El ministro del Interior, Avelino Guillén, aseguró que muchas de las propuestas que presentó el presidente Pedro Castillo para la designación de prefectos regionales no fueron aceptadas por su portafolio.
Durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso, detalló que varios de los postulantes tenían procesos judiciales en trámite, por lo que se descartó la posibilidad de designarlos en los cargos.
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“Muchas de las propuestas que formuló el señor presidente nosotros no las aceptamos. Por eso es que pasaron tres meses y no se completó la designación de prefectos a nivel nacional porque algunos tenían procesos en trámite y otros inconvenientes, y nosotros consideramos preferible no aceptar esas propuestas”, expresó.
Guillén indicó que señalar que una persona “está vinculada a determinada postura ideológica”, como el caso del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), así como con el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción de Sutep (Conare-Sutep) o el Fenatep, “tiene que ser consignada mediante sentencia condenatoria”.
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“El Fenatep es una organización sindical con reconocimiento en el Registro de Organizaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo. Siendo así yo no podría decir alguna afirmación en ese sentido”, subrayó.
El titular del Mininter recordó que entre los requisitos para asumir el cargo de prefecto figura contar con estudios superiores universitarios, experiencia como funcionario público y/o encargo en entidades públicas o privadas no menor de 3 años, conocimiento en ofimática, ser peruano, tener hábiles los derechos civiles, tener residencia de un año en el lugar de postulación, no estar inhabilitado en la función pública, no estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparación por delitos dolosos y no tener condena vigente.
También explicó que el procedimiento empieza con la relación que envía el despacho presidencial al Ministerio del Interior, que se deriva a la Dirección de Autoridades Políticas, que a su vez la remite a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.
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“Entiendo que la Dirin consulta a diversas dependencias policiales especializadas sobre si tienen denuncias policiales en el Ministerio Público, vinculaciones con determinadas organizaciones, sus movimientos migratorios, entre otros datos”, acotó.
Una vez que se cumple con este procedimiento, la Dirección de Autoridades Políticas revisa el cumplimiento de los requisitos del clasificador de cargos del ministerio y normas internas. Una vez que se cumple con este procedimiento y con los antecedentes que le envió la Dirin, esto es derivado a la Dirección General de Gobierno Interior y a su vez es elevado al despacho viceministerial de Orden Interno.
Posteriormente, con intervención de la Secretaría General, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Recursos Humanos, se hace una nueva revisión de antecedentes y requisitos, tras lo cual la propuesta llega al despacho ministerial, que a su vez pone en conocimiento al despacho presidencial.
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Finalmente, se verifica que los postulantes no se encuentren en el Registro Nacional de Sanciones, en el Registro Nacional de Deudores Judiciales ni en el Registro Nacional de Deudores Alimenticios.
“Si cumple con todos los requisitos y llega al despacho presidencial, no tiene observación alguna y cumple con el perfil que está establecido, se da una resolución suprema que es refrendada por el ministro del Interior y se publica el nombramiento en el Diario Oficial El Peruano”, sentenció.
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