Subcomisión aprueba denunciar y suspender a Betssy Chávez: ¿Qué sigue en el proceso por el golpe de Estado?

A casi tres meses del golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este lunes no solo denunciar a la ex jefa del Gabinete, Betssy Chávez, y al exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, por rebelión y conspiración, sino también su suspensión como congresistas, mientras duren las pesquisas en su contra en el Ministerio Público.

En la acusación constitucional, que ahora deberá ser debatida en la Comisión Permanente y luego por el Pleno, también está incluido el ex ministro del Interior, Willy Huerta.

A favor del informe del acciopopulista Wilson Soto Palacios votaron 17 parlamentarios, entre ellos Margot Palacios (Perú Libre), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) y Segundo Quiroz (no agrupado). Este último lo hizo con reservas.

En contra marcaron dos congresistas, solamente uno en abstención, y cuatro no manifestaron su posición.

Así fue la votación del informe de Soto en la SAC

Durante la exposición de su informe final, Soto Palacios indicó que Chávez Chino mantuvo reuniones con Castillo en Palacio de Gobierno el 6 y 7 de diciembre del año pasado. Los ingresos de la también congresista de Perú Democrático al Despacho Presidencial, añadió, no fueron registrados.

Remarcó que estas citas no habrían tenido relación con la estrategia de defensa del exmandatario ante la tercera moción de vacancia que iba a debatirse la tarde del 7 de diciembre.

También subrayó que la ex primera ministra guió al equipo de TV Perú Noticias- compuesto por los periodistas Cintya Malpartida Guarniz y Antonio Pantoja Ochoa- desde la PCM hasta la oficina donde Castillo Terrones brindó el mensaje a la Nación, a través del cual dispuso la disolución inconstitucional del Congreso, así como la intervención del sistema de justicia.

El documento advirtió que tanto la PCM como el Despacho Presidencial “cuentan con órganos especializados referidos a la coordinación con los medios de comunicación y prensa, no existiendo una explicación razonable de por qué la premier asumió el encargo de dicha coordinación tanto para hacer ingresar al equipo de TV-Perú como para escoltarlos en su salida”.

Adicionalmente, Soto dio lectura al testimonio de Malpartida Guarniz, quien contó ante la SAC que Chávez felicitó al expresidente tras su discurso en televisión.

“Pasaron cosas importantes. Primero, Betssy Chávez dijo: ‘Bien, presidente’. Y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de cinco segundos, y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de quince segundos de manera significativa, de manera cálida, de respaldo de amigos”, manifestó la reportera de TV Perú Noticias.

Malpartida, además, señaló que la ex jefa del Gabinete Ministerial le pidió que esté “tranquila”.

Y ante la consulta sobre qué es lo que viene ahora, la respuesta de Chávez Chino fue habrá un adelanto de elecciones y que, bajo el gobierno de excepción declarado por el profesor, iban a “reestructurar” el Estado.

“[Me dice] que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto ‘¿cuándo?’, y ella me dice ‘ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’…”, relató.

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El parlamentario de Acción Popular indicó que del testimonio brindado por Malpartida Guarniz “se evidencia” que la ex primera ministra “no solo tenía un evidente conocimiento del contenido del mensaje sino de los próximos pasos a ejecutar en el marco del delito de rebelión en proceso de ejecución”.

Recordó que Chávez expresó, durante su declaración ante la SAC, su disponibilidad para que se le levante el secreto de sus telecomunicaciones, pero hasta el momento no ha presentado documento alguno en esos términos.

Acató órdenes de un gobierno usurpador

Respecto a la actuación del exministro del Interior Willy Huerta el 7 de diciembre, el congresista Soto detalló que al igual que Chávez Chino, este “no se retiró ni emitió mensaje alguno en forme pública o privada” en contra del golpe de Estado de manera inmediata, sino que “incluso acató órdenes e instrucciones” de Castillo Terrones, cuando este ya representaba a un gobierno “usurpador”.

En su informe final, Soto determina que Huerta no puede aducir “la teoría de la obediencia debida”, después de que el expresidente le pidiera brindar mayor seguridad a la vivienda de sus padres, de Chávez y del ex primer ministro Aníbal Torres, o cuando le solicitó que lo comunicará con el comandante general de la Policía Nacional.

A este último, Castillo Terrones le ordenó detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, e impedir el ingreso de los congresistas al Parlamento.

Huerta, antes la SAC, ratificó que el exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez le dijo a Castillo, tras su mensaje a la Nación, la frase “por el bien del país”.

Durante el debate del documento, el congresista José Balcázar (Perú Bicentenario) cuestionó la presentación de Soto Palacio, al referir que los presuntos delitos que se le imputan a los exministro de Castillo Terrones “debieran examinarse bien”. Agregó que se debe determinar en qué reuniones se produjo la conspiración contra el Estado.

