De Twitter a la cárcel, por Andrés Calderón
De Twitter a la cárcel, por Andrés Calderón
Andrés Calderón

Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico

¿Puedo ir preso por tuitear noticias falsas sobre huaicos y desbordes? ¿Qué pasa si el post que colgué en Facebook anunciando que Sedapal había decidido cortar el agua por cinco días consecutivos estaba equivocado? ¿Y si compartí con mi grupo de ese audio que alertaba falsamente de saqueos en la ciudad?

“Mininter denunciará por delito contra la tranquilidad pública a quienes difundan información falsa que genere zozobra en redes sociales” es lo que anunciaba la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior hace algunos días, y el mensaje que repetía un spot televisivo del gobierno.

La divulgación de información falsa en épocas de emergencia es un problema serio. Más allá del tiempo que se pierde desmintiendo rumores errados, estos pueden motivar conductas irracionales (comprar excesivamente agua y víveres, por ejemplo), provocar inseguridad ciudadana y afectar la reputación de las autoridades al generarse la sensación de una situación de crisis que las desborda.

De otro lado, hay quienes critican que el Ejecutivo “priorice la judicialización de rumores de saqueo” (). Lo cual me lleva a plantear dos preguntas que intentaré responder sucintamente aquí: ¿Es legalmente posible condenar a alguien (un tuitero común y silvestre, digamos) por compartir información falsa? y ¿debería el Ejecutivo perseguirlos penalmente?

Empecemos por responder que sí hay un delito (grave perturbación de la tranquilidad pública), previsto en el Código Penal desde el 2013, que castiga la difusión masiva de “la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados”. El anuncio por redes sociales de un o un inexistente corte de agua calzaría dentro de la figura.

Creo, sin embargo, que esa ley tiene varios problemas que la hacen inconstitucional. En primer lugar, está la criminalización de cualquier difusión de información errónea, aun cuando no haya malicia de por medio. Me explico: alguien puede publicar una alerta creyendo que era verdadera, pero resultaba equivocada. La ley no hace distinción alguna. Troles e ingenuos, todos a la reja.

La mayoría de países que protegen la libertad de expresión no castiga la sola difusión de información falsa. Incluso en los casos de difamación –donde hay un componente adicional de afectación de la reputación ajena– se exige una actitud dolosa (propagar algo falso a sabiendas de que lo es) o una irresponsable despreocupación por la verdad (‘reckless disregard for the truth’). ¿Por qué? Porque si sancionáramos cualquier divulgación de información falsa o errónea, muchas personas dejarían de emitir opiniones o compartir información correcta bajo el temor de que, si se equivocan, serían penadas. Necesitamos tolerar el error y la falsedad inocentes para resguardar la libertad de expresión.

Otro problema es la vaguedad y amplitud del delito. ¿Toda información falsa puede alterar la tranquilidad pública? ¿Basta cualquier daño potencial, así sea mínimo? ¿Da lo mismo que un medio de prensa anuncie un saqueo que un tuitero con 50 seguidores diga incorrectamente que su vecino no tiene agua? Si así fuera, preparémonos para la verdadera sobrepoblación carcelaria.

Lo que me lleva a la segunda pregunta. Con una mala ley, el gobierno no debería perseguir a todos los que difunden información falsa. Quizá solo (y civilmente) a quienes actúan dolosamente. Y más importante que anunciar que castigarán a los que crean psicosociales, es identificarlos y exponerlos públicamente. Eso podría generar mayor tranquilidad en la ciudadanía, al constatar con casos reales que ese chisme que se aprestaban a compartir era falso y malicioso. 

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