El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre la investigación sumaria de la Comisión de Justicia del Congreso a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y consideró que “es como cualquier otro proceso”.
En declaraciones a este Diario, afirmó que “es una apreciación incorrecta” cuando se dice que existe peligro en la separación de poderes, por cuanto cada institución tiene una función que cumplir y no se pueden restringir sus prerrogativas constitucionales.
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“Es como cualquier otro proceso de investigación. Esperemos que se dé ceñido al debido proceso, que se respeten los plazos y que se resuelva con objetividad. Esa es la mayor invocación que vamos a hacer”, expresó.
“No (hay peligro en la separación de poderes), es una apreciación incorrecta, vivimos en un estado constitucional de derecho y cada institución tiene una prerrogativa, una función, es como pedirle a un juez que no sentencie, a un fiscal que no acuse, o a un policía que no intervenga. Una cosa es el abuso de poder y otra muy distinta restringir la prerrogativa constitucional”, agregó.
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Finalmente, Josué Gutiérrez refirió que cualquier investigación que lleve a cabo el Congreso debe hacerse premunido de las garantías constitucionales y dijo que la Defensoría del Pueblo estará vigilante que este punto se cumpla.
“Los procesos investigatorios en el Congreso de la República están regulados por un manual. No existen en términos de procedimientos procesos sumarios, lo que existen son plazos y si el plazo de 14 días no calza con las actuaciones que tienen que realizarse, simplemente tienen que pedir una ampliación”, subrayó.
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“Tenemos que ser muy cuidadosos en que todos estos asuntos, sea quien sea, donde asume un nivel de intervención el Congreso de la República, lo haga siempre premunido de las garantías constitucionales y nosotros como Defensoría siempre estaremos vigilantes que estos asuntos de investigación sean manejados dentro del ámbito que corresponde”, sentenció.
Como se recuerda, el pleno del Parlamento aprobó una moción que permite a la Comisión de Justicia una investigación “por falta grave” de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y le otorga 14 días para el proceso.
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La legisladora busca la destitución de los siete integrantes de la JNJ al considerar que utilizaron a la institución como una herramienta política. Esto por el pronunciamiento que dieron sobre el caso de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
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