María Tarazona, directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), envió un escrito al ministro de Educación, Rosendo Serna, solicitando que se inhiba de ejecutar su retiro del cargo, tal como recomendó la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
Según el documento, difundido por ‘La Encerrona’, la funcionaria solicitó que se le aclare cuál es la norma con rango de ley que habilita a Servir dictar medidas correctivas para la aplicación de la potestad conferida por la Ley 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones.
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Recordó que el artículo 246 de dicha norma señala que entidades como Servir solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo y mediante decisión debidamente motivada y observando el principio de proporcionalidad.
“Cabe resaltar que el Derecho de Petición Administrativa que ejerzo a través de este segundo pedido se sustenta en el marco de un Derecho constitucional el cual implica la obligación de usted señor Ministro de brindarme una respuesta conforme a mi solicitud de pedido de aclaración a Servir”, subrayó.
“Por todo ello, debe inhibirse de resolver el cese de los efectos de mi resolución de designación, conforme a lo requerido por Servir, hasta que se absuelva el pedido de aclaración y que, asimismo, se me corra traslado de los hechos que estarían conllevando a que se deje sin efecto una resolución que me designa en un cargo público y que, por lo mismo, de dejarse sin efecto me afectaría”, añadió.
Tarazona indicó que su pedido de inhibición se sustenta en que de dejarse sin efecto la resolución que la nombra como directora del Pronabec sin que se atienda previamente su pedido, se estaría “conculcando” su derecho de petición y defensa.
Indicó que de darse ese escenario, se estaría dando la “concreción de vicios en todo el procedimiento o la nulidad de los actos administrativos que se adopten, e incluso con las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios” que afecten sus derechos constitucionales.
Finalmente, María Tarazona acotó que en caso no se obtengan las respuestas por parte de Servir y no se haya atendido su derecho de petición, el ministro Rosendo Serna deberá inhibirse de efectuar cualquier actuación administrativa que “menoscabe” sus derechos constitucionales y/o laborales.
También enfatizó que deberá ser notificada previamente de cualquier decisión que se adopte sobre su caso que suponga una afectación de sus “derechos subjetivos” o “intereses legítimos”.
Como se recuerda, Servir concluyó que María Tarazona no cumple los requisitos para ocupar el cargo de directora ejecutiva del Pronabec, puesto en el que se le designó luego de su salida como viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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