Actualización: La tarde de este lunes, el empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado durante la madrugada del domingo en Trujillo, fue liberado cerca de su vivienda, según información a la que pudo acceder El Comercio. De manera preliminar, se conoció que su familia habría pagado una suma de dinero para conseguir su liberación. Sin embargo, las circunstancias y condiciones en las que esta se produjo todavía son materia de investigación.
Horas antes, durante la mañana, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, informó sobre la captura de presuntos implicados en el ataque y señaló que se vienen realizando las diligencias necesarias para esclarecer el crimen. El secuestro de Lara Tantaquilla ocurrió durante una incursión armada que dejó cuatro personas asesinadas y que ha vuelto a poner bajo la lupa las actividades de organizaciones criminales que operan en Trujillo.
El secuestro de Jenns Lara Tantaquilla, ocurrido durante un ataque que dejó cuatro personas asesinadas en Trujillo, no era el primer episodio de este tipo que golpeó a su círculo cercano. Un antecedente registrado en su propio entorno familiar cobra ahora relevancia para las pesquisas y podría ayudar a determinar si el empresario y las personas cercanas a él ya habían sido identificados anteriormente por organizaciones dedicadas a este tipo de delitos.
Según información conocida por este Diario, aquella persona fue secuestrado y posteriormente liberado después del pago de una importante suma de dinero.
Testimonios a los que accedió El Comercio revelaron que aquel episodio se mantuvo bajo reserva y fueron pocos los detalles que trascendieron sobre las circunstancias en las que ocurrió, el tiempo que la víctima permaneció retenida o las negociaciones que permitieron su liberación.
El entorno familiar optó entonces por evitar la difusión del caso mientras se buscaba recuperar con vida a la víctima.
Este antecedente confirma lo revelado por agentes policiales inmersos en la investigación, que las organizaciones criminales habían identificado previamente al entorno de Lara Tantaquilla como un objetivo con capacidad económica para afrontar el pago de rescates.
Las primeras pesquisas detallan los criminales conocían los desplazamientos habituales del empresario, los vehículos que utilizaba y las personas encargadas de su seguridad.
El nivel de violencia desplegado es uno de los elementos que ha llamado la atención de los investigadores. Los delincuentes no solo interceptaron el vehículo, sino que asesinaron a Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez antes de llevarse al empresario. Según información preliminar, estos dos últimos formaban parte de su personal de resguardo.
El nombre de Lara Tantaquilla apareció en febrero del 2020 en una investigación publicada por El Comercio y Mongabay Latam sobre una presunta organización criminal denominada “Los Topos”, dedicada, según las autoridades, a la extracción y comercialización ilegal de oro.
El caso había dado lugar a un megaoperativo que movilizó a 47 fiscales y 1.200 policías en cinco regiones del país y terminó con la detención de 18 personas. La intervención comprendió nueve socavones ubicados en Parcoy, provincia de Pataz, y se extendió a Piura, Lima, Ica y Arequipa.
Las autoridades estimaron entonces que el oro incautado podía alcanzar un valor cercano a los US$10 millones. La investigación había reconstruido una cadena que comenzaba con la extracción del mineral en Parcoy, continuaba con su traslado hacia centros de almacenamiento y plantas de procesamiento y terminaba en el Callao, desde donde el producto podía ser enviado a mercados de Asia y Europa.
Uno de los aspectos centrales de las pesquisas fue determinar cómo el mineral obtenido ilegalmente adquiría una apariencia de legalidad durante ese recorrido.
La Fiscalía y la Policía concluyeron entonces que integrantes de la organización utilizaban documentación correspondiente a personas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Durante aproximadamente seis meses, entre febrero y julio del 2019, agentes policiales y fiscales realizaron seguimientos a camiones que trasladaban toneladas de mineral desde inmuebles ubicados en la carretera de Parcoy.
Las cargas pasaban por centros de almacenamiento en Trujillo y posteriormente eran trasladadas hacia plantas de beneficio ubicadas en Piura, Lima, Nazca y Arequipa. Finalmente, parte del mineral llegaba al Callao.
El expediente fiscal al que accedió Mongabay Latam identificó a cuatro personas inscritas en el Reinfo cuyos documentos habían sido utilizados en más de una oportunidad para transportar mineral y darle apariencia de procedencia legal.
Una de ellas era Jenss Marty Lara Tantaquilla.
Según aquella investigación, en marzo del 2019 se transportó una carga de 17 toneladas de mineral aurífero utilizando documentos de Matwork, empresa perteneciente a Lara Tantaquilla.
En ese momento, el empresario figuraba inscrito en el Reinfo con dos concesiones ubicadas en el distrito de Chillia, en Pataz.
La investigación detectó, sin embargo, una inconsistencia que resultó determinante: las concesiones consignadas en la documentación se encontraban en lugares distintos de los inmuebles de Retama, en Parcoy, desde donde había partido el oro.
Las autoridades realizaron entonces constataciones en las zonas declaradas por los titulares inscritos en el Reinfo.
“La concesión la tienen en determinado lugar, pero nosotros descubrimos que ahí, donde indica la inscripción en el Reinfo, no hay actividad minera. He ido a todas las concesiones y no encontramos ninguna actividad minera ni mineral. Entonces, el oro salió de otro lugar”, explicó en aquel momento el fiscal encargado de las investigaciones.
La hipótesis de las autoridades era que documentos correspondientes a inscripciones reales en el Reinfo eran utilizados para sustentar que el mineral procedía de concesiones autorizadas, cuando en realidad había sido extraído de otros lugares.
La investigación periodística de 2020 no establece que Lara Tantaquilla haya sido uno de los 18 detenidos durante el megaoperativo ni consigna una sentencia condenatoria en su contra. Sí documenta que su nombre y los documentos de Matwork figuraban dentro del expediente fiscal analizado.
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