La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali solicita cuatro años de prisión suspendida, bajo reglas de conducta, y cien días multa para el congresista de Perú Democrático, Héctor Valer.
El requerimiento se da en el marco de un juicio oral que el legislador tiene pendiente enfrentar por el presunto delito de contaminación ambiental, que tiene una pena que va de cuatro a seis años de cárcel.
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Los hechos se remontan al 2017, cuando Valer representaba a una empresa que administraba el camal municipal de Coronel Portillo, y que habría cometido irregularidades que derivaron en el vertimiento de aguas pluviales y drenaje de sustancias tóxicas a un riachuelo de la zona.
Fuentes fiscales señalaron a El Comercio que el parlamentario no se presentó a la audiencia de instalación del juicio oral del caso el pasado 3 de mayo y que por ello tuvo la condición de reo contumaz. El exalcalde de Coronel Portillo, Antonio Marino Panduro, también está incluido en el proceso judicial.
Fue ante esa requisitoria que, el último martes, fue detenido por la policía cuando se encontraba en la sede del Ministerio del Interior en Lima y trasladado ayer a Pucallpa ante el despacho del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales de Ucayali.
Tras comparecer ante la justicia y ser notificado de que el juicio oral iniciará a mediados del próximo año, Valer fue puesto en libertad.
“Él ha sido debidamente notificado con anticipación y sabía de este proceso en su contra. Si tenía algún problema, tenía que presentar sus escritos y pedía reprogramación de audiencia, pero no lo hizo. El juez dio cuenta de que fue debidamente notificado”, indicó una de las fuentes fiscales consultadas.
El Poder Judicial ratificó que Valer fue notificado adecuadamente. Al referirse a que el parlamentario fue puesto a disposición del citado juzgado, agregó: “En la diligencia judicial, la jueza Nilda Lastra Claudio le notificó la resolución N°11 que reprograma la audiencia de instalación de juicio oral en su contra, a la cual el parlamentario deberá asistir de manera presencial. El congresista fue detenido ayer [martes] debido a que en su momento fue declarado reo contumaz por no asistir a la audiencia de inicio de juicio oral a pesar de estar debidamente notificado”.
Valer
Se defiende
Tras recuperar su libertad, Valer declaró que todo se debió a una confusión por una mala notificación judicial.
“La citación es de mayo del 2022 a una dirección equivocada. En principio citaron a la provincia de Huaral, donde hace muchos años no vivo. Luego, al distrito de San Borja, donde tampoco vivo. Y en la tercera oportunidad volvieron a citar al mismo lugar. Nunca tuve un abogado, pusieron un abogado de oficio que no supo defender los derechos de un ciudadano”, explicó en los pasillos del juzgado tras levantarse la orden de captura en su contra.
Al defenderse en torno a al proceso judicial, Valer también recurrió a argumentos políticos. Aseveró que existe una “mano negra” y mencionó incluso que el partido Renovación Popular buscaría que deje su escaño para que así entre su accesitario, aunque no presentó mayor prueba.
No obstante, el constitucionalista Erick Urbina precisó a este Diario que Valer no perdería su escaño en caso reciba una sentencia condenatoria, puesto que el pedido fiscal corresponde a una pena de prisión suspendida en su ejecución.
“No lo perdería, a menos que lo acusen constitucionalmente y lo inhabiliten. Pero si no, no”, acotó.
El Reglamento del Congreso de la República establece que un legislador es reemplazado por su accesitario, por ejemplo, si ha sido condenado mediante sentencia firme a pena de cárcel efectiva por delito doloso.
A través de un pronunciamiento, la bancada de Perú Democrático exigió explicaciones a las autoridades competentes ante lo que consideró una “desproporcionada medida”.
Otro proceso
La fiscalía anticorrupción de Ucayali lleva otro proceso contra Valer en torno a la administración del camal municipal de Coronel Portillo.
A Valer se le imputa el delito de colusión, por obtener la administración del camal en el 2017 presuntamente de forma ilegal. El caso está en etapa de acusación.