La Contraloría General de la República (CGR) denunció este viernes amenazas y hostilización del gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, contra el personal encargado de realizar acciones de control en la empresa estatal.
Según manifestaron en un comunicado, el órgano de control ha sufrido “limitaciones” para realizar su labor en actos como la toma de testimonios y declaraciones de funcionarios involucrados en las indagaciones de la adquisición del biodiésel B100. Esta es precisamente la licitación por la que Chávez Arévalo es investigado por la fiscalía.
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La contraloría indicó que la negativa de funcionarios a declarar es porque alegan que ya lo hicieron ante el Ministerio Público. Sin embargo, el órgano de control sostiene que ambas entidades tienen funciones distintas.
La CGR también realiza acciones de control sobre el supuesto uso irregular de un vehículo asignado a Chávez Arévalo. En este caso, indicaron que la empresa ha dado información parcial y que “no responde claramente a las preguntas formuladas por el órgano de control, lo que consta en documentos”.
En otro punto del comunicado, expresaron que el 18 de febrero hubo llamadas de la gerencia general de Petro-Perú a la jefatura del órgano de control institucional (OCI) para “reclamar de manera airada, lanzando improperios y se amenazó con represalias al jefe y el personal”. Esto se basa en lo informado por el propio jefe de la OCI de la petrolera.
Agregaron que las amenazas se concretaron con “el retiro sin previa coordinación de los abogados asignados al OCI, que venían participando de las investigaciones, entre otras restricciones”.
—Informarán a fiscalía—
Para la contraloría, estas conductas “limitan y obstruyen” su labor y van contra las disposiciones que establecen que funcionarios y servidores públicos están sujetos a sus acciones de control.
“Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio del control gubernamental, es una infracción considerada grave”, advirtieron.
Finalmente, indicaron que los hechos ya fueron informados al presidente del directorio de Petro-Perú y que también serán comunicados al Ministerio Público.
Petro-Perú respondió con un comunicado en el que rechaza las afirmaciones de la contraloría. Según la empresa estatal, las amenazas denunciadas por el jefe de la OCI son apreciaciones subjetivas. Agregó que se deben “tomar las medidas correctivas correspondientes”.
También aseveró que el personal de la OCI amedrentaba a funcionarios de Petro-Perú y que les solicitaba información con plazos poco razonables. Sobre los abogados retirados, la petrolera aseguró que estos pertenecen a su Gerencia Corporativa de Cumplimiento y que los mismos se encontraban destacados temporalmente al OCI.
La fiscal anticorrupción Norah Córdova investiga a Chávez Arévalo, junto a la empresaria Karelim López y a otros funcionarios de Petro-Perú por el presunto delito de colusión en el caso de la adquisición de biodiésel B100. A raíz de este caso, todos los mencionados están impedidos de salir del país.
El penalista Andy Carrión consideró que lo denunciado en este comunicado de la contraloría podría llevar a que la fiscalía abra una nueva investigación a Chávez Arévalo por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
A su criterio, la fiscal Córdova también podría incluir estos hechos en su caso para ampliar la investigación al funcionario y acreditar peligro procesal de su parte en caso de que solicite para él una medida como la prisión preventiva.
Pedro Castillo en actividad oficial
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