Editorial: Punto para las instituciones

El balance de la crisis política de los últimos días ha sido positivo. Más que la amenaza contra la democracia que algunos han querido ver, lo que hemos tenido ha sido el ejercicio de los contrapesos que son su parte integral. Los contrapesos, esto es, que sirven para garantizar que el poder nunca se concentre en una sola persona o partido y que las minorías estén también representadas –pudiendo incluso volverse mayorías, como lo hemos visto suceder ahora–.

Si lo democrático fuese simplemente que el presidente pueda hacer lo que le venga en gana, no tendría sentido que haya Congreso ni que exista en él una representación de la oposición. Por otro lado, en ese mismo supuesto el presidente, más que presidente, sería un monarca temporal.

Por otra parte, el uso que se ha hecho del contrapeso del voto de confianza ha sido juicioso, para nuestra grata sorpresa (no es por gusto, al fin y al cabo, que el Congreso ostente el rechazo del 84% de la población). La oposición que se juntó para denegar el voto de confianza en primera instancia no ha ido más allá de lo que fue su intención central de sacarle una tarjeta amarilla al gobierno ante la actitud beligerante y agresiva que acababa de (volver) a mostrar el presidente con la oposición y con la prensa independiente. Y, sobre todo, ante las constantes intromisiones en que la primera dama hacía públicamente de cabeza del Ejecutivo, usurpando funciones ajenas, provocando la caída de un primer ministro y dejando mal parada la imagen del gobierno y del país.

Una vez transmitido el mensaje de esta tarjeta amarilla –y una vez acusado recibo del mismo mediante un nuevo tono en el discurso presidencial e incluso mediante una nota de prensa del Consejo de Ministros en la que se decía que “no se va a permitir intromisiones”–, suficientes bancadas de la oposición supieron ejercer el autocontrol y no forzar una situación de choque con el Ejecutivo y de inestabilidad general que no se justificaba. Ciertamente, no la justificaban los elementos netamente políticos de los reclamos de la oposición, como los del salario mínimo y el aumento a los ministros, en ambos de los cuales lleva la razón de fondo el Ejecutivo. 

Por eso, una primera conclusión que podemos sacar de este asunto es que la institucionalidad del juego de poderes se puso a prueba, se ejercitó y funcionó bien. No se llegó a producir una ruptura que hubiese sido sin duda traumática y, al mismo tiempo, se consiguió que el Ejecutivo se comprometiera a enmendar rumbos y, más interesantemente, tomase nota de que hay situaciones que la oposición no va a tolerar y que está, de hecho, en poder de detener.

En esta línea, una segunda conclusión es que el poder informal que ejercía la primera dama ha quedado acotado y expuesto a una fiscalización continua, lo que, por otro lado, tiene el efecto inmediato de fortalecer al presidente del Consejo de Ministros y permitirle un mayor margen de maniobra. En ese sentido, hemos avanzado en la afirmación de la institucionalidad en el Poder Ejecutivo.

Lo anterior no significa, como ya hemos dicho, que Nadine Heredia haya perdido su derecho a opinar o hacer de asesora del presidente. El presidente, como cualquiera, puede tener los asesores personales que mejor considere, mientras él siga siendo el responsable último de sus decisiones. Lo que, repetimos, la señora Heredia no puede hacer es fungir de portavoz del Gobierno o, peor aun, de cabeza pública del mismo, pues ello supone usurpar funciones constitucionales y dejar mal parados a quienes sí las ostentan oficialmente (incluyendo al presidente).

Por otro lado, lo sucedido dificulta todavía más el escenario (negado ya varias veces por la señora Heredia y su esposo) de una eventual postulación de la primera dama en el 2016. Si lo que la señora Heredia estaba haciendo con estos despliegues públicos de poder era –como sostienen algunos– solidificar su currículo de lideresa, pues esa es una estrategia que ahora parece habérsele complicado mucho. 

Finalmente, una tercera conclusión es que, si quiere evitar nuevas situaciones como esta, el presidente tendrá que actuar en lo sucesivo con más cuidado con las formas y menos propensión a las polarizaciones. La oposición en el Congreso ha mostrado que no es solo un adversario con el que hay que ser cortés, sino un poder real que hay que tener en cuenta a la hora de gobernar. Nada raro, por lo demás, para una democracia.