Los abogados Iber Maraví y Walter Ayala, designados por el presidente Pedro Castillo como ministro de Trabajo y Defensa, respectivamente; tienen algo en común: ambos guardan un pasado con investigaciones y sanciones.
Pese a ello, ambos juraron al filo de las últimas horas de la noche del jueves, en una ceremonia cerrada y retrasada por la demora de Castillo.
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Iber Maraví Olarte (60), un Ayacuchano de nacimiento es conocido dentro del gremio de Educación por su trabajo; sino también por haber participado en la facción más radical del Sutep. Y es que, el compositor y cantante, hoy ungido como como ministro, es mencionado en diversas notas periodísticas y registros bibliográficos como alguien que habría estado vinculado a Conare-Sutep, facción del magisterio cercana al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).
El Movadef ha sido definido por la Policía y la Fiscalía como el brazo legal de Sendero Luminoso.
Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, fue secretario general del Sutep (2003-2005), asesor legal del denominado Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y regidor de la municipalidad Provincial de Huamanga.
Según reportó El diario La República el 1 de agosto del 2007, Maraví Olarte fue parte de una acusación fiscal junto al dirigente radical del Sutep, Robert Huaynalaya, por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios, robo agravado, daño agravado y otros, en agravio del Estado, ocurridos durante el paro de profesores en julio de 2004, en Huamanga.
Durante la protesta se destruyó el local del Gobierno regional de Ayacucho, la municipalidad provincial, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y otros establecimientos públicos.
Estas acciones también se recogen en el libro “Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social: Las protestas sociales en el Perú Actual” de Romeo Grompone y Martín Tanaka, editado por el Instituto De Estudios Peruanos (Abril 2009).
El libro recoge diversos testimonios, entre ellos el de Maraví Olorte quien narra cómo se hizo la toma de las instituciones y los diálogos para hacer llegar sus demandas durante la huelga.
“Según Iber Maraví, el 30 de mayo (del 2004) el magisterio estuvo dispuesto a dejar las oficinas externas (del Gobierno Regional) a partir del día siguiente, después de comunicar a sus bases el acuerdo”, se indica en el libro.
El texto también recoge las declaraciones de José Coronel (ex responsable de la sede regional de la CVR en Ayacucho) quien consideró que “Iber Maraví está más cerca de las vertientes del Senderismo, de acuerdo con la ‘solución política’, que sigue siendo violenta en su práctica sindical y busca armar alianzas con quienes se aproximen al discurso a favor de la violencia.
En el libro también se vincula a Maraví Olarte con Hildebrando Pérez Huarancca, a quien se le sindica como el “camarada Medina”, mando del comité zonal principal y valle del Pampas de Sendero Luminoso.
Tratamos de recoger la versión de Maraví Olarte sobre estos hechos, pero no respondió a nuestras comunicaciones.
Como dirigente de Ayacucho se pronunció contra la instalación de una Base Militar Norteamericana en Ayacucho y cuestionó el proyecto minero Conga a través de una canción.
Pero además, Maraví Olarte fue sancionado por la Autoridad Nacional de Servicio Civil de la Presidencia de Consejo de Ministros por haberse ausentado de manera injustificada y no haber desarrollado sus labores en la Unidad De Gestión Educativa Local Huamanga, entre el periodo del 21 al 28 de junio de 2018.
Por ello, fue mediante la Resolución Directoral No 06746, del 21 de diciembre de 2018, la Dirección de la Entidad resolvió “imponer la sanción de cese temporal por treinta y un (31) días sin goce de remuneraciones”. La decisión fue ratificada a través de la resolución Nro. 000340-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala del 14 de febrero del 2019.
Sancionado y retirado de la PNP
Sancionado y retirado de la PNP
Al abogado Walter Ayala (50) se le conoce por haber sido expresidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL); y por haber impulsado un recurso de amparo contra el Congreso de la República por el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Actualmente, según registros judiciales, sigue siendo parte del proceso que aún no tiene un pronunciamiento de fondo.
Además, el actual ministro de Defensa fue destituido de su cargo en el CAL en enero del 2019, por haber dispuesto la suspensión de la colegiatura del exfiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Sin embargo, el pasado de Ayala encierra otras situaciones oscuras que implican sanciones disciplinarias cuando se desempeñaba como integrante de la Policía Nacional, en 1997.
En ese momento, según el expediente, Ayala Gonzáles fue sancionado con seis días de arresto de rigor tras determinarse que “incurrió en faltas graves contra la moral policial y contra la disciplina” por haber negado que conocía a una persona sobre la que pesaba una orden de captura por el delito de receptación.
Además, a través de la Resolución Directoral N.° 001-AD-DININCRI, de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete, se le pasa a la situación de “disponiblidad”.
Por ello, recurrió ante el Poder Judicial para cuestionar la decisión del Ministerio del Interior, pero la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó su recurso de amparo.
Por ello, en el año 2000, recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) para cuestionar la decisión judicial, pero su pedido fue declarado improcedente.
En octubre de ese año, el Ministerio del Interior lo pasó a la situación de retiro por haber excedido el tiempo de permanencia en “disponibilidad”.
Por ello, recurre nuevamente ante el Poder Judicial para cuestionar la decisión argumentando que se vulneró su derecho al trabajo y a la presunción de inocencia, pues en ese momento aseguraba que la sanción fue mal impuesta.
Ayala solicitó su reincorporación al servicio activo, el abono de sus remuneraciones dejadas de percibir con sus respectivos intereses, y el reconocimiento, como tiempo de servicios reales y efectivos, del periodo que estuvo fuera de la institución.
En octubre del 2001, la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, rechazó su demanda. Una vez más recurre al Tribunal Constitucional, pero esta entidad consideró que en efecto había permanecido más de dos años en la condición de “disponibilidad” y se debía aplicar el reglamento de la Policía que disponía su pase al retiro.
En una tercera demanda, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió su reincorporación, pero sin nivelación de haberes.
El ministro Walter Ayala, dijo a El Comercio que el tema era un “refrito” que lo sacaron cuando realizó diversas acciones contra Los Cuellos Blancos del Puerto.
“Eso fue en el año ‘97 cuando era gobierno de Alberto Fujimori y una tercera sentencia (en) la Sala Superior lo deja sin efecto y ordena la incorporación. Y fui al Tribunal Constitucional por los devengados, pero yo me retiré de manera voluntaria. Es un refrito que lo sacan cuando estuve investigando Los Cuellos Blancos del Puerto”, dijo.
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