El embajador Óscar Maúrtua envió una carta a la directora del diario El País de España. (Foto: archivo GEC)
El embajador Óscar Maúrtua envió una carta a la directora del diario El País de España. (Foto: archivo GEC)
Redacción EC

El embajador del Perú en España,, envió una carta a la directora del diario El País, María José Bueno, defendiendo a y cuestionando a la Fiscalía de la Nación por la denuncia constitucional que presentó al Congreso contra el mandatario el último martes 11 de octubre.

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Fue al referirse a dos artículos publicados por dicho medio en su portal digital bajo los títulos “La Fiscalía de Perú denuncia al presidente Pedro Castillo y lo acusa de liderar una organización criminal” y “La denuncia contra Pedro Castillo profundiza la confrontación política y abre un capítulo inédito en Perú”.

En la misiva señaló que si bien existe una situación de crispación política en el Perú que se remonta al 2016, Castillo Terrones ha manifestado en todo momento su voluntad de colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer cualquier supuesto acto irregular en su gestión.

“En ese sentido, el actuar del presidente Castillo se enmarca dentro de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú. No obstante, es preciso resaltar que las presuntas infracciones que han motivado la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación contra el presidente, no se encuentran tipificados como causales de acusación durante su mandato, según el artículo 117 de la Constitución vigente”, detalló.

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Refirió que la Fiscalía de la Nación ha recurrido a una interpretación “sumamente heterodoxa y controversial” de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para sustentar su acusación.

Maúrtua manifestó que si bien dicho instrumento corresponde a temas de derechos humanos y por ello tiene rango constitucional dentro del ordenamiento jurídico peruano, el mismo no llega a abrogar lo señalado en el artículo 117 de la Constitución, por lo que debe esperarse el fin del mandato presidencial, en el 2026, para iniciar un proceso contra el mandatario.

“El Perú es un país comprometido con la lucha contra la corrupción, que ha suscrito documentos universales e interamericanos contra dicho flagelo, y que viene adecuando su legislación y procedimientos según estándares de la OCDE con miras a su eventual adhesión”, subrayó.

“Una aplicación forzada, sumamente debatible y sin precedentes de una norma internacional para socavar nuestra Constitución, antes que un mecanismo para luchar adecuadamente contra la corrupción, es más bien un instrumento que debilita la vida democrática, la institucionalidad y la imagen internacional del Perú; y, sienta además, un alarmante precedente para la estabilidad de los gobiernos que vengan, sean del signo político que sean”, agregó.

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Finalmente, el embajador detalló que están vigentes en el Perú el Estado de Derecho y las libertades plenas, como corresponde a un Gobierno democrático, conforme se acaba de corroborar en los comicios del pasado 2 de octubre.

“Relievo todos estos aspectos para ratificar la seguridad jurídica de mi país, así como las garantías a la inversión extranjera”, acotó.

“Me permito realizar las precedentes observaciones como un esfuerzo por echar luz sobre la compleja situación que atraviesa la política peruana en estos momentos y con la intención de contribuir con una perspectiva adicional a la notable labor de informar al público español y latinoamericano que realiza el medio que tiene usted a honra dirigir”, sentenció.