Editorial: Ruido político

La defensa del gobierno frente a los múltiples señalamientos sobre la crisis que vive ha consistido en alegar que todo es producto del “ruido político” generado por quienes quieren mejorar sus opciones electorales para el 2016. “Hay mucho ruido político, sí, pero está en Lima; nosotros estamos escuchando la agenda del pueblo”, dijo, por ejemplo, el presidente Ollanta Humala unos días atrás. Mientras que la primera dama, desde su cuenta de Twitter, apuntó hace menos de una semana que la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y su equipo trabajan “por un Perú mejor, a pesar de tanto ruido electorero”.

Esta pretensión del oficialismo de atribuir sus males al espíritu de campaña que podría estar ya germinando en la oposición es, desde luego, disparatada. Nadie incurre en el ejercicio del espionaje, la actitud indulgente hacia los amigotes acusados de corrupción o el dispendio de improperios hacia los críticos por los afanes proselitistas de sus adversarios. Y menos aun, en la desaceleración económica o el manejo político inadecuado de iniciativas que perseguían propósitos razonables (como ocurrió con la ‘ley pulpín’).

Pero si solo fuera disparatada, la reacción del gobierno no pasaría de la anécdota. El problema, sin embargo, es que también constituye algo más. A saber, una forma de hacer oídos sordos a las exigencias de muchos sectores sobre las medidas que debe adoptar para que su reciente llamado al diálogo resulte verosímil.

Como hemos apuntado en estas páginas, semejante diálogo no es suficiente para restablecer la convivencia política civilizada y enrumbar otra vez al país por la vía del desarrollo, pero sí necesario. Y por eso se hace imprescindible evitar el espejismo de que tales demandas corresponden exclusivamente a la agenda de tal o cual potencial candidato. Un riesgo siempre presente cuando alguno de ellos habla con voz particularmente estentórea y parte de la prensa tiende a tratar sus palabras como pronunciadas por algún oráculo.

El pasado fin de semana, por ejemplo, Alan García declaró en una entrevista televisiva que hace falta reestructurar el Gabinete antes de iniciar el mentado diálogo. “Lo que el país tiene es una crisis de confianza. Cuando el país duda, hay que ofrecerle un equipo nuevo”, sentenció. Y con ello fundamentalmente se hizo eco de lo que muchos sectores –este Diario incluido– han reclamado en los últimos días. Pero poco después añadió: “He ido dos veces a Palacio llevando alternativas siendo ex presidente cuando se ofertó el diálogo, pero nunca me han escuchado”. Con lo que le dio un toque personal al reclamo.

De más está señalar que el líder aprista tiene todo el derecho de hacer esas observaciones y todas las que le parezca. En la medida en que provienen de un ex presidente de la República y del jefe de un partido con representación parlamentaria, además, sus pronunciamientos tienen ciertamente un valor especial... Pero no mayor que el de cualquier otro ex presidente (como Alejandro Toledo) o el del líder de otro partido que tenga tantas o más curules que el Apra en el Congreso (como el PPC o Fuerza Popular, por citar algunos casos).

A pesar de que dentro del juego político es natural que él o cualquier otro potencial postulante a la presidencia en el 2016 trate de convertir lo que constituye una amplia demanda ciudadana en una bandera propia, es menester evitar que ello ocurra. Porque si ya es difícil que el gobierno se avenga a bajar la cabeza y cumplir con los requisitos que la oxigenación de la atmósfera democrática exige, en el momento en que alguno de esos ingredientes se transforme en la reivindicación de un adversario tan caracterizado como García, el reacomodo devendrá en imposible, con un alto costo para el país.

Es fundamental por eso que tanto el cambio de ministros como las explicaciones sobre el seguimiento a distintos representantes del gobierno y la oposición, o la presión por dotar a la actual administración de una orientación que la sostenga hasta el 28 de julio del próximo año, permanezcan como un clamor general, compartido por todos los opositores y vastos sectores de la opinión pública. Solo así podrá evitarse que el gobierno se refugie en el fácil expediente de que únicamente se trata de un ruido atronador. O colosal.