Hace mucho tiempo que en América Latina llegamos un concepto integral de los fraudes: no radican solo en la distorsión de las cifras sino en la manipulación de los factores previos. Se cocinan a fuego lento con entes cooptados, prensa parametrada, oposición acosada y –como en Venezuela- hasta con la líder de la oposición María Corina Machado inhabilitada. La oposición venezolana aceptó todas esas y más condiciones adversas, y a diferencia del 2018 cuando decidió no participar; se lanzó al foso de las inequidades. Para sorpresa de todos, las encuestas mostraron que el candidato de repuesto, el desangelado diplomático Edmundo González, recibió el pleno endoso electoral de Machado y se convirtió en el nuevo favorito. Valga este preámbulo para explicarnos porque, apenas difundido en la madrugada del lunes pasado por el CNE (Consejo Nacional Electoral), el resultado favorable al jefe de la ‘dictadura semi competitiva’ (ciencias políticas dixit); todos tomaron posición sin miedo a equivocarse. Perú ganó la carrera de velocidad. Fue el primer país –así lo destacaron portadas internacionales- en reconocer oficialmente a González.
¿Nos apuramos?
El canciller Javier González Olaechea (JGO) se reanimó con el shock de Maduro, tras lo mal que la pasó el 28 durante el mensaje presidencial de cinco horas (se durmió en vivo, sin codazos solidarios de sus colegas). El lunes temprano, estaba posteando y declarando en RPP –me tocó participar en esa entrevista- su indignación. Su principal argumento era que, a través del link que compartió Machado para visualizar un buen porcentaje de las actas, ya podíamos estar convencidos de que había un fraude. Quería marcar la cancha con un primer argumento que ha sido el mayoritario: exigir que el conteo del CNE se transparente. De paso, para la interna, ha quedado que Boluarte le dio carta blanca para postear y ejecutar mecanismos diplomáticos agresivos.
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La idea de revitalizar el fenecido Grupo de Lima (GL), si se evaluó, quedó descartada (Torre Tagle no tiene la misma convocatoria que tenía en el 2017, antes de que empezara nuestra espiral de vacancias y sucesiones y lamentáramos los muertos de las protestas anti Boluarte). JGO posteó una foto suya con maletín de viaje, anunciando que estaba rumbo a la reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington el miércoles. Pero ya antes de partir, el martes, había anunciado el reconocimiento de González. Ello es consistente con los antecedentes de severidad del GL, ¿pero lo es con el principal argumento contra Maduro?
El reconocimiento peruano a González despunta en el mapa aunque no se condice con el reclamo unánime, al que se ha plegado el Perú colectivamente, de exigir que se transparente el conteo del CNE. La posición de EE.UU. se acerca a la peruana: felicita a González ‘por su campaña exitosa’ pero aún no lo reconoce oficialmente como presidente. Panamá y Paraguay sí han sido explícitos al paso de los días. La contradicción es que si se le imputa ilegalidad a Maduro por forzarse ganador sin publicar las actas, no se debiera hacer algo equivalente con el adversario, según ha apuntado el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, partidario de otra forma de negociación. Ahora bien, la oposición sí muestra las actas a las que pudo tener acceso y que le dan una abrumadora ventaja (los invito a comprobarlo viendo varias actas al azar como yo he hecho); pero el quid de la solución al conflicto sería que lo haga el CNE y sea verificado por opositores y terceros.
Precisamente, según registraron notas internacionales (EFE, entre otros), fue una frase explícita sobre la imperiosa verificación del conteo en manos de veedores neutrales lo que frustró el consenso en la OEA. Perú y Panamá, según esas fuentes, insistieron en ello al punto que no se llegó a ningún acuerdo, pues a algunos les pareció injerencista, y fue por ello que se pasó a votar. JGO creyó que en la sesión continuaría el debate antes de votar y se contrarió cuando vio que no sería así. Se quejó y el presidente temporal del consejo, el representante de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, le respondió ásperamente. Es probable que el sentimiento de culpa por el maltrato, hizo que, tras la votación, le diera la palabra y le permitiera hablar por más de media hora sin interrumpirlo. Al final, Sanders volvió a ser áspero restregándole a JGO no haber sido respetuoso ni con el tiempo ni con el voto ajeno.
La OEA también está polarizada entre las nuevas derechas de la región (Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Paraguay, entre otros) y las izquierdas persistentes (Brasil, México, Colombia, Honduras) sumadas al grupo de los pequeños países caribeños que reciben el petróleo barato de Venezuela. Así se hundió la débil moción. Perú no persuadió, polarizó. JGO consiguió algunos aplausos pero, también, un grito femenino destemplado, impertinente, que reclamó ‘¡libertad para Pedro Castillo!’ y espetó un ‘!Dina asesina!’. Gracias a una fuente cercana a la OEA hemos identificado a quién sería la autora de los improperios: Lucy Pagoada, esposa de Roberto Quesada, representante de Honduras ante la OEA, que tuvo la ocurrencia de invitar a su consorte sin advertirle que se calle. Valga recordar que la presidenta hondureña Xiomara Alfaro fue la única que declaró explícitamente que la presidencia de Boluarte era ilegítima, algo que no pasó ni con AMLO ni con Petro.
