El fiscal adjunto supremo Marco Huamán no descartó que la presidenta Dina Boluarte sea citada nuevamente a declarar en la investigación que se le sigue por las muertes registradas durante las protestas sociales contra su Gobierno en diciembre del 2022 y enero del 2023.
En declaraciones a RPP Noticias, detalló que la mandataria podría volver a ser citada por la Fiscalía de la Nación de acuerdo a la información que se recopile en la investigación.
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“La investigación está en desarrollo. El plazo que se fija puede agotarse o no también, depende de las secuelas de las investigaciones. En ese sentido, de acuerdo como fluya la información, pueda ser necesario que se convoque a los investigados, fundamentalmente para que hagan el ejercicio de su derecho a defensa”, expresó.
“Mientras la secuela de la investigación esté abierta, no se puede descartar nada”, agregó el representante del Ministerio Público.
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Huamán justificó la ampliación de la investigación contra Boluarte Zegarra y el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, por ocho meses más porque se trata de una investigación “bastante compleja”. No obstante, negó que exista lentitud.
“Definitivamente lentitud no hay, lo que se viene trabajando –y es la exigencia de la señora fiscal de la Nación- es que se le brinde celeridad –que es el eslogan que maneja- y esa es su exigencia, y objetividad en las investigaciones, y eso es lo que se está haciendo”, subrayó.
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De otro lado, el fiscal Marco Huamán explicó que son más de seis casos de congresistas acusados de recortar sueldos que se están ventilando en la Fiscalía de la Nación y que serán las investigaciones las que determinarán si se presenta o no acusación constitucional.
“Los plazos son de 120 días y que se pueden ampliar –en los casos que son complejos- 60 días más. No buscamos agotar esos plazos, buscamos darle celeridad a las investigaciones para, en el menor de los plazos, emitir el pronunciamiento que corresponde”, acotó.
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Finalmente, el fiscal enfatizó que la investigación a Otárola Peñaranda por los presuntos contratos a favor de sus amigas en la PCM y Devida “está en inicios”, y se tiene previsto tomar su declaración para que pueda ejercer su derecho a la defensa.
“En este caso el plazo que señala el código es 120, pero no hemos tomado los 120 días, siempre partimos tratando de racionalizar el tiempo y brindarle celeridad. No recuerdo, pero debemos haber puesto 60 días”, manifestó.
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