Fiscalía allana Palacio para incautar grabaciones de cámaras

La fiscalía regresó este viernes a Palacio de Gobierno para una nueva diligencia relacionada con la investigación a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

Integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y de la policía ingresaron para ejecutar un allanamiento con “fines exclusivos” de incautar grabaciones de cámaras de seguridad del 8, 9 y 10 de agosto, y extraer una copia espejo. Se trata de las fechas vinculadas a una diligencia previa en la que se buscó detener allí a la pariente del mandatario y a su posterior entrega.

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El equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal Jorge García Juárez, llegó a Palacio de Gobierno minutos antes de las 5 de la tarde por el jirón Carabaya.

Al acercarse al puesto de seguridad, el fiscal se identificó e informó que tenían una autorización judicial para ingresar y ejecutar este allanamiento en Palacio y la residencia presidencial, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.

“Cualquier tipo de demora injustificada está quedando en acta y está quedando registrado como actos de obstrucción”, dijo García Juárez al agente policial que lo recibió. El personal fiscal y policial, que incluyó a un perito, entró a Palacio de Gobierno poco después por el ingreso conocido como Puerta Desamparados.

Hasta el cierre de esta nota, la diligencia seguía en marcha y los fiscales y policías permanecían en el lugar. A las 6:10 p.m., Benji Espinoza, defensor legal de Pedro Castillo, llegó al lugar, mientras que el mandatario retornó a Palacio de Gobierno a las 10:30 p.m. Mediante Twitter, el abogado afirmó que la resolución judicial es “nula porque viola el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio presidencial”.

La solicitud de la fiscalía para realizar este allanamiento e incautación fue presentada el 11 de agosto. Dos días antes, el equipo especial llegó a Palacio para detener a Paredes luego de haber identificado, mediante acciones de inteligencia, que estaba allí.

Ese día, la fiscalía y la policía también llegaron a Palacio a las 5 p.m., pero su ingreso a la residencia no se permitió sino hasta las 6:15 p.m. Cuando entraron, ya no encontraron a Paredes, quien finalmente se entregó al día siguiente en la sede central del Ministerio Público.

Fue así que la fiscalía pidió acceder a las grabaciones de las cámaras, con el objetivo de evidenciar una presunta conducta obstruccionista contra su labor.

Sin embargo, el juez Raúl Justiniano decidió declarar infundado el requerimiento. Entre sus argumentos estuvo que el pedido no se relacionaba con los hechos por los que se investigaba a Paredes, que el fin del allanamiento del 9 de agosto ya se había cumplido, y que lo que se estaría buscando era investigar al propio Castillo, para lo que su juzgado no tendría competencia por tratarse de un alto funcionario.

La fiscalía apeló y recién ayer, luego de más de un mes de los hechos, la sala superior notificó su decisión de revocar lo decidido por el juez de primera instancia y autorizar el allanamiento. En su resolución –a la que accedió El Comercio– la sala desestimó los argumentos del juez Justiniano.

Por ejemplo, indicó que está claro que el presidente no es investigado en la misma carpeta fiscal que Yenifer Paredes, y que la medida no afecta el lugar donde reside o donde despacha él, “sino exclusivamente de las puertas de acceso a Palacio de Gobierno y la residencia presidencial donde se tengan instaladas cámaras de seguridad. Por la misma razón, tampoco existe el riesgo de que se pudieran vulnerar secretos de Estado”.

También se consideró lo consignado en el acta del 9 de agosto y las dificultades que reportó ese día la fiscalía para ingresar al lugar.

Para la sala, de esto “se desprende que habría existido resistencia por parte del personal administrativo y de seguridad del Palacio de Gobierno en dar cumplimiento a lo ordenado por mandato judicial. “Ocurrieron situaciones de espera que dilataron la ejecución de la medida ordenada” y una vez superadas esas dificultades, agregó la sala, no se halló a Paredes.

Por todo esto, concluyeron que “existen motivos razonables para estimar que las cámaras de seguridad [...] pueden contener información relevante para la investigación” y declararon fundado el pedido fiscal.