Proyecto Alto Piura en investigación: Lava Jato llega al norte

El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), que busca incorporar 19 mil hectáreas y optimizar otras 31 mil en el valle del Alto Piura para cultivos de agroexportación, está en el ojo de la tormenta.

La empresa brasileña Camargo Correa –que en el 2010 suscribió el contrato para ejecutar la primera etapa de la obra, pero que la interrumpió en el 2013– anunció que negocia la colaboración eficaz con el Ministerio Público de Brasil para esclarecer algunos pagos irregulares realizados en el Perú. 

En nuestro país, las investigaciones por presuntas anomalías en la ejecución de este contrato se iniciaron en el 2012, en la fiscalía especializada en corrupción de funcionarios de la región. Allí se investiga a la firma Motlima –que hizo el primer expediente técnico del Peihap, con el que se licitó la obra– y a ex funcionarios del Gobierno Regional de Piura. 

La acusación: presunta colusión desleal agravada en el otorgamiento de la buena pro y en la elaboración del documento. Entre los imputados, está el ex presidente regional César Trelles Lara, quien postuló al cargo por el Partido Aprista Peruano y tiene una afiliación vigente.

El caso estaba en etapa de formalización de la investigación preparatoria. No obstante, el anuncio de Camargo Correa en Brasil ha motivado su reapertura y la inclusión de nuevas instancias en la investigación. 

—Los antecedentes—

De acuerdo con el actual gerente del Peihap, Carlos Pagador, el Ministerio Público y el Congreso le han solicitado información sobre la ejecución del proyecto a cargo de Camargo Correa. La pieza central sobre la cual giran las investigaciones es el informe en minoría del ex congresista Juan Pari, difundido a fines del año pasado.  

Ese documento reveló que hubo un perjuicio económico al Estado, debido a que el Peihap se licitó sin tener aún un expediente técnico definitivo, cuyas fallas nunca se corrigieron. Esto sucedió en el 2010, durante la gestión de Trelles Lara.

En el 2013, cuando Javier Atkins era presidente regional, se resolvió el contrato con Camargo Correa por algunas controversias económicas. Actualmente, como parte de un arbitraje, el gobierno regional exige a la empresa brasileña S/70 millones como reparación, mientras que Camargo Correa pide S/310 millones.

—El informe Pari—

Según el informe Pari, se llegó a la conclusión de que los dos ex presidentes regionales (Trelles Lara y Atkins) estuvieron involucrados en presuntas irregularidades durante la adjudicación del proyecto a Camargo Correa.

En su defensa, Trelles Lara dijo ante la Comisión Pari que él no tenía responsabilidad alguna en los presuntos actos de corrupción, ya que había autorizado al entonces gerente del Peihap Humberto Correa a firmar los adicionales de obra. Estos habrían permitido resolver fallas del primer expediente técnico inconcluso.

Sobre Atkins, el informe Pari determinó que, en el 2014, firmó un contrato de supervisión por S/35 millones con el Consorcio Supervisor Hidráulico, formado por Acruta & Tapia Ingenieros, Peico y la investigada Motlima. Este consorcio es el supervisor actual de la obra.  

El informe también involucró en las presuntas irregularidades al actual presidente regional Reynaldo Hilbck.

—El factor Hilbck—

Durante el gobierno de Atkins, Hilbck se desempeñó como presidente del directorio del Peihap (entre enero del 2011 y julio del 2013). En su gestión, se firmaron nueve adicionales de obra a favor de Camargo Correa por S/183 millones, cifra que representaba un 38,26% extra del valor total del proyecto.

“Hilbck permitió las autorizaciones de adicionales de obra a pesar de que los avances físicos de estas eran insuficientes. Además, se muestra, según los detalles de las actas a la cual ha tenido acceso esta comisión, que Hilbck sí habría conocido las irregularidades de cómo se había gestado el proyecto”, señaló el informe Pari.

El Comercio buscó a César Trelles Lara y Javier Atkins, pero no obtuvo respuesta. No obstante, Hilbck y Atkins dijeron previamente que colaborarán con las investigaciones y negaron estar implicados en actos de corrupción en el Alto Piura.

Compás de espera

La Comisión de Fiscalización del Gobierno Regional de Piura investiga desde hace dos semanas las irregularidades cometidas por la constructora brasileña Camargo Correa en torno al proyecto de irrigación.

Su presidente, el consejero regional Eligio Sarango, señaló a este Diario que, en las próximas semanas, se reunirán con el parlamentario Víctor Albrecht (Fuerza Popular), presidente de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República.

Por otro lado, la parlamentaria Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso), integrante de ese grupo de trabajo, reveló a El Comercio que se citará a los ex gobernadores regionales César Trelles Lara,  Javier Atkins y a la actual autoridad de Piura, Reynaldo Hilbck.

Asimismo, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que hoy investiga el Caso Lava Jato en nuestro país, informó que abrirá una carpeta para indagar sobre las presuntas irregularidades cometidas entre Camargo Correa y los ex funcionarios del Peihap.

El proyecto hoy está paralizado

Segunda licitación

En diciembre del 2015, el Peihap se licitó por segunda vez para la ejecución de la primera etapa. Ganó el consorcio peruano-italiano Obrainsa Astaldi, por un monto de casi S/500 mlls.

Visto bueno

El proyecto está paralizado desde hace casi tres meses, debido a que se requiere la aprobación de S/5,8 millones para la perforación del túnel trasandino de 13 kilómetros.

Obra inicial

El túnel permitirá el trasvase de las aguas del río Huancabamba para irrigar 19 mil hectáreas del Peihap. El visto bueno para su ejecución depende del Gobierno Regional de Piura.

Datos

El Peihap busca incorporar 19 mil hectáreas de cultivos en el valle del Alto Piura. Otras 31 mil hectáreas serán optimizadas.

Según el Peihap, 400 mlls. de dólares es el valor bruto de la producción agrícola proyectada en el Alto Piura.