Para rematar el cuento de la OEA, vaya esta ironía: al día siguiente, los gobiernos de Brasil, Colombia y México, difundieron un comunicado conjunto en los mismos términos que un día antes se negaron a avalar. Boric, cuya cancillería sí votó por la moción de la OEA, también se sumó a esta posición de los 3, con un post en el que contó que conversó con Petro. JGO prosiguió su cruzada, diciendo que contribuir a la solución de la crisis venezolana es quizá su ‘mayor reto’ como canciller y replicando a Diosdado Cabello, el más connotado chavista después de Maduro, que lanzó provocaciones al aire, que ya veremos ‘a las ratas en sus madrigueras’. Fue en un acto de aniversario de Torre Tagle en el que hubo varios ex cancilleres (más no Rodríguez Cuadros). Mientras, en el otro extremo, AMLO, Petro y Lula, según ha contado “El País”, tratan de provocar un encuentro entre Maduro y González (sin María Corina) para negociar una salida pacífica del primero. Mañana lunes sería otro día crucial, pues se vence el generoso plazo que un tribunal venezolano ha dado al CNE para que muestre las actas.
En medio de sus varios frentes abiertos, el de Perú es irritante para Maduro. No solo por el recuerdo del Grupo de Lima sino por haber perdido al aliado Pedro Castillo (aunque no le fue de gran ayuda). Al reconocimiento oficial de González replicó con la ruptura de relaciones y mencionó así a los autores del gesto: “el gobierno no electo, repudiado por su pueblo, del Perú”. Desde el 2017, cuando PPK quiso tener el liderazgo de la respuesta diplomática y humanitaria ante la crisis originada por el chavismo, nuestra respuesta ha sido mucho más ideológica que práctica. Mientras Chile cerraba tempranamente sus fronteras a los venezolanos pidiendo visas; acá se les extendía un permiso (el PPT) y casi se alentaba la migración como una forma de visibilizar el fracaso del ‘socialismo del siglo XXI’. Recién unas temporadas después, ante la masividad del flujo migratorio que burlaba la porosidad de las fronteras, se cambió de parecer. Pero tenemos una gran colonia, algo mayor de la que hubiéramos tenido sin la decisión política de PPK, que puede generar presión mientras las relaciones permanezcan rotas y se complique su estatus legal.
Quiero ver las actas
La izquierda de la región encontró un límite a su temperamento fraudista. Presidentes de izquierda como Lula de Brasil y Gabriel Boric de Chile, desmarcaron desde antes de las elecciones. Luego, se ha sumado con AMLO y con Petro, al pedido de que se transparenten las actas. El Grupo de Puebla, que reúne a personalidades de izquierda de la región, y el Foro de Sao Paulo, que reúne a partidos, guardan silencio sobre el tema. El escándalo es tan grande que los partidos no se ponen de acuerdo ni en sus cúpulas ni, menos, entre ellos. La narrativa de que los bloqueos y sanciones económicas impuestas por parte de la comunidad internacional son la causa de la crisis económica venezolana, aún sirve a la izquierda para justificar a Maduro (a pesar de análisis e informes de entes neutrales que concluyen que la crisis empezó antes de los castigos y que estos se dirigen a personas y empresas, tratando de no golpear la economía popular); pero no sirve para justificar un fraude.
La principal líder de izquierda, Verónika Mendoza, fue comprensiblemente asediada con preguntas al respecto. Al no haber una posición de su grupo, Nuevo Perú por el Buen Vivir, ella posteó un hilo en X en el que, sin mucho entusiasmo, se pliega al pedido de ‘transparentar’ las actas. Ese argumento ineludible, sin embargo, no persuade a los congresistas de Perú Libre. Kelly Portalatino, que estuvo en Caracas el día de las elecciones, me dio a entender que basta con la proclamación del CNE para creer en el triunfo de Maduro. Su correligionario Waldemar Cerrón, por otro lado, no ha objetado el comunicado de la mesa directiva del Congreso, de la que él es segundo vicepresidente, que, líneas más líneas menos, también pide al gobierno de Maduro y al CNE, mostrar sus actas. Además del propio Maduro, la izquierda que no se atrevió a censurarlo y el consejo permanente de la OEA, que lució su entrampe; han sido los más golpeados en esta crisis.
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