El Ministerio de Educación (Minedu) informó que entre el 1 de abril de 2024 y el 29 de mayo de 2025 ha separado a un total de 972 personas –831 docentes y 141 trabajadores administrativos (por contar con condenas o procesos judiciales por delitos graves, como violación de la libertad sexual, terrorismo, homicidio doloso, feminicidio y parricidio, entre otros). Estas personas trabajaban en 844 instituciones educativas públicas y 128 privadas.
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De los 972 separados, 162 fueron retirados de forma definitiva al tener sentencias condenatorias emitidas por el Poder Judicial. Además, 810 docentes y administrativos que se encuentran actualmente procesados judicialmente han sido separados de manera preventiva, en resguardo de la comunidad educativa.
El mayor número de casos corresponde a delitos contra la libertad sexual, con 815 personas implicadas (703 docentes y 112 administrativos). También figuran 75 personas vinculadas a terrorismo o apología del terrorismo, 22 por tráfico ilícito de drogas, 20 por homicidio doloso, y 11 por proposiciones sexuales a menores a través de medios tecnológicos.
En los casos más graves, se identificó que dos docentes están siendo procesados por feminicidio, y un trabajador administrativo fue separado definitivamente por tener una sentencia por parricidio.
El ministro de Educación, Morgan Quero, remarcó que esta labor es parte del compromiso del sector para garantizar entornos escolares seguros:
“Estamos trabajando permanentemente para detectar y retirar del sistema educativo a cualquier persona que represente un riesgo para nuestros estudiantes”, afirmó.
La medida se ampara en la Ley 29988, que regula acciones extraordinarias para remover del sistema educativo a quienes enfrenten denuncias o condenas por delitos como terrorismo, violación sexual y tráfico de drogas.
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Adicionalmente, el Minedu mantiene bloqueados a 2,086 docentes, denunciados por faltas muy graves –entre ellas violación sexual y terrorismo– quienes están impedidos de ser contratados o nombrados en colegios públicos y privados del país.
Estas acciones buscan reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, y consolidar espacios escolares seguros y libres de violencia.
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