La denuncia que Miguel Facundo Chinguel ha interpuesto contra la Procuraduría Anticorrupción, no tendrá ningún efecto en la investigación que se hace al ex presidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, dijo hoy el procurador Julio Arbizu.
Señaló que dicha investigación, incluso, podría ampliarse, si es que aparecen más implicados en el caso. Varios sujetos como él utilizan el Ministerio Público para intimidar, declaró.
La Procuraduría Anticorrupción denunció a Chinguel por plantear durante su gestión la liberación de un gran número de condenados por delito de narcotráficos, a fin de determinar cuál fue exactamente su participación en este proceso durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).
Ello permitirá también determinar hasta dónde habría llegado la responsabilidad por los supuestos cobros que se le habrían hecho a varios de los beneficiados por estos indultos, señaló Arbizu.
Si esto implica a más personas, habrá que pedir la ampliación de las investigaciones, estimó el procurador.
La denuncia al ex titular de la Comisión de Indultos se suma a la que la misma Procuraduría Anticorrupción presentara el año pasado contra Renato Dávila, Alfredo Lizárraga y Noelia Gómez; los dos primeros operadores y la tercera secretaría de esta instancia.
Estos se encontrarían implicados en los supuestos pagos que se habrían hecho para la concesión de los beneficios en cuestión. Fue en julio del año pasado que los denunciamos, recordó Arbizu. Ello obedeció a una primera versión de un recluso respecto a que había efectuado pagos por 800 nuevos soles a operadores de la comisión para recibir un indulto.
Si bien, el interno se retractó luego, otras versiones recogidas por la procuraduría señalaban hacia ese sentido, por lo que se dispuso denunciar a quienes, por su cargo, podrían resultar implicados en estas irregularidades.
En cuanto a la denuncia contra Chinguel y Manual Huamán, quien era coordinador de la comisión pese haber sido condenado por su vinculación con la banda de narcotraficantes ‘Los Norteños’, Arbizu indicó que en los próximos días el Ministerio Público debe de estar pronunciándose. Con el nuevo Código Procesal Penal los plazos son más cortos, y solo quedará ver cuántos días de investigación planteará la fiscalía, puntualizó.