Editorial El Comercio

A pocos días de terminar el año, ha llegado el momento de hacer balances, una tarea que al referirse a la política peruana resulta particularmente ardua, pues aquí se suceden cosas a tal velocidad que lo que hoy es un escándalo podría quedar eclipsado a la semana siguiente por la irrupción de otro. Y uno de los protagonistas del 2023 que mejor ilustra esto que decimos es, sin duda, el , que en estos 12 meses ha sido una fuente constante de malas noticias para los peruanos y que ya registra apenas un solo dígito de aprobación (7%, según Datum-El Comercio), en buena cuenta, por su predisposición para desmantelar las pocas reformas emprendidas en los años previos, su ataque a la prensa y a otras instituciones, y la inconducta de muchos de sus miembros, quienes además terminan siendo blindados por el resto de sus colegas.

Un ejemplo de lo primero es la insistencia que ha mostrado esta representación nacional en debilitar la reforma universitaria y especialmente al ente encargado de dirigirla: la Sunedu. Como recordamos, el año pasado el Parlamento aprobó una ley para alterar el consejo directivo del organismo que en febrero último se materializó en la elección de sus nuevos integrantes, algunos de ellos no exentos de cuestionamientos.

Pero la educación universitaria no fue la única víctima de este Legislativo, también la escolar. En setiembre, una mayoría de 101 congresistas aprobó una ley para beneficiar a más de 14.800 maestros que fueron cesados en el 2014 tras no aprobar la evaluación docente de dicho año, a fin de que una parte de ellos ingrese directamente a la carrera pública magisterial y otro tanto pueda hacerlo bajo ciertos requisitos. La medida, como dijimos en su momento, no solo supone un gasto millonario para el Estado, sino que también representa un ataque al corazón de la reforma educativa y al principio que supuestamente debía guiar esta: la meritocracia.

Tampoco faltaron los proyectos para horadar la reforma de transporte. En mayo, el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó un proyecto de ley para extender la formalización del servicio del taxi colectivo en regiones (un despropósito legado por el Congreso anterior) ahora también a Lima y el Callao. La iniciativa continúa en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y no es descabellado pensar que podría salir adelante con el apoyo de sus colegas.

La prensa y las instituciones también han sido un blanco este año. El ya mencionado congresista Montalvo, por ejemplo, presentó un proyecto de ley mordaza para incrementar las penas por los delitos de difamación y calumnia, que fue afortunadamente rechazado meses atrás. Ahora, sin embargo, ha vuelto a la carga formulando una iniciativa más grave. Mientras tanto, el Ministerio Público y el Poder Judicial han visto sus labores afectadas por varias leyes aprobadas este año para, por ejemplo, acortar los plazos de la suspensión de la prescripción o deformar la colaboración eficaz, una herramienta que ha sido crucial en tiempos recientes para desmantelar organizaciones criminales y conocer hasta dónde ha penetrado la corrupción en los casos más grandes, como Lava Jato o Los Cuellos Blancos del Puerto.

No podemos dejar de mencionar, por último, la manera como este Legislativo ha blindado a sus miembros en este 2023. Solo este año se descubrieron al menos diez casos de congresistas ‘mochasueldos’ y se amplió el elenco de los llamados ‘Niños’ que se hipotecaron al régimen de Pedro Castillo. Y lo que hicieron el resto de sus colegas fue proteger a estos legisladores y evitar que fueran sancionados ejemplarmente, como correspondía.

El Congreso ha sido, pues, uno de los protagonistas del año que se termina y por todas las razones equivocadas. Lo peor de todo, sin embargo, es que parece improbable que en el 2024 esto vaya a cambiar.

Editorial de El Comercio

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