Editorial: La vida simple

Hace pocos días, el Poder Ejecutivo aprobó su quinto decreto legislativo utilizando las facultades otorgadas por el Congreso. Esta vez se trató de un conjunto de medidas destinadas a simplificar y, en algunos casos, eliminar una serie de trámites o requisitos a todas luces innecesarios. 

Muchos de los procedimientos impactados por este ‘paquete simplificador’ se harán realidad gracias al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de las entidades públicas. Varios otros, en cambio, serán más sencillos gracias a que las autoridades del Ejecutivo se dieron cuenta de que había exigencias y papeleos que debían desaparecer, pues su único fin era el de complicar la vida de las personas. 

Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tenido que sacar una copia de nuestro DNI o imprimir la ficha RUC para presentarla ante una institución estatal? ¿Por qué teníamos que ir a una dependencia estatal para sacar un certificado de antecedentes policiales o judiciales, u obtener una copia de un título universitario, para luego llevarla a otra entidad estatal? El gobierno felizmente entendió que estas diligencias generaban un malestar innecesario en cada ciudadano y, de manera agregada, un gasto millonario en papeleo y tiempo perdido, por lo que ahora los organismos públicos no podrán exigir esta documentación, a la cual podrán acceder gratuitamente bajo una plataforma interoperable por todas las entidades estatales.

De hecho, el acceso a Internet y la interconexión de las bases de datos de las entidades públicas son una tarea pendiente del Estado Peruano, y que no solo generan las complicaciones que comentamos previamente, sino que además limitan el correcto desempeño de sus funciones. 

Aprovechando la conexión digital, además, se han eliminado algunas obligaciones como la de presentar copia de los contratos de trabajo a la autoridad administrativa y la de registrar los convenios de prácticas preprofesionales, bastando que sean declarados a través de la planilla electrónica.

No menos importantes son las disposiciones aprobadas con respecto a entidades del sector Interior. Por un lado, el ciudadano ya no tendrá que pagar una tasa en el Banco de la Nación para obtener la primera copia de su denuncia policial, un pago que, además de hacer que la víctima asumiera un nuevo costo, desincentivaba a reportar los delitos (solo el 13% de quienes sufren un robo lo hace, según el INEI). Y por otro lado, ya no será necesario que miles de empresas de todo tamaño tengan que pasar por el calvario burocrático de pedir permiso a la Onagi cada vez que quieran lanzar una promoción comercial. Un trámite que nadie entendía y solo servía para restringir el dinamismo y la competencia en perjuicio de los consumidores.

Lo que tienen en común este primer grupo de medidas es que han procurado suprimir o reducir trámites que no tenían ningún beneficiario (salvo, quizá, los malos funcionarios que se aprovechaban del poder otorgado para obtener alguna prebenda a cambio de ‘sortear’ las trabas burocráticas). Y al no tener ningún beneficiario, su eliminación no debería provocar oposición alguna.

Esperamos que, efectivamente, se trate solo de un primer grupo y en las próximas semanas se observen más acciones para reducir la maraña burocrática. Y esta debería ser una tarea a la que también se aboquen el Congreso, el Poder Judicial y demás organismos estatales. Pues ¿qué mejores réditos políticos pueden obtener aquellas autoridades que logran ponerse en los zapatos del ciudadano para hacer su vida un poco más fácil?