Abogada de Keiko Fujimori: “No se puede reconocer algo que desconocíamos”

La abogada de Keiko Fujimori, Guiliana Loza, señaló que ni ella ni su patrocinada conocían del supuesto aporte a la campaña de Fuerza 2011 por parte de un empresario que no quería figurar en los registros del partido, tal como reconoció el ex ministro Jaime Yoshiyama, hoy con orden de prisión preventiva por 36 meses.

Sin embargo, Guiliana Loza sí remarcó que de llegar a comprobarse que este dinero tiene origen lícito, mas no de la caja 2 de la constructora Odebrecht como argumenta la fiscalía, se caería la tesis del presunto lavado de activos, lo que motivó la orden de prisión preventiva para su defendida.

“[¿Lo sabía?] No. Tampoco [Keiko Fujimori]. Muchos me han preguntado por qué nosotros no reconocíamos eso, y mi respuesta ha sido cómo vamos a reconocer algo que desconocíamos. No se puede reconocer algo que desconocíamos”, dijo Guiliana Loza en el programa “Todo empieza aquí” de RPP.

Jaime Yoshiyama, a través de su abogado, reconoció haber recibido aproximadamente US$800 mil durante la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 por parte de un empresario que quería permanecer anónimo. Asimismo, su sobrino, Jorge Yoshiyama, reconoció haber ayudado a simular aportes a pedido de su tío siempre con dinero en efectivo.

Sobre esto, la abogada mencionó que “sin lugar a dudas el escenario ahora cambia por este reconocimiento de los señores Yoshiyama” y que, “en tanto ellos lo han declarado, si la fuente es lícita, pues no estamos aquí ante un acto de lavado de activos”.

“Habría que distinguir. Si estamos dentro de lo primero, bajo el reconocimiento de los señores Yoshiyama de que sería fuente lícita, no habría lavado y sería más un acto administrativo, que ni siquiera acto ilícito sería. En cuanto a lo segundo, a los testigos, ese es un acto que está en investigación en este momento de parte de la fiscalía”, refirió Loza.

─Pide investigación a juez─
Por otro lado, Guiliana Loza indicó que este lunes volverán a dirigirse a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial puesto que, a su juicio, debería de iniciarse una investigación al juez Richard Concepción Carhuancho al no haber elevado su apelación a la orden de prisión preventiva contra Fujimori a la segunda instancia.

“El Código Procesal Penal establece que debe subirse dentro de las 24 horas, y ya nos acaban de responder que sería a más tardar el 30 de noviembre; con lo cual un plazo de 24 horas se está convirtiendo en un plazo de 24 días”, refirió la abogada de Keiko Fujimori.

A juicio de Loza, el magistrado de la Sala Penal Nacional “lejos de cumplir lo que establece el ordenamiento procesal penal”, “está desobedeciendo este”.

“OCMA debiera de iniciar una investigación y, luego de ella, de ser el caso ─como lo ordena el ordenamiento procesal penal─ establecer una responsabilidad. La responsabilidad o la sanción que amerite”, puntualizó Guiliana Loza.