Editorial: Uno por veinte

No es fácil la decisión de gastar en seguros y prevención para mitigar riesgos. Si el temido evento no sucede –el incendio, la enfermedad, el accidente, la sequía, etc. –, uno puede sentir que ese dinero se fue al río.

Esta propensión para pasar por alto la prevención e invertir los recursos en bienes más concretos puede ser especialmente tentadora en el sector público, sobre todo cuando incentivos políticos entran a tallar. Una nueva vía asfaltada o una extensión de las áreas verdes –seguras y ciertas– traen más votos que una quebrada mejor protegida ante un inusual e improbable desastre.

En el sector público, la falta de prevención comienza con fallas y vacíos de información. Los servicios del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), del Senamhi, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros, deben ser fortalecidos y ampliamente difundidos entre el público y las autoridades con capacidad de ejecución. Es difícil prepararse para un eventual desastre si no se cuenta con información adecuada sobre su probabilidad de ocurrencia, ubicación y magnitud.

En el campo regional y municipal, la negligencia en la ejecución de obras de prevención es patente en algunos casos. Quizá el más llamativo en Lima sea el del muro de defensa ribereña del río Huaycoloro –cuyo caudal, como se sabe, se desbordó la semana antepasada y permanece como una amenaza–. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tenía desde mediados del año pasado presupuesto para ejecutar dicho proyecto, del cual solo se avanzó el 2,5% en su ejecución. La obra, pendiente de actualización, es viable desde el 2012.

Y si bien la situación no es muy distinta en muchos de los 1.090 centros poblados de todo el país identificados por la ANA como vulnerables por activación de quebradas para el período 2016-2017, la MML presentó, durante el 2016, uno de los menores índices de ejecución del presupuesto correspondiente a “reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”.

Más allá de la ejecución, la focalización presupuestal es también cuestionable. Las regiones donde se concentra un mayor número de habitantes en riesgo son Lima, Huánuco, Piura, Arequipa, Tumbes, Áncash y La Libertad. Sin embargo, para el 2017, el presupuesto en prevención no refleja esta realidad. Madre de Dios (S/103,7), Apurímac (S/58,9) y Ayacucho (S/53,6) son las regiones con mayor presupuesto por habitante, en tanto que Huánuco, Piura, Arequipa y La Libertad cuentan con S/30,9, S/25,6, S/23,1 y S/9,2 por habitante, respectivamente.

En el contexto nacional, el primer ministro Fernando Zavala admitió que “definitivamente, no estábamos preparados como país para este tipo de cosas”. Eso, a la fecha, queda claro. Pero difícilmente se pueda mejorar la preparación a futuro si el presupuesto asignado no refleja esta prioridad. Si en el 2016 el presupuesto para prevención de desastres –en vista del potencial fenómeno de El Niño del año pasado– fue de casi S/2.000 millones, para el presente año la misma partida tiene apenas S/973 millones.

Las condiciones climáticas empiezan a demostrar que esta sustancial reducción quizá haya sido un grave error. El MEF ha tenido ya que disponer la transferencia de recursos adicionales y también autorizar a ministerios y a gobiernos subnacionales a realizar modificaciones presupuestarias para financiar actividades de emergencia.

Algunas estimaciones señalan que por cada sol invertido en obras de prevención por activación de quebradas, la sociedad ahorra S/20,82 en daños posteriores. Si el efecto multiplicador de la prevención tuviese una potencia similar sobre las preferencias electorales, el resultado de las lluvias sería hoy distinto.

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