Editorial El Comercio

“Solamente los espacios de diálogo van a sacar adelante al país. Yo no quiero entrar más en temas de carácter netamente político”, comentó hace poco más de un mes el presidente Pedro Castillo. Su tono afable no era novedad. Pero, a pesar de sus continuas y públicas referencias al consenso y a la búsqueda de caminos comunes con la oposición, desde el inicio de su mandato el jefe del Estado –en la práctica– ha dado todas las muestras de querer confrontar antes que conciliar.

La más reciente ha sido el nombramiento de , la censurada titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y, hasta hace poco, ministra de Cultura, al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Desde su curul congresal y desde sus espacios en el Gabinete, Chávez ha demostrado una vocación destacada por la defensa incondicional del presidente Castillo y de su . Más temprano que tarde, el tiempo de cosechar los frutos de su esfuerzo le llegó en la forma del fajín más poderoso.

La nueva directora de orquesta del Gabinete, sin embargo, carga con una pesada mochila a pesar de sus cortos 33 años. De acuerdo con un informe publicado ayer por la Unidad de Investigación de este Diario, en el 2016 Chávez fue representante de la Asociación por los Derechos de los Reclusos (Apoder), que defendía a los sentenciados Gerald Oropeza (narcotráfico) y Rodolfo Orellana (lavado de activos).

Respecto de Oropeza, la actual titular del Consejo de Ministros le envió también un correo electrónico a Aracely Oropeza López, hoy en prisión preventiva y hermana del sentenciado por tráfico ilícito de drogas, con indicaciones sobre documentos por entregar a distintas autoridades del Estado. En cuanto a Orellana, este señala en un escrito dirigido a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio que nombraría “a la Dra. Betssy Betzabet Chávez Chino, con casilla electrónica N° 55516, como mi abogada a fin de que brinde las facilidades el C.P.P.”. No hay nada ilegal, lógicamente, con representar los intereses de condenados por delitos sumamente serios, pero eso no significa que el nombramiento de estos representantes en lo más alto del Poder Ejecutivo no deba ser motivo de preocupación.

Aparte de su pasado, Chávez se tomó menos de 24 horas en el cargo para demostrar que no tiene mayor interés en el consenso con la oposición. En una resolución ministerial publicada el sábado, la también congresista nombró a Aníbal Torres, su polémico y locuaz antecesor en la PCM, asesor de su despacho. A su paso por la PCM, Torres se caracterizó por antagonizar e insultar a cualquiera que deslizara alguna crítica al trabajo del Gobierno. Su estela es una de atropellos, incompetencia, injurias y división. Y a eso ha decidido acercarse, nuevamente, la ministra Chávez.

Pero la lectura debe tomar una perspectiva más amplia. A fin de cuentas, Betssy Chávez es quien es; su perfil y preferencias en el poder pueden irse esclareciendo con el tiempo, pero en el fondo traen pocas sorpresas. La verdadera responsabilidad de un nombramiento en la PCM que solo germinará más polarización e incertidumbre es –como lo ha sido desde hace ya 16 meses– del presidente de la República.

Con su elección de titular de la PCM en reemplazo de Torres, el jefe del Estado ratifica que lo suyo nunca fue gobernar, sino explotar las vulnerabilidades institucionales del país para su beneficio y el de sus allegados. Y con esa perspectiva, el presidente quizá no habría podido escoger mejor alfil.

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