A través de un comunicado, la Sala Plena de la Corte Suprema exigió acciones inmediatas que permitan identificar y sancionar a quienes utilicen mecanismos ilegales para intervenir o violar el secreto de las comunicaciones de cualquier ciudadano en nuestro país.
La Corte Suprema hace este pedido luego de que se difundieran, hace unos días, una serie de audios que revelarían la presunta intención del Ejecutivo de influir en la jueza Carmen Rojjasi, quien evaluó la sentencia contra los acusados por las supuestas ejecuciones extrajudiciales durante la operación Chavín de Huántar en 1997.
En las grabaciones difundidas se escucha un diálogo entre el entonces presidente del Poder Judicial César San Martín, la jueza Carmen Rojjasi, el entonces ministro de Justicia Juan Jiménez Mayor y Pedro Cateriano, quien era procurador del Estado para el caso.
Frente a ello, la Corte Suprema reiteró en su comunicado que “los jueces en el Perú actúan con plena y total independencia, entendida esta como una decisión institucional y personal que se sobrepone a cualquier tipo de influencias, presiones o interferencias”.
Aseguró, además, que las gestiones de los jueces son evaluadas continuamente “por los órganos facultados para ello”.