El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó el proyecto de ley del diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, que busca penalizar la apología al delito agravado que se puede producir en medios de comunicación, al advertir que esta propuesta legal amenaza el libre ejercicio informativo durante períodos de crisis política y conflictos sociales.
El gremio señaló que, en momentos de tensión, la prensa tiene el deber de informar sobre protestas y alteraciones del orden público. Según consideran, una ley tan ambigua permitiría interpretar de forma indebida la difusión de hechos de interés general como si fuera una apología delictiva.
El proyecto N° 00043/2026-2031-CD, presentado por Aldo Bravo, busca incorporar el artículo 316-B al Código Penal, propuesta que busca dotar al Estado de herramientas preventivas contra la violencia, regulando el alcance e impacto de los mensajes de quienes tienen influencia pública.
El principal cuestionamiento del CPP radica en la imprecisión técnica de la norma, porque no queda establecido qué constituye exactamente una crisis política ni qué autoridad decidirá su inicio y fin, lo que expone la labor informativa a sanciones de carácter penal arbitrarias.
La advertencia también alcanza a los ciudadanos que compartan opiniones o información en plataformas digitales. Según la organización, cualquier usuario de redes sociales quedaría expuesto a interpretaciones expansivas que limitarían de manera grave su derecho fundamental a la libertad de expresión.
La organización recordó que iniciativas similares, que invocaban la seguridad interna como límite, fueron promovidas previamente por el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso anterior. Sin embargo, precisó que ninguna de estas propuestas de control a los medios prosperó en el Parlamento.
Asociación Nacional de Periodistas también rechaza propuesta de Aldo Bravo
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) coincidió en el rechazo a la iniciativa y advirtió que criminaliza la labor de prensa. Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, señaló que el proyecto contempla penas de cárcel de hasta seis años para periodistas e influencers.
Lainez alertó que la norma vulnera el secreto profesional al proponer la incautación y revisión de teléfonos móviles de comunicadores. Debido a ello, adelantó que el gremio coordina acciones legales ante el Tribunal Constitucional si la representación nacional aprueba la iniciativa.
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