El portavoz de Juntos por el Perú, Edgard Reymundo consideró que en el informe final “no existe medio de prueba vinculante ni indicios que hagan sostenible” que Sánchez, miembro de su bancada, haya participado en actos anteriores y posteriores al golpe de Estado perpetrado por el hoy encarcelado docente.

“En el video que se ha reproducido anoche ha quedado claro quiénes estuvieron en la sala donde el presidente [Castillo] expuso su mensaje a la Nación. Al congresista Sánchez y [al exministro] Salas se le vio en otro ambiente”, expresó.

Balcázar votó en abstención, mientras Reymundo lo hizo en contra de denunciar a los exministros.

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A su turno, el parlamentario Diego Bazán (Avanza País) solicitó que se incorpore al informe final la solicitud de su bancada para suspender a Chávez y Sánchez de sus funciones congresales, mientras dure la investigación en su contra en el Ministerio Público. Advirtió que, si esto no se concreta, ambos legisladores pueden utilizar sus cargos para entorpecer el proceso.

“Ellos pueden utilizar la inviolabilidad de opinión para atacar a la fiscal de la Nación y a los jueces a cargo, usando su labor de fiscalización pueden pedir información, también podrían plantear acusaciones constitucionales, o podría visitar a Pedro Castillo a la cárcel para coordinar declaraciones”, alertó.

La presidenta de la SAC, antes de llevar el informe a votación, incorporó esta solicitud, que finalmente fue aprobada.

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El abogado Martín Cabrera, consultor de 50+1 en asuntos parlamentarios, explicó a El Comercio que la SAC deberá remitir a la Comisión Permanente del Congreso el informe final que propone denunciar a los exministros Chávez, Sánchez y Huerta, a fin de que esta instancia lo ratifique o lo mande al archivo.

Si la Comisión Permanente aprueba el documento, debe nombrar a una subcomisión acusadora y a un ponente ante el pleno, de acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso.

El mismo artículo establece que para aprobar una acusación constitucional por presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones, se “requiere de la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin la participación” de los integrantes de la Comisión Permanente.

“El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación”, agrega.

En la actualidad, son 32 los congresistas que pertenecen a la Comisión Permanente. Es decir, quedan 98 habilitados para votar si la denuncia llega al pleno. Con 50 votos se aprobaría en esta instancia.

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Cabrera señaló que no se ha reglamentado el tiempo en que debe darse este procedimiento.

“Esto está condicionado a la coyuntura política. ¿Cuánto va a demorar en ponerse en la agenda del pleno? Va a demorar el tiempo que las bancadas necesiten para conversar sobre el tema y definir una posición. Se debe tener cuidado con no llevar el informe al pleno si es que no se tienen los votos”, subrayó.

El abogado indicó que, si la eventual suspensión de Chávez y Sánchez excede los 120 días, el Parlamento podrá convocar a sus accesitarios.

La situación de la ex primera ministra tras los videos

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado indicó que los videos difundidos la noche del último domingo en “Panorama” confirman que el expresidente Castillo no realizó solo el autogolpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre. “Tuvo el apoyo de sus más cercanos colaboradores, y la más cercana en principio era la primera ministra de entonces”, complementó.

“Los videos revelan que esta señora tuvo participación en los actos previos [al mensaje a la Nación] y al Congreso le corresponde lograr una sanción política, como la inhabilitación”, expresó a El Comercio.

Maldonado refirió que las imágenes fortalecen la investigación que el Ministerio Público sigue contra Castillo, a la cual seguramente serán incorporados Chávez, Sánchez y Huerta una vez que el Parlamento les levante el antejuicio.

El ex abogado del Estado indicó que el presunto delito de rebelión se castiga con una pena no menor de 10 años ni mayor de 20 años, mientras el de conspiración es la mitad de la sanción máxima del primero. Es decir, 10 años.

El abogado penalista Andy Carrión refirió que el video no solo agrava la situación legal de Chávez Chino, sino también del ex primer ministro Aníbal Torres.

“Chávez ha declarado ante el Ministerio Público y ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ella no tuvo nada que ver y que se enteró del contenido del mensaje cuando el presidente lo leyó. Pero este video, donde se le observa coordinado no solo actos preparatorios, sino de manera directa con Castillo”, manifestó a este Diario.

Carrión señaló que el Ministerio Público podría abrirle, en paralelo a la pesquisa por rebelión y conspiración, otra investigación a la ex jefa del Gabinete Ministerial por el presunto delito de falsedad genérica.

“Ella ha dado información que no es certera, que no se condice con la realidad. Por falsedad genérica puede recibir cuatro años”, acotó.