concretamente, según la legislación, cada provincia que cuente con al menos 50.000 habitantes debe tener no menos de dos notarios, y por cada 50.000 habitantes adicionales se debe crear otra plaza. Lo curioso es que la norma se ha venido interpretando de manera sostenida como si la ley estableciese un máximo de notarios por localidad, en vez de un mínimo como en realidad señala.

Aun entendiendo que debiese existir solo un notario por cada 50.000 habitantes, lo cierto es que el número real de notarios es todavía menor. Según el Indecopi, en el 2011, existían más de 30 plazas no ocupadas, y no hay indicios para pensar que la situación ha mejorado desde entonces. De hecho, en lugares como Tarapoto existe desde hace ya algunos años un solo notario para toda la ciudad. Algo similar sucede en el Callao. 

La causa de la vacancia de estas plazas es, en muchos casos, las acciones legales interpuestas en contra del concurso público para cubrirlas; acciones que son presentadas justamente por los mismos notarios que verían afectado su negocio ante la aparición de nueva competencia.

Para aliviar parte de este cuello de botella, la Ley del Notariado, de 1997, establecía que el volumen contractual y las demandas de la población por servicios notariales también debían ser tomados en cuenta al momento de determinar el número de notarios de la región; sin embargo, el Decreto Legislativo 1049, del 2008, determinó que se tome en cuenta únicamente el índice demográfico.

Fuera del Perú, países con tradiciones legales similares y distintas a la nacional están ya optando por presentar propuestas para flexibilizar el sistema de notarios. En Chile, por ejemplo, el Ministerio de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet apunta a introducir cambios en las condiciones que se deben cumplir para ser nombrado notario, además de otorgar mayor transparencia a los nombramientos y facilitar la apertura de nuevas oficinas. En México, la propuesta tiene como objetivo liberalizar el acceso a ser nombrado notario público. La Unión Europea, de hecho, avanza por un camino similar.

En el fondo, el origen del problema es que son los mismos notarios los responsables de velar por la transparencia y eficacia de su gremio, lo que les otorga más de un incentivo para actuar de manera poco transparente y eficaz. Ellos arguyen que la exigente selección que atraviesan y su limitado número contribuyen a elevar la calidad del ejercicio notarial. Esto resulta paradójico en vista no solo de su perfectible desempeño, sino también de las acusaciones por corrupción que varios de ellos enfrentan por presuntos nexos con la red Orellana. 

En la medida en que sigamos limitando el cuerpo de notarios a unos pocos responsables de “dar fe” escogidos no en base a las preferencias y necesidades del público, sino en base a concursos desarticulados e interpretaciones legales antojadizas, la maraña burocrática que el ciudadano promedio debe sortear seguirá tan vigente como siempre.