Ministro Félix Chero defiende proyecto de ley sobre filtración de información, pese a las críticas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aseguró que el proyecto de ley que están evaluando en su sector para sancionar a jueces y fiscales que filtren información y testimonios reservados no perseguirá a los periodistas que todavía tendrán acceso a sus propias fuentes.

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“La prensa tiene formas y medios de buscar información y eso es legítimo. Nadie va a cuestionar que los medios de comunicación accedan a información de calidad porque la Constitución y los tratados internacionales les protege la reserva de la fuente. Lo que no sucede con jueces y fiscales vierten esta información sabiendo que tiene una responsabilidad funcional”, señaló este jueves.

Chero respondió a las críticas contra la posibilidad de que presenten este proyecto señalando que todavía está siendo evaluado y que ni siquiera ha sido debatido en el Consejo de Ministros, y recordando que esto ya se encuentra sancionado en el Código Procesal Penal con sanciones administrativas graves.

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“No podemos politizar la función fiscal y judicial que es autónoma, exclusiva y excluyente. No se pueden revelar fuentes de información fiscal y eso es lo que estamos tratando de corregir con un proyecto que será discutible, será debatible, pero hemos señalado con claridad que ese proyecto no persigue de ninguna manera que la prensa vaya a tener cuestionamientos por información que busque en base a fuentes confiables”, agregó.

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Gremios de prensa critican proyecto

El ministro de Justicia anunció que iban a presentar un proyecto para sancionar con prisión suspendida a jueces y fiscales que sean responsables de filtrar testimonios o elementos de investigación reservados.

Esto, cuando se han conocido en los últimos días testimonios de colaboración eficaz y audios de fuentes reservadas que están en manos del Ministerio Público y que implican al presidente Pedro Castillo y a personas de su entorno como Bruno Pacheco y el exministro Juan Silva, ambos prófugos.

Ante esto, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) calificó esto como un “potencial riesgo” para la actividad que realizan los periodistas, pues considera que obstruye el aporte de la justicia a la investigación de la prensa.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también hizo lo propio y cuestionó el proyecto porque intenta obstruir el aporte de la justicia a la investigación periodística, por lo que enfatizó que están vigilantes de leyes que perjudiquen la labor de la prensa.