Hace dos semanas, la Comisión de Ética del Congreso, conducida por el legislador Diego Bazán (Avanza País), abrió tres indagaciones preliminares al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (APP). No obstante, recién a inicios de octubre, el referido grupo de trabajo tendría listo los informes sobre cada una de las causas, a fin de decidir si pasa o no a investigación.
“En tres semanas hay informe y se votará si se pasa a investigación, ahora estamos en una etapa indagatoria”, refirió Bazán, en breve comunicación con El Comercio.
La primera indagación a Soto aprobada fue por la contratación de Yeshira Peralta Salas- hermana de Lizeth Peralta Salas, madre de su hijo- en su oficina. El parlamentario de APP ha referido que no tenía ningún impedimento para concretar esta designación, porque en agosto de 2021 no tenía ninguna relación sentimental con la familiar de su trabajadora.
No obstante, el apepista mantuvo a Lizeth Peralta en su despacho hasta fines de julio de 2023, a pesar de que, tras el nacimiento de su hijo, ya existía una un grado de afinidad entre ambos.
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La Comisión de Ética, además, analiza la denuncia contra el presidente del Parlamento por su voto a favor de la Ley de Prescripción y luego usarla para lograr el archivo de un proceso por presunta estafa en el Cusco.
Finalmente, esta instancia también ve el caso del presunto recorte de sueldos en su despacho y la creación de cuentas falsas por parte de su personal.
El portavoz de la bancada de Podemos Perú, Carlos Zeballos, exhortó a la Comisión de Ética a darle celeridad a las indagaciones contra Soto, porque su no resolución “continúa perjudicando la imagen” del Congreso y de la Mesa Directiva. Agregó que es necesario que se recorten los plazos para contar con los informes.
“Sí, [me mantengo en que debe renunciar], yo he firmado la censura, luego de haberle pedido en varias oportunidades un paso al costado, pero ya esa es una decisión del presidente del Congreso”, manifestó a este Diario.
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El congresista Luis Aragón (Acción Popular)- uno de los que recibió ataques por parte de los trabajadores de Soto, a través de cuentas falsas en redes sociales- consideró “excesivo” que la el grupo dirigido por Bazán se tome cinco semanas para pasar de la etapa de indagación a la investigación en las tres causas seguidas contra Soto.
“Los plazos deberían ser rápidos, pasar de indagación a una investigación en cinco semanas es excesivo. Para eso se requiere a más tardar una semana. Los indicios están. Y las denuncias son claras, ahí están los reportajes de la prensa”, subrayó.
“Los tiempos deben ser más cortos”
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, indicó que el congresista Bazán debe “trabajar más”, porque se “están dilatando” la resolución de las causas contra Soto.
“Estos son casos emblemáticos, se trata del presidente del Congreso y debería darse un proceso rápido que respete el debido proceso. Cuando hay voluntad política se hacen de esta manera. De una vez se debe citar a los testigos y a los involucrados y pasar a la etapa de investigación”, manifestó a El Comercio.
Rospigliosi refirió que la Comisión de Ética debería sesionar, al menos de manera virtual, durante la semana de representación para que pueda avanzar con los casos que tiene pendiente.
“Tras dos semanas, ya se deberían tener los informes, se deberían recabar las pruebas, el congresista Bazán debe decidir cómo va a pasar a la historia, si como un encubridor o un fiscalizador, él lo va a decidir”, acotó.
El artículo 28 del reglamento de la Comisión de Ética establece que esta debe definir en un plazo de 20 días hábiles “para determinar” si una denuncia “amerita el inicio de una investigación”. En el caso de Soto, el tiempo se cumple el 28 de setiembre próximo.
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Al respecto, el ex oficial mayor del Congreso José Cevasco dijo que este plazo “es demasiado amplio”.
“El plazo que establece el reglamento de la Comisión de Ética es demasiado amplio para una evaluación indagatoria que permita la emisión de un informe par iniciar la investigación. Podría hacerse en menos tiempo si es que no hubiera tantos denunciados, eso también le resta tiempo al personal técnico”, indicó a El Comercio.
Cevasco señaló que las denuncias contra Soto “evidentemente merecen” una investigación.
Por su parte, el abogado Martín Cabrera, consultor en temas parlamentarios, refirió que las denuncias contra Soto implican requerir información a diferentes instituciones, por lo que eso puede ser un argumento por el cual la comisión que dirige Bazán se tome cinco semanas en la etapa indagatoria.
“También estimo que es porque no se trata de cualquier congresista, sino del presidente del Parlamento. Lo que se debe asegurar es que la etapa indagatoria sea transparente y que la ciudadanía pueda tener acceso al informe de esta primera fase”, concluyó.
1. Una vez que se cumpla el plazo de la fase indagatoria, la Comisión de Ética- de acuerdo al artículo 29 de su reglamento- debe emitir una resolución en la cual declara el inicio de la investigación, si es que se cumplen los requisitos. Además, tiene que señalar “lo fundamentos de hecho y de derecho que motivan su decisión” y subrayar “expresamente las normas presuntamente infringidas por el denunciado”.
Una vez notificado el congresista denunciado tiene cinco días hábiles para presentar sus descargos.
2. El artículo 31 del referido reglamento establece que la citación al parlamentario denunciado no podrá exceder de 15 días hábiles después del inicio de la investigación.
“La comisión realiza la investigación respetando los principios de concentración, debido proceso, economía procesal e inmediación. A tal efecto, actuará, en lo posible, en un mismo acto o audiencia, todas las diligencias que sea menester realizar para el esclarecimiento de los hechos, así como interrogar libremente al congresista imputado, al denunciante y a los testigos propuestos”, agrega el documento.
La audiencia podrá suspender las veces que el presidente, con acuerdo de los demás integrantes, “lo considere necesario”. La audiencia “no podrá exceder de un plazo de 30 días hábiles”. Solo podrá prorrogarse “por única vez” por 15 días hábiles adicionales.
3. En la parte final de la audiencia, el presidente de la comisión debe ceder la palabra al denunciante y al denunciado, “en ese orden”, para que realicen sus alegatos finales. El grupo tiene un plazo “no mayor a 20 días hábiles” a partir de este hecho para resolver la denuncia “emitiendo un informe en el que se concluirá declarando fundada o infundada” la demanda.
4. El congresista- según el artículo 39 del referido reglamento- podrá apelar por escrito ante el presidente de la Comisión de Ética el informe que declare fundada la denuncia en su contra en un plazo no mayor de 3 días. La apelación suspende la aplicación de la sanción (que puede ir desde una amonestación pública hasta los 120 días de suspensión).
El pleno del Congreso, en sesión ordinaria, pondrá a debate el informe de la comisión que fue apelado.
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